A las arcas del Estado de Nicaragua no ingresan unos US$2.200 millones en promedio por año debido a la evasión tributaria y a las exoneraciones y exenciones fiscales que reciben los grupos económicos.
Montos similares dejan de percibir los gobiernos de Honduras y Costa Rica solo por exoneraciones, aunque en el caso de Guatemala superan los US$2.400 millones y en El Salvador rondan los US$800 millones, de acuerdo con datos de organismos miembros de la Red Centroamericana de Justicia Fiscal (RCJF).
Los incentivos fiscales en Honduras equivalen entre el 6% y 10% del PIB; en Guatemala el 4,3%, en Costa Rica entre el 3% y 4% y en El Salvador es 5%, según la RCJF con datos de los ministerios de Finanzas de los países.
En Nicaragua es donde las exoneraciones tienen el mayor peso con relación a su PIB: alcanzó el 9,3% entre 2004 y 2010, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el documento "Nicaragua, Apoyo a la Gestión Fiscal", de 2014 y apoyado por la cooperación técnica no reembolsable del BID, se resalta que "el gasto tributario de los impuestos nacionales continúa siendo alto".
Mientras la evasión del pago de impuestos "supera el 10% del PIB", de acuerdo con el BID, con datos de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) global llegó al 42% y del Impuesto sobre la Renta (IR) entre 35% y 50%.
Julio Francisco Báez, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet), considera que son "erosiones fiscales absolutamente intolerables".
"Casi el 20% del Producto Interno Bruto se nos va en pérdida fiscal por exoneraciones y evasión, una cifra espeluznante, y que son reconocidas oficialmente", refiere Báez.
"Gracias a Dios vivimos en un país que cualquiera dice lo que quiera, aunque no tengan sustentos las afirmaciones", respondió José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
A las críticas sobre la poca efectividad de las exoneraciones en el desarrollo del país Aguerri dijo: "Desconocemos lo que plantean" .
Fábrica de incentivos
Durante un seminario en Managua el miércoles pasado, la Red señaló que Centroamérica se ha convertido "en una fábrica de exoneración fiscal" y exigieron frenarlas o reducirlas debido a que ni los gobiernos ni los grupos económicos que las gozan han transparentado cuánto "beneficio real" propician al crecimiento del empleo, exportaciones y de la economía de los países.
El común en los países de la región es la carencia de esos informes sobre el impacto de las exoneraciones, pese a que desde la sociedad civil se exige a los diferentes gobiernos, previo a las reformas tributarias impulsadas y aprobadas en los últimos años.
Rommel Rodríguez, investigador en temas económicos de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) de El Salvador, afirma que los incentivos fiscales "especialmente al gran capital" han resultado ineficientes en el caso de su país, donde el crecimiento promedio ronda el dos por ciento anual, "uno de los más bajos a nivel latinoamericano".
Rodríguez explica que el gobierno de izquierda de Salvador Sánchez Cerén ha impulsado tres reformas tributarias (en 2009, 2011 y 2014), pero "han sido parciales" debido "a la contraposición permanente entre el sector privado y el Gobierno".
Explica que de lo positivo de las reformas es que buscaron ampliar la base tributaria e incrementar las tasas diferenciadas por ejemplo a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos.
Además, dijo, a las personas naturales y jurídicas que tenían depósitos arriba de US$20.000 y acciones al portador que no pagaban impuestos ahora es una tasa definitiva del 10% aplicado a los intereses.
Rodríguez explica que las reformas tributarias en El Salvador intentaron "frenar el dreno" de la evasión como a través de los precios de transferencia "pero aún los mecanismos son débiles para encontrar las puertas por donde evaden las empresas".
Funde sostiene que "son fallidas" las estrategias en "dar incentivos fiscales para dinamizar la inversión y la producción, sustentado en que "el crecimiento económico es pírrico en El Salvador".
"Esos incentivos ya no tienen razón de ser, pero el Estado deja de percibir, en el caso de la zona franca, US$160 millones por los incentivos a ese sector", afirma Rodríguez.
Honduras en 'oscuridad'
Ismael Zepeda, investigador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), dice que el impacto de las exoneraciones y exenciones fiscales en esa nación es "de oscuridad, partiendo que no se cuenta con un presupuesto de gasto fiscal".
"Todo este sacrificio de darle beneficios a franquicias, empresas y régimen especiales no está contabilizado. En 2013 se creó una comisión para intentar evaluar el tema y lamentablemente no se llegó a ningún lado", afirma Zepeda.
Explica que entorpece conocer cifras reales el hecho que en Honduras "emiten exoneraciones tanto el poder ejecutivo y el legislativo", que estudios de Fosdeh estiman que representan hasta el 10% del PIB.
Fosdeh reclama la ineficiencia del Gobierno hondureño en confirmar que el beneficio fiscal que dan a las empresas impactan positivamente.
"Las compañías aducen que crean empleos gracias a esos incentivos, pero cuando se revisa son empleos precarios, mal pagados y el crecimiento del empleo es bajo, ronda el dos por ciento anual", asegura Zepeda.
La Red Centroamericana de Justicia Fiscal mantendrá la exigencia a los gobiernos porque transparenten los incentivos e impulsen reformas tributarias "verdaderas".
Revisar
Abelardo Medina, economista principal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirma que urgen reformas tributarias integrales porque "la evidencia es que el otorgamiento de tratamientos tributarios preferenciales no ha tenido un impacto significativo en el empleo". "Hay que evaluar si el número de empleos creados valen la pena o si el beneficio fiscal es mejor invertido en la preparación de los trabajadores", dijo.
