El 16 de abril estallaba el escándalo de fraude aduanero La Línea. En ese momento algunos altos funcionarios eran detenidos por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los alfiles caían.
Desde el 25 de abril se han sucedido las marchas ciudadanas para exigir la renuncia de Pérez Molina, a las que el mandatario ha hecho oídos sordos de manera sistemática.
Cuando todo comenzó pocos podían imaginar (o sí) que todo esto alcanzaría finalmente al más alto nivel de la República: la Presidencia. El 8 de mayo cayó una pieza de caza mayor, la reina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, dimitiendo del cargo. "Una actitud valiente", según palabras del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, que acuerpaba a la que había sido hasta ese momento su número dos diciendo que había sido una decisión 'personal' de Baldetti para someterse al debido proceso, al perder su inmunidad para colaborar con la investigación.
Desde entonces, Otto Pérez ha estado resistiendo, aferrado al sillón presidencial.
Pero los hechos acaecidos ayer pueden hacer que se tenga que soltar del mismo. Tal vez ha llegado la hora de la caída del rey, del jaque mate a Pérez Molina.
A primera hora de la mañana de ayer viernes, 21 de agosto, Guatemala desayunaba con la noticia de la detención de Baldetti por el caso La Línea; y pocas horas después el MP y la CICIG acusaban directamente al (todavía) presidente de ser el líder del entramado mafioso que extraía el dinero público de los guatemaltecos, para llenar sus bolsillos.
El comisionado de la CICIG, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, dijo que las investigaciones revelan en 'toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti'.
Anticipando escenario de posible ruptura institucional
En una nota exclusiva para E&N del sociólogo guatemalteco Christian Calderón Cedillos, este medio ya anticipaba varios escenarios posibles de lo que podía ocurrir con el escándalo de fraude aduanal, el tercero de ellos era el de ruptura institucional, que podría ocurrir en el caso de que Pérez Molina ceda a las presiones.
Así abordaba el tema Calderón, en su nota del 21 de abril:
"Este escenario se produciría al terminar abruptamente el mandato presidencial generando alteraciones profundas en el sistema político guatemalteco. La viabilidad de este escenario rupturista se daría esencialmente en la medida en que las investigaciones avancen hacia la participación directa del binomio presidencial en los ilícitos de la red criminal y/o se evidencie obstrucción malintencionada de la justicia.
A lo anterior podría sumarse que el resultado de una comisión parlamentaria ad hoc diera lugar a causa contra el mandatario y vicemandataria guatemaltecos según establece la Constitución (arts. 165 y 171). Asimismo, supone una sociedad civil y medios de comunicación exacerbados que protagonicen protestas masivas pidiendo la dimisión presidencial y vicepresidencial. En tanto que una postura enérgica de condena al gobierno guatemalteco por parte de EEUU (retiro de visas a funcionarios de alto nivel, filtración de informes de peces gordos del crimen organizado vinculados a la política local) y de la comunidad internacional en general.
No obstante, este escenario podría suponer además de la profundización de la crisis política (aunque esto es siempre una moneda al aire), un reacomodo del sistema político guatemalteco que eventualmente derivara en un cambio constitucional, que todos los análisis de diverso signo coinciden en señalar como ingente para un modelo que parece haber llegado a sus límites".
