Un grupo de 600 extrabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L. (Coosemupar) que al momento de la liquidación mantenían la condición de licencia sin sueldo, jubilación, pensión y renuncia le exigen al Gobierno Nacional que se les entregue una hectárea de tierra.
La solicitud de los ahora miembros de la constituida Asociación de Productores e Industriales de Barú (Asprobaru) se debe a que cuando en 2012 el Gobierno repartió 2.400 hectáreas entre otros extrabajadores, este grupo no fue considerado por el censo de la Autoridad Nacional de Tierras.
Alexander Rueda Vigil, presidente de la Asprobaru y quien laboró por seis años en la Coosemupar, explicó que ‘para la repartición de la tierra se determinó que se entregaría una hectárea de tierra a cada extrabajador, allí no especificaron la condición de ese obrero'. ‘La empresa aún nos debe 84 cuotas obrero patronal ante la Caja de Seguro Social, además de los aportes que entregamos como socios, entre otras instancias que nos mantienen como extrabajadores de la bananera', añadió.
Rueda Vigil, quien pocos meses antes de la liquidación por parte del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) en 2010 renunció a la Coosemupar, aclaró que ‘inicialmente, los excompañeros nos criticaban, pues pensaban que era un grupo que buscaba aprovecharse de la situación, pero cuando vieron que fuimos sus compañeros e inclusive jefes entendieron nuestra lucha'.
‘La Asprobaru la conformamos 238 extrabajadores administrativos y jornaleros de campo y otros 402 extrabajadores, y surge de forma legal en el año 2014 cuando recibimos la personería jurídica', aclaró Rueda Vigil en una entrevista en La Estrella de Panamá .
Rueda Vigil estuvo acompañado de Johnny Martínez Villamonte, quien por ocho años trabajó para la Coosemupar y quien al momento de la liquidación por Ipacoop mantenía una licencia sin sueldo, para administrar la regional en Chiriquí de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Según Martínez Villamonte, ‘con Asprobaru logramos unirnos y alzar la voz como extrabajadores y lo justo sería que se nos tomara en consideración para la entrega de una hectárea de tierra, debido a que seguimos trabajando la tierra, pero solo para subsistencia'.
Las tierras a las que se refieren los representantes de Asprobaru están ubicadas específicamente en el corregimiento Rodolfo Aguilar, y el tema en discusión no tiene relación con el proyecto contrato-ley entre Panamá y la multinacional Del Monte, el que se estima será presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional durante el primer trimestre de 2017.
‘Solicitamos lo justo, pues somos extrabajadores e inclusive nosotros sí contemplamos a los compañeros que han muerto en la lucha, pues en ese caso los beneficiarios serían sus familiares', acotó Martínez Villamonte.
Cuando la Coosemupar estaba operativa y en Barú se cultivaba el banano, también conocido como ‘oro verde', el globo de terreno era de 7,000 hectáreas, distribuidas en cinco corregimientos: Baco, Progreso, Rodolfo Aguilar, Puerto Armuelles y Limones, de las cuales en 2012 se repartieron 2,400 hectáreas a extrabajadores.
No obstante, de acceder a la petición de Asprobaru, el gobierno aún tendría unas 4,000 hectáreas disponibles para subastar, intención a la que se opone la Asociación de Productores de Panamá (Aprodepa), debido a que por más de quince años han trabajado la tierra y en diversas administraciones han presentado a las autoridades los proyectos productivos y autofinanciables para la adquisición de las tierras a un precio justo.
Desde la liquidación de la Coosemupar, sus tierras han sido codiciadas por diversos grupos, entre esos empresarios, políticos, extrabajadores y productores independientes.
