Pero ¿qué ocurrirá cuando Trump se convierta el 20 de enero en el presidente número 45 de Estados Unidos? Lo que suena como un problema de millonarios es en realidad uno de los mayores retos que tiene que afrontar el magnate de 70 años avenido a político.
Se vislumbran conflictos de intereses y sus competidores políticos ya cargan las armas. Los expertos legales consideran que las relaciones de negocios poco claras serán uno de los mayores riesgos para Trump, que en el peor de los casos podría ser sometido a un proceso de destitución.
Este jueves, Trump quería anunciar la manera en la que pretendía informar sobre cómo se imagina el futuro de sus negocios mientras esté ocupado en el mundo de la política durante su mandato en la Casa Blanca. Pero quizás se lo había imaginado de forma demasiado simple, pues la rueda de prensa fue aplazada y no hablará de ello posiblemente hasta enero.
El patriarca del clan quiere ver a sus hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka en el papel de administradores de su obra vital empresarial. Pero no es tan fácil. Al menos a Ivanka quiere también contratarla como una especie de asesora en la Casa Blanca y quiere que sus hijos le ayuden en la búsqueda de miembros para su gabinete.
Cada vez que piensa en su legado como empresario, Trump choca con el derecho empresarial, el derecho que regula las herencias o las leyes fiscales del país. E incluso la Constitución se le pone con frecuencia en su camino.
Como siempre cuando las cosas se complican, Trump busca una vía de defensa en la red social Twitter, donde ya ha reiterado que quiere dejar su patrimonio en manos de sus hijos y de gestores independientes. 'Durante mi mandato no habrá nuevos acuerdos' (empresariales), prometió.
En lo que respecta al derecho empresarial, son mensajes muy poco precisos. Pero no quiere debatir sobre la acusación de que con esas medidas sigue siendo sobornable.
Al parecer, le asusta dejar su patrimonio en un fideicomiso ciego, 'blind trust' como se conoce en Estados Unidos, y dejarlo administrar de forma independiente durante su mandato, sin tener además conocimiento sobre el manejo de sus bienes durante ese periodo.
Así lo hicieron por ejemplo el presidente Jimmy Carter con su imperio de cacahuetes en Georgia o el empresario mediático Michael Bloomberg durante su tiempo en la alcaldía de Nueva York.
Trump no está obligado hacerlo, algo que no deja de repetir. La legislación estadounidense no incluye ninguna ley fundamental que prescriba la forma en que un presidente electo debe proceder con su patrimonio. Sin embargo: un error en la toma del poder podría provocarle después complicaciones mucho más graves.
La primera cuestión candente ya está ahí: el Deutsche Bank es el mayor acreedor de Trump. Su entramado empresarial depende de los créditos que le concede el mayor de los bancos alemanes. Y precisamente esa institución es objeto de procedimientos jurídicos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cómo afrontará esta cuestión el presidente y empresario Trump?
Otro dilema: su nuevo hotel en Washington, promovido supuestamente con su hija Ivanka, sirve de alojamiento a diplomáticos e invitados internacionales. ¿Obtendrá beneficios el futuro presidente de Estados Unidos de los gastos de alojamiento de su Gobierno a la hora de alojar a sus visitas de Estado?
Los demócratas ya han exigido a Trump que anule su contrato de alquiler de ese hotel, ya que el edificio que lo alberga es propiedad de la Administración General de Servicios (GSA), un ente que regula los temas inmobiliarios del Gobierno federal.
No se puede exigir al presidente que 'pulverice' sus bienes privados cuando llegue al cargo, escribe Tom Fitton, presidente de la asociación Judicial Watch, cercana a los republicanos, en declaraciones al 'The New York Times'. Ello disuadiría a todo el que tenga éxito económico a concurrir por cargos públicos, alega.
Pero incluso Fitton recomienda: Trump debe retirarse de sus negocios y no puede aceptar ni un solo céntimo de los beneficios de su imperio. Incluso tampoco podrá hablar con sus hijos sobre los negocios de la firma, añade.
La reflexión de Fitton se refiere sobre todo a las actividades de Trump en el extranjero. Los enemigos de Estados Unidos podrían aprovechar las relaciones empresariales del consorcio del presidente para hacer daño a Estados Unidos. Por ejemplo, Trump gestiona negocios en China, que ahora parece convertirse en el enemigo número uno de Washington. El Banco de China ha prestado además dinero a las empresas de Trump.
'Trump debería considerar vender todos sus negocios que tengan alguna relación con Gobiernos extranjeros', escribe Fitton, quizá pensando en la conocida como 'Emoluments Clause' (cláusula de emolumentos) que recoge la Constitución estadounidense.
Esa cláusula señala que los cargos públicos en Estados Unidos no deben aceptar ningún tipo de subsidio o ayuda de parte de Gobiernos extranjeros. Su puesta en práctica es, en caso de duda, una cuestión que deberá dirimir la Corte Suprema.
'Sería grotesco que precisamente los éxitos de Trump como hombre de negocios cuestionaran sus éxitos como presidente', concluye Fitton.
