Debido a la relevancia de esta obra y a su impacto potencial en los nicaragüenses es imprescindible tener una comunicación clara y oportuna y contar con la información necesaria requerida por un proyecto de tal trascendencia, a fin de potenciar los aspectos positivos y reducir la incertidumbre y su impacto negativo.
La presentación de la ruta del Canal así como las consultas recientes fueron una oportunidad desaprovechada para marcar la pauta de lo que deberíamos esperar del proyecto. Más bien abrieron una serie de interrogantes que necesitan aclararse.
Si bien se trataba de presentar un trazado general de la ruta, las presentaciones no tuvieron el rigor que se hubiera esperado de tan importante anuncio. La generalidad de las filminas, las enormes dimensiones del Canal y la presentación de proyectos conexos ameritaban mayor detalle, sobre todo si se anuncia que la construcción de dicha obra inicia en diciembre próximo. Por ejemplo, preocupa la falta de información en relación a la definición del área a ser afectada por el Canal, el tipo de negocios y régimen fiscal amparados bajo el manto "del Canal", la estrategia de dragado en el Lago de Nicaragua, la disposición del material a extraer durante el dragado, y las labores permanentes de mantenimiento de la ruta, entre otras.
En la presentación se enumeraron sub proyectos que serán necesarios como plantas de cemento, plantas eléctricas, aeropuertos y centros turísticos. En el caso de los desarrollos turísticos, este tipo de inversiones como parte de la concesión del Canal podrían abrir el espacio para discrecionalidad para proyectos de cualquier índole. Los inversionistas y pobladores ubicados en zonas cercanas a la ruta podrían suspender sus planes de inversión mientras no se aclare y se tenga certeza de qué va a pasar con sus propiedades. Por eso decimos que la incertidumbre tiene efectos reales.
Recordemos que según la ley 840 que rige el proceso de expropiación: "El concesionario tiene la entera discreción para decidir si solicita a la Comisión la expropiación de una Propiedad Requerida y en qué momento. Sin embargo, para que una Propiedad Requerida sea expropiada, de conformidad con esta Ley, deberá ser expropiada por la Comisión". El afectado sólo tendrá el derecho a "objetar" el monto de la indemnización, que como se sabe será el valor de mercado o el valor catastral, cualquiera que fuera menor. La Comisión podrá solicitar a un juez sacar al afectado de la propiedad en caso que éste se rehúse a entregarla. La decisión del juez podrá ser apelada pero no suspende el acto de expropiación y se elimina el recurso de casación. Esto último quiere decir que deja a la Corte Suprema fuera del proceso de expropiación y al afectado con un recurso de defensa menos. Según la Ley 840 la Comisión deberá de velar que partes interesadas no se aprovechen de la situación y pongan en peligro la obra.
Además de los problemas de propiedad, un proyecto de esta magnitud genera dudas en potenciales inversionistas en los demás sectores de la economía nacional, en especial en lo referente a la disponibilidad de mano de obra y sus costos. Con la generación de empleo anunciada, inversionistas de zonas francas, industrias o agroindustrias podrían decidir esperar y ver cuáles serían los efectos en los costos de la mano de obra local. Igual podría suceder con los proyectos de turismo a ser desarrollados en las mismas áreas de los sub proyectos de turismo anunciados.
También es muy importante considerar los síntomas de la enfermedad holandesa en la economía nacional por la llegada en grandes magnitudes de capital extranjero. De darse esta situación, esto se vería reflejado en mayor inflación y una apreciación del córdoba, lo que afectaría negativamente el crecimiento del país, cuando cese la inversión del gran canal.
Todos los problemas de incertidumbre que ahora vemos son el resultado de un proceso apresurado, confidencial y de débil institucionalidad. Reiteramos de nuevo lo expresado por FUNIDES en su comunicado del 11 de junio del 2013, donde decíamos que era importante discutir y aclarar en ese momento aspectos jurídicos e institucionales, porque de ellos se desprendía todo lo demás. Lamentamos que la ley relacionada se consultó en pocos días y que el avance del proyecto esté yendo en una dirección incierta en relación a los derechos de los ciudadanos, los impactos ambientales y sociales y el clima de negocios.
Al igual que la mayoría de los nicaragüenses, FUNIDES considera que un Canal por Nicaragua podría traer beneficios si se hace bien. Lo que se quiere es que el país salga fortalecido económica e institucionalmente, se proteja los derechos de los ciudadanos, se proteja el Lago de Nicaragua, otras ecologías y los demás aspectos ambientales que podrían ser afectados por esta obra.
En los próximos meses, la Fundación abordará aspectos relevantes sobre las implicaciones económicas y sociales de una posible construcción del Canal apegados, como siempre, a la imparcialidad, el profesionalismo y en dependencia de la disponibilidad de datos e información. Además, FUNIDES considera que puede ser de utilidad la conformación de una instancia independiente especializada de alto nivel de expertos internacionales y nacionales que apoye al gobierno y al país en el análisis y acompañamiento del proceso.
Finalmente, debemos recordar que mega obras de este tipo no deben distraer la atención de los principales temas del desarrollo de Nicaragua, como son la educación, la infraestructura, la institucionalidad, el estado de derecho, la competencia de los mercados, la eficiencia energética y la estabilidad macroeconómica, todos factores necesarios para elevar la productividad y competitividad del país y por ende su crecimiento.
