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Guatemala: Estructura del Partido Patriota recibió al menos US$65,5 millones en coimas

Las altas autoridades de la administración gubernamental del Partido Patriota (PP), habrían negociado al menos 450 contratos en distintas entidades del Estado y por ello habrían recibido Q500 millones (US$65 millones) en sobornos.

2016-06-02

Por Prensa Libre/Agencias

La información fue revelada por la fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, en una conferencia de prensa para precisar detalles por los operativos que dejaron 23 capturados este jueves.

Estructura empresarial ilícita

La fiscal indicó que las investigaciones precisan que esta organización criminal se habría formado en 2007 y sus operaciones duraron hasta el 2015 y en sus inicios sirvió para recibir y lavar dinero que sirvió para financiar las campañas electorales del PP.

"Esta actividad que a nuestro juicio es ilícita se diseñó en el 2007 en la primera participación electoral del PP y siguió funciones entre el 2012 y el 2015, esta estructura había cooptado instituciones del estado y cuyos dirigente son el expresidente Otto Pérez Molina RB y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti", dijo Aldana.

Explicó que en los años en los que el PP buscaba ser el partido de Gobierno una serie de empresas de cartón funcionaban para recibir dinero ilícito de financistas, lavarlo y luego inyectarlo a la campaña electoral sin reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Generalmente estas empresas recibían dinero de financistas que no querían figurar, extendían facturas por la prestación de servicios ficticios y de esta manera se agenciaban de fondos para la campaña electoral.

Según las investigaciones de la Fiscalía la operación de estas empresas permitió que Pérez Molina y Baldetti fueran beneficiados y se enriquecieran ilícitamente al recibir inmuebles, vehículos, joyas y pagos a tarjetas de crédito.

Un caso puntual señalado por Aldana involucra a las empresas televisivas Radio y Televisión Nacional S. A. -Canal 3-, Televisiete S. A. -Canal 7-, Central de Radio, S. A., Grupo Radial el Tajin, S. A. y Circuito Alba que habrían pagado a empresas de cartón servicios ficticios.

Según la investigación estas empresas pagaron entre mayo de 2008 y diciembre de 2011 servicios ficticios que ascieden a Q17.5 millones (US$2,2 millones) los cuales habrían servido para financiar la campaña del PP, pero durante la administración de Pérez Molina y Baldetti recibieron eventos que llegan a los Q242 millones (US$31,7 millones).

El juez Miguel ángel Gálvez confirmó a la Associated Press que se emitieron al menos 45 órdenes de captura, contra empresarios, exfuncionarios.

Se destaca la orden de captura contra un exministro de Energía y Minas, Erick Archila, también propietario de un canal de televisión, una revista y un diario digital, por presunto vínculo con ilícitos de lavado de dinero.

Las detenciones se relacionan con el financiamiento del Partido Patriota por parte de empresarios y funcionarios a cambio de favores y de beneficios para ambos.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) participa junto a la fiscalía en las investigaciones y detenciones del caso.

'Emporio criminal'
Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti guardan prisión por dos y tres casos de corrupción vinculados al pago de sobornos en su administración.

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Según la Cicig, un organismo creado por la ONU contra aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, en acuerdo con el gobierno del país centroamericano, ambos fueron los líderes de estructuras incrustadas en el estado para favorecerse de éste en detrimento de las arcas públicas.

El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en prisión por supuesta corrupción, lideraron desde 2008 un 'emporio criminal' de lavado de dinero que les permitió llegar al poder y desde ahí cooptar el funcionamiento del Estado de Guatemala, dijo hoy una fuente oficial. 'Se apropiaron de las instituciones del Estado', denunció el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, después de que esta misma mañana fueran detenidas 23 personas vinculadas, entre ellas un funcionario, un exministro y un exdiputado, que han sido ya enviados a prisión preventiva.

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