Extracto del informe de análisis: Elecciones en Guatemala: entre las ruinas de la batalla contra la corrupción y la recaptura mafiosa del Estado. Perspectivas. Fundación Friedrich Ebert.
El proceso electoral de Guatemala previo a las elecciones de este domingo 16 de junio estuvo marcado por una guerra jurídica que ha mantenido un alto índice de incertidumbre sobre la legalidad de varias de las candidaturas. Pocas semanas antes de las elecciones la justicia constitucional aplicó una suerte de depuración judicial, que reconfiguró el escenario electoral.
La Corte de Constitucionalidad eliminó de la carrera presidencial a las dos candidatas que ocupaban el disputado segundo lugar en intención de voto según las encuestas. A Zury Ríos, por impedimento del artículo 186 constitucional que prohíbe la participación de familiares de golpistas al cargo presidencial. Y a Thelma Aldana, la funcionaria que tuvo a su cargo la mayor operación contra la corrupción político estatal en la historia del país, desmantelando decenas de estructuras criminales y que llevó a prisión a casi 600 personajes, entre ellos el ex presidente Pérez Molina y su vicepresidenta, ex congresistas, magistrados y empresarios.
A la cabeza de las encuestas se mantiene la ex primera dama y candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, que también tiene pendiente un proceso de desafuero por su aparente participación en la financiación irregular de más de US$2,5 millones en la campaña de 2015, cuando también era aspirante a la Presidencia. Y aunque las Cortes aún conocen el caso, no afecta su participación electoral.
Con este panorama se llega el 16 de junio a una primera ronda electoral muy incierta y anormal en la historia de Guatemala, con una nueva ley electoral que limita las campañas y su financiamiento, con un aspirante presidencial Mario Estrada preso por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, cuatro candidaturas presidenciales canceladas y con varias a otros puestos de elección pendientes de resolver judicialmente.
El proceso reciente de reformas electorales a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el país impactó en aspectos clave, aunque pendientes de complementarse, del sistema electoral y de partidos políticos. El efecto más evidente ha sido que la campaña electoral ha sido la más corta y limitada de todos los procesos eleccionarios previos desde 1985, menos ostentosa en el caso de los partidos más fuertes, pero principalmente porque facilita los controles del Tribunal Supremo Electoral de los gastos de campaña que hasta 2015, era mayoritario en los rubros de medios de comunicación principalmente en el de televisión abierta y medios escritos.
En cuanto al tema de candidaturas, sin lugar a dudas, otra reforma importante, que generó grandes controversias, es la vinculada al llamado "transfuguismo" -la práctica recurrente de los congresistas de cambiarse de partido con cada elección-. Esto toca un aspecto crucial de la reforma política del sistema vigente, la reelección continua de los congresistas, que es un rasgo definitorio del sistema excluyente y viciado de los partidos políticos guatemaltecos, pues limita la democratización del sistema al facilitar el caciquismo distrital, además de ser un incentivo perverso para la corrupción y autofinanciamiento ilícito de campañas de los mismos candidatos, y propicia el mantenimiento del llamado modelo de los partidos franquicia.
Elecciones junio 2019: Lo partidos contendientes
Según datos del Tribunal Supremo Electoral se registraron 26 partidos, de los cuales estarían vigentes 19 binomios presidenciales para competir por el poder en las elecciones de 2019. Un rasgo importante, de estas elecciones, es que de los partidos mayoritarios anteriores al 2015, solamente sobrevive una fuerza política, la UNE y su vetusta dirigencia. El resto son organizaciones minoritarias o nuevas con poco caudal electoral, por lo que se acentúa el carácter fragmentario de la oferta electoral en mayor medida que en comicios previos.
En primer lugar, se encuentra la UNE y su dirigente Sandra Torres, quién participaría por segunda ocasión por la candidatura presidencial, tras una fallido intento en 2011 cuando una sentencia constitucional se lo impidió por haber estado casada con el presidente de turno, álvaro Colom.
La UNE es un partido que cuenta con amplia presencia nacional principalmente a nivel rural donde ejecutó programas sociales que fueron clave en su período de gobierno. Su liderazgo posee una base que oscila entre un 18 a un 21 por ciento de preferencia electoral, tomando en cuenta sus resultados electorales en la última elección y las encuestas recientes.
El oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN), tiene cierto grado de presencia territorial, además de disponer de la bancada mayoritaria en el Congreso cuenta entre sus miembros a diversos diputados clave del bloque del conservadurismo anti-reformista del actual Congreso. Posee la ventaja de tener el control de la estructura gubernamental y muchos de sus miembros actuales son figuras caciquistas recicladas de los partidos cancelados LIDER y PP antiguo partido de Pérez Molina. Aunque su candidato a presidente no tiene posibilidades electorales, la planilla de diputados es posible que logre mantenerse en la próxima legislatura.
