'A Otto Fernando Pérez Molina se le sindica de integrar una organización criminal (...), la cual estaba dedicada a cometer varios ilícitos, entre ellos el financiamiento electoral ilícito, el cohecho pasivo y el lavado de dinero que funcionó en Guatemala desde el año 2009' hasta 2015, dijo el fiscal Julio Barrios, al formalizar la acusación contra Pérez.
Según el fiscal, Pérez se benefició con al menos US$36 millones de las actividades ilegales, incluyendo la creación de empresas ficticias para captar fondos de campaña y el cobro de comisiones en contratos públicos cuando llegó a la presidencia.
Barrios imputó delitos similares a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusada junto a Pérez de recibir los fondos para sus gastos personales a través del derechista Partido Patriota, agrupación que los llevó al poder en 2012.
La acusación se presentó durante el cuarto día de una audiencia en la que el juez Miguel Angel Gálvez debe decidir si Pérez y Baldetti enfrenten un proceso penal por este caso de lavado de dinero.
Los exgobernantes, junto a medio centenar de exfuncionarios, exministros, banqueros y empresarios que fueron arrestados el pasado 2 de junio, son acusados de 'cooptar al Estado' para financiar al partido y luego retribuirlo con onerosos contratos estatales.
El fiscal Barrios mencionó gastos de Baldetti en tiendas de lujo con los recursos obtenidos presuntamente ilegal, y aseguró que la exvicepresidenta guardaba dinero en efectivo en un baño de Casa Presidencial.
La investigación fue apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que promueve la depuración judicial y que ha jugado un papel clave en el destape de recientes casos de corrupción en el país.
En la audiencia se atribuyeron los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero a los exministros Mauricio López, del Interior, y Ulises Anzueto, de Defensa, involucrados en la entrega de obsequios millonarios a Pérez y Baldetti con fondos que se sospecha son de fuentes ilícitas.
Pérez y Baldetti están a la espera de que el mismo juez decida si deben enfrentar juicio por el caso de defraudación en las aduanas, que terminó con su gobierno.
Los dos son investigados también por la entrega de un contrato portuario a una empresa española mediante el cobro de sobornos.
