Por AFP
Grupos de estudiantes nicaragüenses se manifestaron dispersamente este jueves en la capital y otras ciudades a pesar de la prohibición decretada por la policía, que dispuso un fuerte despliegue aunque sin reportarse incidentes de gravedad.
Manifestantes con banderas y globos azul y blanco lograron reunirse en distintos puntos de la ruta, desafiando a la autoridad que desplegó a sus agentes antimotines y perros en la ruta donde se realizaría la movilización.
'La calle no se rinde', 'justicia', 'libertad' coreaban los manifestantes que se refugiaron en edificios de negocios y la Catedral de Managua ubicados sobre la ruta de la marcha, mientras tropas de choque les impedían el paso y en algunos puntos les lanzaron bombas de estruendo y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Protestas similares se produjeron en las ciudades de Masaya (sureste) y Matagalpa (norte), pero no se han reportado incidentes graves. Periodistas de medios locales reportaron que resultaron con lesiones leves por pedradas o balinazos, de los que culpan a policías.
El sacerdote Edwin Román, de la parroquia San Miguel de Masaya, denunció en su cuenta de Twitter que la policía bloqueó las puertas y los fieles fueron agredidos por turbas al salir del oficio.
La marcha fue convocada por diferentes colectivos de universitarios en ocasión del Día Nacional del Estudiante, que se celebra el 23 de julio, pero la policía anunció en un comunicado que no autorizaba la marcha.
Según las autoridades, la solicitud no cumplía los requisitos de ley y se tachó a sus organizadores de 'individuos que dicen ser estudiantes', atribuyéndoles 'antecedentes delictivos'.
El dirigente estudiantil, Max Jérez consideró que la actitud del gobierno demuestra 'falta de voluntad de respetar los derechos constitucionales' de reunión y movilización de los nicaragüenses.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidos (OACNUDH), se pronunció a través de Twitter para instar al gobierno 'a asegurar los espacios para que las personas se reúnan pacíficamente y expresen libremente sus opiniones'.
Las marchas opositoras están prohibidas por la policía desde septiembre de 2018, tras una seguidilla de cinco meses de protestas, que el gobierno califica de intento de golpe de estado.
Las protestas comenzaron en abril de 2018 contra una reforma a la seguridad social, pero ante las muertes de manifestantes por el uso de la fuerza derivaron en una demanda de renuncia del presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Organismos de derechos humanos estiman que las protestas y su represión han dejado 325 muertos, 2.000 heridos, centenares de detenidos -la mayoría liberados- y 62.500 refugiados.
Grupos de estudiantes nicaragüenses se manifestaron dispersamente este jueves en la capital y otras ciudades a pesar de la prohibición decretada por la policía, que dispuso un fuerte despliegue aunque sin reportarse incidentes de gravedad.
Manifestantes con banderas y globos azul y blanco lograron reunirse en distintos puntos de la ruta, desafiando a la autoridad que desplegó a sus agentes antimotines y perros en la ruta donde se realizaría la movilización.
'La calle no se rinde', 'justicia', 'libertad' coreaban los manifestantes que se refugiaron en edificios de negocios y la Catedral de Managua ubicados sobre la ruta de la marcha, mientras tropas de choque les impedían el paso y en algunos puntos les lanzaron bombas de estruendo y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Protestas similares se produjeron en las ciudades de Masaya (sureste) y Matagalpa (norte), pero no se han reportado incidentes graves. Periodistas de medios locales reportaron que resultaron con lesiones leves por pedradas o balinazos, de los que culpan a policías.
El sacerdote Edwin Román, de la parroquia San Miguel de Masaya, denunció en su cuenta de Twitter que la policía bloqueó las puertas y los fieles fueron agredidos por turbas al salir del oficio.
La marcha fue convocada por diferentes colectivos de universitarios en ocasión del Día Nacional del Estudiante, que se celebra el 23 de julio, pero la policía anunció en un comunicado que no autorizaba la marcha.
Según las autoridades, la solicitud no cumplía los requisitos de ley y se tachó a sus organizadores de 'individuos que dicen ser estudiantes', atribuyéndoles 'antecedentes delictivos'.
El dirigente estudiantil, Max Jérez consideró que la actitud del gobierno demuestra 'falta de voluntad de respetar los derechos constitucionales' de reunión y movilización de los nicaragüenses.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidos (OACNUDH), se pronunció a través de Twitter para instar al gobierno 'a asegurar los espacios para que las personas se reúnan pacíficamente y expresen libremente sus opiniones'.
Las marchas opositoras están prohibidas por la policía desde septiembre de 2018, tras una seguidilla de cinco meses de protestas, que el gobierno califica de intento de golpe de estado.
Las protestas comenzaron en abril de 2018 contra una reforma a la seguridad social, pero ante las muertes de manifestantes por el uso de la fuerza derivaron en una demanda de renuncia del presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Organismos de derechos humanos estiman que las protestas y su represión han dejado 325 muertos, 2.000 heridos, centenares de detenidos -la mayoría liberados- y 62.500 refugiados.
Manifestantes estudiantiles, en #Managua, exhortan al presidente Daniel Ortega a retomar las negociaciones para buscar una salida a la crisis sociopolítica, que según organismos de derechos humanos ha dejado más de 300 muertos. https://t.co/TLXDPVE1TK ? @donatelonic pic.twitter.com/SKMOiHG57S
- Voz de América (@VOANoticias) July 25, 2019
Policía sandinista lanza balines a periodistas que dan cobertura a piquete wn Edificio Pellas. Reporta @HoustonTexasni de @VOANoticias #Nicaragua https://t.co/H1UNBcU2U7
- Lucia100%Noticias (@LuciaPinedaU) July 25, 2019
