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El Salvador: exfiscal general es enviado a detención provisional

Luis Martínez, dirigió la Fiscalía de El Salvador entre 2012 y 2015, un juzgado lo envió prisión provisional por el delito de 'divulgación de material reservado'. El exfuncionario está en el ojo del huracán gracias a las investigaciones de la entidad que dirigió.

2016-08-30

Por estrategiaynegocios.net

El juzgado 1° de Paz de San Salvador decretó 'instrucción formal con detención provisional' en contra del exfiscal general, Luis Martínez.

La orden judicial ocurre tras validar 'indicios de prueba que obran en el proceso por el delito de divulgación de material reservado'. Martínez, quien dirigió al ministerio público de El Salvador es requerido por la misma entidad que presidió entre 2012 y 2015 y es señalado en dos casos por un total de cuatro delitos.

"La detención provisional fue decretada conforme a los elementos de naturaleza documental y testimonial, que consisten básicamente en que existen las escuchas telefónicas y que fueron debidamente autorizadas, pero se estableció que fueron reveladas y utilizadas indebidamente", explicó la fiscal del caso.

Martínez libro el fin de semana la detención provisional por otra investigación, donde se le acusa de los cargos de peculado y omisión de investigación, en favor del empresario Enrique Rais, quien también está ligado a proceso, pero quien goza de libertad luego del pago de una fianza de US$20.000.

Martínez también fue beneficiado con el pago de una fianza por US$5.000, sin embargo, sigue bajo investigación.

La nueva audiencia en contra de Martínez estuvo a cargo del Juzgado Primero de Paz, ante el cual los fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción presentaron una serie de elementos, los cuales serán detallados en las siguientes fases del proceso, según detalla un comunicado de la Fiscalía.

La jueza determinó haber encontrado 'suficientes elementos de participación en el ilícito', la divulgación de material reservado, en específico de audios provenientes de escuchas telefónicas realizadas en la investigación fiscal sobre el sonado caso del origen de la tregua entre pandillas.

La demanda fue interpuesta por el sacerdote español, Antonio Rodríguez, quien fue condenado en 2014, mediante un proceso abreviado, por introducción de ilícitos a centros penales.

El sacerdote está por cumplir con los dos años de reglas de conducta que le impuso un tribunal, sin embargo, sostiene que 'hubo un chantaje' para que confesara los delitos por los cuales fue juzgado.

Rodríguez dijo a La Prensa Gráfica que se trataba de audios que 'entraban en contradicción con alguna norma disciplinar de la iglesia católica, pero que no tenían ningún tipo de relevancia ni eran delitos'.

Según él, de 1.000 llamadas que le grabaron, únicamente 86 fueron relacionadas con delitos, y el resto con su vida privada, vida social y vida personal.

'Querían que la iglesia católica me expulsase y me mandasen a España y ya no volviese. Efectivamente, la Conferencia Episcopal hace una carta recomendándole a mi congregación que inicie un proceso para reducirme al estado laical; no ha sucedido porque la Iglesia Católica no puede presentar la prueba, porque se evidenciaría que todos ellos fueron parte de un delito', agrega el sacerdote.

El proceso pasará al Juzgado Primero de Instrucción el cual otorgará el plazo para instruir el proceso. Sin embargo, el Juzgado 1° de Paz decretó la reserva total sobre el caso.

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