"Debo lamentar la falta de comunicación personal del señor Almagro con el jefe de esta Misión desde agosto de 2017. Esta tuvo su mayor expresión al no recibirme el pasado 30 de enero pese a saber que había viajado para reunirme con él e informarle sobre la situación actual de la Misión", señala Jiménez en la carta.

"La intención de la visita era hacer de su conocimiento los avances en las investigaciones y procesos bajo la competencia de los equipos integrados Maccih-Ufecic las presiones y amenazas que estaba recibiendo con motivo de ellos, la necesidad de contar con autonomía administrativa y los recursos materiales y humanos para realizar nuestro trabajo", estableció.

Jiménez fue el exministro de justicia de Perú, Juan Jiménez Mayor (Lima, 1964). Le tocó lograr la detención de Alberto Fujimori y conseguir después su extradición y encarcelamiento.

En su carta Jiménez detalló que la MACCIH alertó la reacción de las autoridades del país por el caso Red de Diputados. El caso reveló una red de al menos 60 diputados implicados, que se apropiaban de fondos públicos destinados a las ONG. 'En Honduras, el Congreso destina a los diputados fondos para sus comunidades y estos armaban proyectos falsos que no se ejecutaban. Hasta el momento están implicadas 30 ONG y 60 diputados', dijo a El País en una entrevista en los primeros días de febrero.

A finales de 2017, cinco parlamentarios fueron acusados por el presunto delito de malversación de fondos públicos. Fueron suspendidos de sus cargos tras presentarse voluntariamente. La MACCIH registró varias oficinas y encontró actos preparatorios para fabricar expedientes de ejecución de falsos proyectos. Luego de las investigaciones impulsadas por la misión, la fiscalía acusó a los cinco diputados en los tribunales por haber recibido fondos del gobierno, que tenían que invertir en obras comunales pero desviaron a sus cuentas personales.

La jueza suspendió los juicios porque el Congreso aprobó en enero reformas a una ley para sacar los juicios de las instancias penales. Entonces, Jiménez Myor dijo que la responsabildiad penal la determina el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En enero de este año, el jefe de la misión de la OEA acusó al gobierno de reformar leyes para proteger a los funcionarios corruptos. Dijo en rueda de prensa que los compromisos internacionales obligan al Estado a 'la derogatoria inmediata' de la reforma a la Ley de Presupuesto de 2018. Jiménez explicó que el cambio, aprobado por el Congreso el 18 de enero, 'pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos'. La reforma estipula que mientras se esté realizando una auditoría 'no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal' del funcionario involucrado.

Pero Jiménez sostuvo que la reforma es 'extremadamente grave', 'afecta a la labor de la misión' y coincidiría con 'una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal'.

Jiménez denunció en conferencia de prensa que personas corruptas en el país han contratado una firma internacional para investigarlo, tras denunciar varios casos de corrupción. La Maccih fue creada en febrero del 2016 a petición del presidente Juan Orlando Hernández para acallar protestas desatadas tras descubrirse un saqueo a los fondos de la seguridad social por unos US$330 millones. Hernández aceptó que entraron fondos de ese desvío a la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2014, pero sin que él se enterara. Zelaya, exdirector del Seguro Social, así como otros funcionarios están presos por el desfalco.

Voces contra MACCIH

'Se han alzado voces para evaluar el mandato de la MACCIH sosteniendo que su presencia en el país afecta la soberanía', subrayó Jiménez. Dijo que expuso estas amenazas al Secretario General de la OEA.

La misión que lideró Jiménez permitió que se generara la condena de Zelaya, los viceministros inculpados por coimas recibidas, más el caso de empresas de cartón ligadas al Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS). Los acusados de este último caso enfrentan delitos por malversación de caudales, fraude, violación a deberes de funcionarios y lavado de activos. Jiménez subrayó que la MACCIH fue clave para la condena del delito de tráfico de influencias contra Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura. 'Fue la primera vez que se condenó a alguien por este delito en Honduras'.

Falta de apoyo

La renuncia se produjo luego de que este jueves se publicara en Honduras una nota enviada por Almagro al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en la que afirma la necesidad de 'fortalecer el funcionamiento de la MACCIH', porque 'no ha sido capaz de arrojar los resultados' en cuanto al combate de la corrupción.

Sin embargo, Jiménez lamentó en un comunicado -en el que confirma su renuncia- que Almagro se niega a recibirlo desde agosto el 2017 y que el pasado 30 de enero tampoco lo recibió cuando viajó exclusivamente a Washington para darle un informe del trabajo de la misión y de las amenazas que estaba recibiendo después de denunciar la 'red de Diputados'.

Advirtió que el 'sistema nacional anticorrupción no podrá funcionar si no se le dan las herramientas necesarias para cumplir su trabajo' en un 'asunto de voluntad política'.