La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para abordar los dos litigios presentados por Nicaragua contra Colombia, con la intención de extender su plataforma continental en el Caribe en detrimento de Colombia; y en el segundo, acusaba a Colombia de incumplir un fallo de esa corte sobre los límites marítimos entre ambos países.
Ante el anuncio de la CIJ, la canciller colombiana, María Angela Holguín señaló que el gobierno colombiano "No confiamos en la Corte Internacional de Justicia", y agregó que "No es que no tengamos cómo defendernos, es que la Corte no puede reabrir lo que ya se resolvió"
Estas serían las principales razones que respaldan la reciente decisión del Presidente Juan Manuel Santos de no volver a comparecer ante el tribunal en La Haya.
La ministra de Relaciones Exteriores se refirió al fallo de 2012 que ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, pero concedió a Nicaragua una zona en el Caribe, superior a los 70.000 km de mar. Luego del dictamen, Colombia anunció su salida del Pacto de Bogotá -por el cual los estados aceptan la jurisdicción de la CIJ-, pero Managua, aprovechando que la retirada tiene efecto un año después, alcanzó a presentar dos nuevas demandas contra Colombia
El país centroamericano presentó una demanda en noviembre de 2013 sobre estas presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe. La Corte consideró "admisible" esta demanda pese a que Colombia sostenía que esta jurisdicción ya se pronunció sobre este asunto en el fallo de noviembre de 2012, y que el caso estaba cerrado.
"La decisión de no comparecer tiene como objetivo proteger la soberanía de Colombia", destacó Holguín en entrevista con el diario El Mercurio de Ecuador. El siguiente es el diálogo publicado por el medio ecuatoriano:
¿Cuáles son los pasos a seguir luego de la decisión del Presidente Juan Manuel Santos de no volver a comparecer en la CIJ en los casos con Nicaragua?
En este momento Colombia está analizando los dos fallos sobre excepciones preliminares del 17 de marzo para así establecer sus alcances y las implicaciones de los mismos. Queremos asegurarnos de continuar tomando las mejores decisiones para Colombia. La decisión que se anunció de no comparecencia en el caso de la Plataforma Continental Extendida está dentro de las opciones que se contemplan en el mismo Estatuto de la CIJ.
De acuerdo con los estatutos de la Corte, el juicio continúa en ausencia del demandado y el fallo será igualmente obligatorio para Colombia, pese a su decisión de no comparecer. ¿Cuál es la posición de Colombia al respecto?, ¿no acatar?
Efectivamente, el Estatuto de la Corte prevé en su artículo 53 la posibilidad de que los procesos sigan. Pero esto no significa necesariamente que la Corte vaya a ser favorable a las pretensiones de Nicaragua. Ellos tendrán que sustentar su caso y demostrarlo con evidencia y argumentos jurídicos. Más aún, Colombia tiene otras formas jurídicas para defenderse.
Es importante aclarar que no comparecer no significa desacato. Colombia es y será respetuosa del derecho internacional. Ahora, de acuerdo con la Constitución Política de 1991 y según lo dicho por nuestra Corte Constitucional, los límites de Colombia únicamente pueden ser modificados mediante tratados. Esta es una posición perfectamente aceptada internacionalmente. Colombia tampoco va a permitir que le apliquen dos tratados internacionales de los que no es parte: la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y el Pacto de Bogotá.
¿Cuáles son los costos que trae para Colombia la decisión del Presidente Santos?
La decisión del Presidente Santos es una decisión que se tomó con mucho análisis y mucho cuidado. En Colombia tenemos la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores conformada por los ex presidentes y miembros del Congreso, además de especialistas en Política Exterior, y la decisión se tomó con esta comisión. Aquí el tema no es uno de ‘costos’ sino de buenas decisiones que protejan los altos intereses de Colombia.
¿Esta decisión pone en riesgo la soberanía de Colombia?
No. Más bien la decisión de no comparecer tiene como objetivo proteger la soberanía de Colombia. La decisión está bien fundamentada en nuestra Constitución Política y en lo expresado por nuestra Corte Constitucional. De acuerdo con estas, como lo mencioné anteriormente, los límites de Colombia únicamente pueden ser modificados mediante tratados. Adicionalmente, un país no puede permitir que le apliquen tratados en los que no es parte; esto es imposible de aceptar.
Algunos analistas han dicho que Colombia tomó esta decisión de no volver a comparecer debido a que no tenía cómo defenderse legalmente en los casos. ¿Qué opina al respecto?
Los invitaría a que analicen con más detalle los casos y los problemas jurídicos allí planteados. Comparecimos a la CIJ para plantear la falta de competencia de la Corte, con argumentos jurídicos sólidamente argumentados, y donde la respuesta de la Corte es tan refutable que la votación de los jueces fue 8 a 8 y donde se desempató con un tecnicismo. No es que no tengamos cómo defendernos, es que la Corte no puede reabrir lo que ya se resolvió en el fallo del 19 de noviembre de 2012 ni puede tratar de aplicarnos nociones que solamente obligan a los Estados que son parte en la Convemar.
¿Pretende Colombia iniciar un diálogo con Managua?
El gobierno del Presidente Santos siempre ha estado abierto al diálogo y la concertación con Nicaragua. Desafortunadamente, ellos han escogido el camino de lo judicial. Esperamos que se pueda avanzar a través del diálogo.
¿Ha habido alguna reacción por parte de la Corte Internacional de Justicia?
No.
¿Hay algún temor de que la imagen de Colombia se pueda ver perjudicada después de esta decisión?
En lo más mínimo. La no comparecencia es una decisión que está en el Estatuto de la CIJ. Esta es una decisión soberana que seguro será entendida por todos. De hecho no es nueva, ya que países como Francia, Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Islandia y Turquía, entre otros, han optado en algún momento por no comparecer ante la Corte o algún otro tribunal internacional. Actualmente, Croacia no está compareciendo ante un tribunal ad hoc en una disputa con Eslovenia y los países han sido respetuosos de su decisión.
¿El gobierno pretende presentar su estrategia y su decisión con otros países que enfrentan demandas en La Haya, como Chile?
Claro que sí. Para Colombia es muy importante compartir experiencias con los países amigos y explicarles nuestras decisiones y el por qué de estas, las cuales están fundamentadas en el derecho internacional.
Por ejemplo, yo les recomendaría a los países que han aceptado la competencia de la Corte que revisen con cuidado su situación. Después de lo que la Corte decidió la semana pasada sobre la forma como surge una controversia internacional, parecería que el Estado que está decidido a acudir a la Corte crea por sí mismo la controversia al depositar la demanda, lo cual nos parece tremendamente desequilibrado y dañino para la estabilidad de las relaciones jurídicas internacionales.
La decisión de ignorar el efecto del principio de la cosa juzgada es también gravísima para la seguridad jurídica: en el caso de la plataforma continental extendida, la mayoría aparente de 8 jueces decidió que en su fallo de 2012 la Corte no había decidido lo que claramente decidió y le dio a Nicaragua una oportunidad para volver a ventilar ante ella una pretensión que ya había sido rechazada en la decisión anterior. Esto es altamente perturbador.