Otro partido en la contienda es el del exfuncionario que ocupo el cuarto lugar en las elecciones de 2015, Alejandro Giammattei Falla, con casi el 7 por ciento de la votación por el partido FUERZA, el que participa en 2019 con una organización política nueva (VAMOS).
El Partido de Avanzada Nacional (PAN) en coalición con PODEMOS, partido nuevo conformado por ex diputados de Pérez Molina, postula a la presidencia a Roberto Arzú, hijo del exalcalde capitalino y expresidente Alvaro Arzú.
Otra fuerza electoral importante es el partido Movimiento Semilla, surgido de la coyuntura de 2015, y que postulaba a Thelma Aldana, con un liderazgo progresista, cuadros jóvenes y formados profesionalmente, y que todavía hasta a casi un mes de la primera ronda electoral mantenía una expectativa fuerte para la carrera presidencial. Considerando su trayectoria, la mayor fortaleza de Aldana ha sido la posibilidad de aglutinar a un sector importante del electorado que no se identifica con las ofertas tradicionales ni con posiciones extremistas, que se posiciona a favor del proceso de cambios en el sistema político y el combate a la corrupción.
El Partido Humanista que promueve la candidatura de Edmond Mulet, político conservador activo en los inicios de la transición democrática y que en los últimos años ha hecho una carrera diplomática en Naciones Unidas, ocupa la cuarta posición de preferencia.
Los escenarios
En cuanto a los escenarios electorales, la tendencia de voto mantiene a Sandra Torres en primer lugar, con una preferencia del 20,70 y el 21 por ciento en las últimas encuestas disponibles, con diferencia de un mes aproximadamente. Un dato significativo a destacar es que la candidata uneísta, no muestra crecimiento importante en el último mes, lo que se traduce para algunos análisis en un eventual estancamiento en sus números. Además, cabe mencionar que es la opción con el más alto antivoto -votante que afirma no votar por una candidatura bajo ninguna circunstancia-entre un 49 a 28 por ciento según los sondeos citados. Pese a lo anterior, todo apunta a que tendría garantizada su participación en una segunda vuelta.
En tanto que el segundo lugar, dados los mismos sondeos se mantiene incierto y aún está en disputa lo que evidencia la anormalidad del actual proceso electoral. La opción para alcanzar el segundo puesto y colarse al ballotage necesita un umbral bajo, lo que equivale en términos del padrón electoral a un poco más de medio millón de votos, una cifra difícil pero no imposible de alcanzar dada la incertidumbre del panorama actual, si se considera que existe un cifra de voto indefinido del 24 por ciento en la medición más reciente. Con base a lo anterior, las opciones que tienen posibilidad serían: Alejandro Giammattei (12%), Roberto Arzú (9%) y Edmond Mulet (7%). Aunque no se descarta que otros candidatos con menos puntos en las encuestas capten los votos de las candidaturas eliminadas y que puedan mejorar sus posibilidades en el reñido voto urbano.
En cuanto a las perspectivas políticas, el panorama que se cierne es cuando menos preocupante y desalentador, como coinciden los distintos análisis serios. En el caso de un probable triunfo de UNE, corre a su favor el haber hecho gobierno previamente lo que permite algún grado de certidumbre sobre su probable equipo de gobierno, además de contar con cuadros de cierto reconocimiento tecnocrático como su candidato a vicepresidente. No obstante, pesa sobre sus ejecutorias negativas: el elevar la deuda externa en cuatro años de gestión a cotas mayores que todos los cuatro gobiernos anteriores y no haber realizado mayores inversiones de infraestructura durante su administración.
De llegar al poder Alejandro Giammattei y su partido VAMOS, se desconoce quiénes integrarían su equipo de trabajo, además que el mismo candidato no presenta logros importantes en su paso en la administración pública. El otro extremo inquietante que representa su proyecto político, es la presencia en su círculo más cercano de ex militares de alto rango y sus parientes vinculados al grupo conocido como La Cofradía.
Mientras que Roberto Arzú, no tiene credenciales en política más que ser descendiente de la dinastía oligárquica Arzú y también se desconoce su probable equipo de gobierno. Según medios de prensa tiene una demanda por deudas en una corte de Miami Florida. Su hermano ocupa la presidencia del Congreso y es otro aliado cercano al presidente Morales.
Por consiguiente, el tema de fondo en el proceso electoral de 2019, que probablemente se cierre en una segunda vuelta -agosto 2019-, es que deja la vía libre únicamente a los sectores políticos y a sus distintas expresiones electorales que no apuestan por la continuidad del proceso de transformaciones del sistema político guatemalteco: la profundización de la reforma electoral y de los partidos políticos, la continuidad de CICIG en el país y por el legado post 2015 de lucha contra las estructuras criminales que mantienen la corrupción e impunidad en Guatemala.
(*) Sobre el autor: Christian Calderón Cedillos es consultor e investigador en las áreas de políticas públicas, gestión de gobierno, seguridad y sociología política.
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