El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, se pronunció en contra del Anteproyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha. Aguerri aseguró que de acuerdo a como está redactado actualmente, el Estado podría hacerse del control absoluto del servicio de internet a nivel nacional y poner en peligro los principios de la libre empresa.
"Este es un anteproyecto que si pasa de esta manera, sería una ley antiinversión privada. Estamos completamente en contra porque busca de nuevo, por parte de Telcor, el control absoluto de Internet. Y por supuesto ustedes conocen la posición nuestra alrededor de este tema", expresó Aguerri.
Según Aguerri, el anteproyecto de ley viene siendo promovido por el instituto regulador de las telecomunicaciones, Telcor, y por eso este debería limitarse a su papel de regulador de los servicios de telecomunicación.
Igualmente, añadió que ya están reuniéndose con representantes de Telcor para hacer una revisión técnica al proyecto de ley, acompañados incluso de la Asociación de Internet de Nicaragua.
"Lo ideal es que ni siquiera llegue a la Asamblea Nacional, pues el internet quedaría en control del Estado, incluyendo el Internet de Claro y Telefónica. No serían las empresas privadas las que tengan que negociar los contratos, sino una empresa estatal que manda a crear la misma ley. Podría darse el caso de que el Estado decida que no hay acceso a internet, pero Cosep no va a dejar que esto suceda tan fácilmente", aseguró Aguerri.
El representante del sector empresarial recordó que cuando se discutió la última propuesta de reforma constitucional, también se hizo un intento de buscar el control de internet por parte de la autoridad de Telcor, pero a tiempo fue revertido.
"Este proyecto de ley va en dirección contraria al esfuerzo de los sectores público y privado de atraer inversiones al país. Va en línea completamente opuesta a la búsqueda de atracción de inversión y a esa libertad económica que nosotros presentamos, tanto ProNicaragua como Cosep, cuando andamos en las misiones comerciales internacionales", manifestó Aguerri.
Temor al monopolio
En el anteproyecto de ley se contempla la creación de una empresa pública, donde --según José Adán Aguerri-- el Cosep no tendría ninguna objeción siempre y cuando compita de manera leal con las empresas privadas.
"Pero no podemos estar a favor de que se cree una empresa monopólica del Estado que venga a hacer desaparecer a las empresas privadas, y este anteproyecto de ley va en esa dirección", dijo.
Asimismo, Aguerri comentó que la ley le da atribuciones a Telcor sobre la fijación de precios, lo cual provocaría más bien un encarecimiento de las tarifas por los servicios de internet.
"Además la ley le otorgaría a Telcor el derecho de acceder a información confidencial de las instituciones del Estado y de las empresas privadas del país. Ese es otro de los principios que Cosep ha defendido siempre. Nosotros lo que más atesoramos en las empresas es nuestra información, una información que es privada. Por eso hemos defendido siempre el tema de sociedad anónima y este es un tema que no tiene ningún tipo de discusión por parte del sector privado", destacó Aguerri.
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En su capítulo I, la Ley de promoción y desarrollo de la red nacional de servicios de telecomunicaciones de banda ancha, el Artículo 3 establece que son fines de esa ley: 1) Crear las condiciones para la inversión, promoción, desarrollo y expansión de la infraestructura de la Banda Ancha de última generación y 2) Implementar políticas de efectiva competencia y atracción del capital privado, con el fin de incentivar su participación en la comercialización de la Banda Ancha.
El Artículo 6 establece: Corresponde al Gobierno de la República de Nicaragua asegurar acceso de Banda Ancha a todas las entidades del Estado, priorizando Salud, Educación, Defensa y Seguridad Nacional, así como las municipalidades, creando las condiciones propicias para que los Agentes Económicos puedan expandir la oferta de servicios sobre Banda Ancha, promoviendo así la inclusión digital. El Poder Ejecutivo promoverá la creación de una empresa pública para estos fines.
El Artículo 10 señala: El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), como autoridad de aplicación de la presente Ley, tendrá entre sus atribuciones: Establecer las tarifas máximas por los diferentes servicios que se brinden por medio de la Red Nacional de Banda Ancha.
El Artículo 13 indica que los Operadores de Servicio de Banda Ancha incluirán en el cálculo de sus tarifas un cargo por el servicio de regulación del 1.5% de la facturación y será enterado mensualmente a Telcor en los 10 primeros días del mes subsiguiente, a partir de los 60 días de la entrada en vigencia de la presente Ley.
El Artículo 14 se refiere a los concesionarios o titulares de licencia de servicios de Banda Ancha, quienes están obligados a presentar toda la información técnica, económica y financiera que Telcor les solicite para fines estadísticos, de control, supervisión y fijación de tarifas, en la forma y plazos fijados en la normativa que dictará para estos efectos.
El Artículo 15 plantea que los operadores de servicios de telecomunicaciones podrán conectarse a la Red Nacional de Banda Ancha, para brindar servicios de última milla; la suscripción de los contratos con usuarios finales deberá ajustarse a los términos, condiciones y tarifas previamente autorizadas por Telcor.
