Un tercio del electorado costarricense permanece indeciso en torno a los candidatos para las elecciones presidenciales, con dos aspirantes como favoritos en un empate técnico, reveló una encuesta divulgada este miércoles.
La consulta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica señaló que 34% de la muestra se mantiene indecisa ante las elecciones del 4 de febrero.
Como favorito en la encuesta aparece el abogado y exministro de Seguridad Juan Diego Castro, con 18% de apoyo, quien se presenta ante los votantes con un discurso populista de 'barrer' la corrupción y el crimen.
Le sigue en un empate técnico el exdiputado y exministro de varias carteras Antonio álvarez, del Partido Liberación Nacional, con 14% de respaldo.
La consulta se efectuó del 4 al 13 de diciembre con 1.578 entrevistas telefónicas y tiene un margen de error de 2,5 puntos.
Si ninguno de los candidatos alcanza al menos 40% de la votación, habrá una segunda ronda en abril entre los dos aspirantes con mayor respaldo.
'Seguimos creciendo, somos la primera fuerza política de Costa Rica', escribió en su cuenta de Twitter Castro, postulado por el Partido Integración Nacional, un movimiento pequeño que solo ha logrado elegir un diputado.
Como ministro de Seguridad en el gobierno de José María Figueres (1994-1998), Castro desató fuertes críticas cuando envió a la policía a rodear la sede del parlamento para presionar por más presupuesto para su cartera.
En tercer lugar en la encuesta con 13% aparece el abogado Rodolfo Piza, del tradicional Partido Unidad Social Cristiana, mientras los otros diez aspirantes no llegan a 10% de apoyo.
La encuesta refleja también una fuerte caída en el respaldo al gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, calificado negativamente por 47% de los consultados, y positivamente por solo 27%.
Consultas del CIEP realizadas entre marzo y octubre mostraban una evaluación positiva del actual gobierno.
Su imagen se vio golpeada en los últimos meses por un escándalo sobre la concesión de créditos de bancos públicos para la importación de cemento chino, un caso que reveló el tráfico de influencias en los tres poderes del Estado y golpeó a todas las fuerzas políticas de Costa Rica.
