La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) ultima estas semanas el monitoreo de los puntos de conflicto que se prevén para las próximas Elecciones Generales, cuya primera vuelta se celebrará en septiembre.
Mario Minera, director de Mediación de la institución, explicó que el trabajo que realizan se basa en el análisis de las alertas que se generan desde las 36 auxiliaturas del PDH, que identifican las posibles violaciones de derechos humanos vinculadas al ejercicio de los derechos cívicos y políticos. "Son situaciones que pueden generar ingobernabilidad. Hay muchos actores que querrían que se generaran estos escenarios", expuso.
Aunque indicó que todavía es pronto para determinar si ciertas actividades constituyen o no un patrón, algunas zonas donde se han reportado bastantes alertas comienzan a perfilarse como posibles zonas de conflicto electoral.
Esto ocurre principalmente en el norte de Huehuetenango. Los municipios de Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma son áreas que la institución revisa de cerca. "Hay varias hidroeléctricas y licencias para la extracción minera. La posibilidad del conflicto se da tanto por su rechazo como por su aceptación", argumentó Minera.
Además, el municipio de San José del Golfo, en el departamento de Guatemala, también está en el punto de mira. El Director de Mediación explicó que "allí hay muchas licencias extractivas a nivel de explotación. Además, está el movimiento de resistencia pacífica de La Puya que tiene sus relaciones con comunidades de San José del Golfo, donde hay problemas con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes)".
Según Minera, las autoridades municipales ya están movilizando a los Cocodes con vistas a obtener soporte electoral. "Igual está sucediendo en San Pedro Ayampuc y en San Raymundo y seguramente también ocurra en Palencia y en San Juan", añadió.
El consorcio de organizaciones formado por la Universidad Rafael Landívar (URL), el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), consideró igualmente la conflictividad ambiental como uno de los factores de riesgo, en un informe entregado al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según el analista Christians Castillo, esto tiene que ver con "la tendencia a que algunos proyectos busquen financiar campañas electorales y con la falta de información sobre la aprobación de licencias extractivas".
Segunda fase
La siguiente fase en la institución del PDH, luego de delimitar los focos de conflicto, será identificar a los posibles actores sociales, políticos y económicos que buscan generar estos problemas. La Dirección Electoral del TSE analiza ahora este punto, indicó Gloria López, titular de la dependencia.
López, que prefirió no concretar en los nombres de los municipios de riesgo que ya registraron, aseguró que en una primera fase ya elaboraron cuatro mapas de conflictividad, entre estos, uno con los antecedentes del proceso electoral de 2011.
Los mapas del TSE
La directora electoral, Gloria López, indica que han elaborado cuatro mapas de conflictividad: uno con los antecedentes del proceso electoral de 2011; un segundo con las denuncias de acarreo de votantes de 2011; otro con la posible relección de alcaldes ( que asegura que se trata de la mayoría); y el cuarto, con los resultados de violencia colectiva.
