Como resultado de los recientes acontecimientos relacionados con los escándalos de corrupción y defraudación tributaria, el sector empresarial hizo una serie de peticiones al presidente Otto Pérez Molina, que incluyen que él exija a los funcionarios señalados por la CICIG y el MP, la respectiva declaración patrimonial que la ley ordena, lo cual incluye a la vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora por el tema de la SAT.
El mandatario recibió en la Casa Presidencial a los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), encabezado por Jorge Briz Abularach, de la Cámara de Comercio. En esa reunión, a la cual no tuvo acceso la prensa nacional e internacional, se le hizo entrega al jefe de gobierno de un Memorial de Petición.
Al salir, Briz ofreció declaraciones en las que destacan, por ejemplo, la solicitud de que el Ejecutivo "tome la iniciativa de investigar, con medidas concretas y resultados efectivos en el corto plazo, todas aquellas estructuras de corrupción, que se ha señalado, existen en distintos ámbitos de la administración pública y proceder en su caso a la judicialización y persecución legal…"
Asimismo, la cúpula del sector privado organizado ha demandado al Presidente "garantizar la independencia del sistema de justicia y de los órganos de investigación que participan en este caso (SAT) y en otros que se presenten, y se asegure que estos operadores de justicia puedan actuar libres de cualquier presión o injerencia política en el ejercicio de su labor".
Asimismo, precisó Briz Abularach, "que el Presidente de la República requiera la presentación inmediata de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos que han sido sujetos de señalamientos de corrupción en los medios de comunicación".
Menciona que, el jueves 16 de abril, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala presentaron ante los órganos jurisdiccionales una denuncia en contra de funcionarios públicos y personas particulares, por su presunta participación en la integración de una estructura del crimen organizado dedicada a la defraudación fiscal y el contrabando, entre otras figuras delictivas.
Estas graves acusaciones y señalamientos que pesan sobre funcionarios de alto nivel, puntualiza el memorial, "requieren que se preserve la investigación de cualquier interferencia de los poderes públicos, ello con el objetivo de poder establecer todas las responsabilidades del caso y lograr las condenas de aquellos que resulten autores de distintos delitos, sean estos funcionarios públicos o personas del ámbito privado o empresarial".
El CACIF hizo referencia a que los medios de comunicación social han formulado una serie de señalamientos y denuncias en contra de funcionarios públicos por corrupción y enriquecimiento ilícito, alcanzando áreas de alta sensibilidad como lo son la salud y las medicinas, compras del gobierno, manejo de puertos, construcción y obra pública, entre otros renglones.
"Estos casos, por la responsabilidad misma del ejercicio ético de la función pública, y dadas las reiteradas demandas de la sociedad por transparencia, deben ser atendidos, investigados y judicializados en caso de determinarse la comisión de actos delictivos, concreta la exposición de CACIF.
