El fallo de la Sala Constitucional dado a conocer el miércoles, que quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a su líder Eduardo Montealegre, deja al sistema electoral 'totalmente en condición precaria y débil', aseguró el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Aguerri.
El líder empresarial llamó a 'entender' que el PLI encabezado por Montealegre es la segunda fuerza política y la única capaz de ofrecer una competencia real a Ortega en su intención de reelegirse por tercera vez consecutiva.
El fallo de la Sala Constitucional le dio el control del partido a Pedro Reyes, quien había planteado un litigio contra la dirigencia de la agrupación desde hace seis años, reclamando la presidencia.
El PLI es la columna vertebral de la Coalición Nacional por la Democracia (CND), en la que participan otros ocho movimientos políticos.
La alianza ya había designado al diputado Luis Callejas como su candidato presidencial y a la activista social Violeta Granera como candidata a la vicepresidencia, y sus nombres fueron ratificados el domingo en una asamblea de la Coalición, pero tales nominaciones podrían ser revocadas por las nuevas autoridades del PLI.
'Se ha extralimitado'
La oposición responsabiliza de esta acción al presidente Daniel Ortega, a quien acusa de controlar los poderes judicial y electoral.
El presidente Daniel Ortega 'se ha extralimitado, aquí todos sabemos que esa sentencia que dictó la Sala Constitucional ha sido hecha de conformidad a su interés', dijo a la AFP el exdiplomático Carlos Tunnerman.
Esa sentencia no es solo contra la Coalición, manifestó el también catedrático universitario, 'nos están confiscando el derecho de elegir libremente a nuestras autoridades, porque se le quita (al ciudadano) una opción democrática por la que podría inclinarse'.
La decisión de la Corte también genera una 'situación grave de incertidumbre jurídica' que daña la imagen del país y que impacta negativamente la economía, porque afectará el clima de inversión', advirtió Tunnerman, un disidente sandinista.
A cinco meses de los comicios, la justicia resolvió un litigio 'a favor de una facción que no tiene respaldo popular y se la quita a la de Montealegre, que sí tiene una estructura y es una opción atractiva', comentó Tunnerman.
Pedro Reyes, el nuevo representante legal del PLI, no confirmó si la agrupación participará en las elecciones y se limitó a decir que el partido 'no es electorero' y que 'las elecciones son un ejercicio de la democracia pero no es lo más importante'.
'Ortega tiene miedo'
Los opositores consideran que las acciones contra la coalición demuestran que Ortega tiene 'miedo' de perder las elecciones.
Ortega no cree en las encuestas que muestran que tiene una intención de voto de más del 50%, porque eso mismo decían en las elecciones de 1990 cuando perdió frente a la expresidenta Violeta de Chamorro (1990-1996), mencionó Tunnerman.
'él tiene pánico de que eso se repita y por eso no quiere observadores y está descabezando a la opción opositora electoral', añadió.
La CDN convocó a la ciudadanía a movilizarse el viernes para rechazar la decisión de los magistrados constitucionales tras alegar que ese partido no depende de un papel o de una sentencia, sino de la firmeza y coherencia de sus seguidores.
'Los candidatos de la CND, Luis [Callejas] y yo, vamos a ir hasta el final. Ortega ni siquiera quiere competencia. Aquí está la verdadera oposición', dijo Violeta Granera en su cuenta de Twitter.
Las elecciones de noviembre 'serán una competencia de tigre suelto contra burro amarrado', manifestó por su parte el presidente de la ONG ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, quien también culpó directamente a Ortega de actuar contra la oposición.
La estrategia desde el oficialismo es fomentar la abstención, estimó Courney, lo que favorece a Ortega, mientras pone 'zancadillas' a la oposición. Así, mientras él tiene un voto cautivo, los otros no tienen arraigo popular, ni liderazgo, ni plata para competir.
Las elecciones se celebraran el 6 de noviembre para elegir al presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 regionales para los próximos cinco años.
