El jueves 17 de septiembre de 2015 la Corte de Constitucionalidad (CC) dio a conocer su sentencia1 en la cual, entre otras disposiciones, resolvió que crear impuestos o modificar impuestos existentes en el decreto de aprobación del presupuesto es una violación a la Constitución. Con esta base, la CC decretó la expulsión del ordenamiento jurídico guatemalteco varios artículos del decreto No. 22-2014, en el cual el Congreso había aprobado la creación del impuesto a la telefonía, e incrementos a las regalías mineras y al impuesto a la distribución de cemento, además del presupuesto de 2015 y endeudamiento público.
Con esta decisión de la CC, el Icefi confirma que en 2015 el Gobierno no recibirá los Q1.344 millones (US$175,7 millones) presupuestados en concepto del nuevo impuesto a la telefonía y los Q380 millones (US$49,6 millones) presupuestados en concepto de regalías mineras, montos que ya venían siendo contabilizados dentro del «agujero fiscal» que el Instituto ha estimado para el final de 2015, el cual se aproxima a los Q4.500 millones (US$588,3 millones). A esto se agregarán Q52 millones (US$6,8 millones) por la supresión del incremento al impuesto a la distribución de cemento.
El Icefi explica que en el proyecto de presupuesto para 2016 no se incluyeron ingresos por concepto del impuesto a la telefonía ni por el incremento a las regalías mineras, por lo que no es necesario realizar ajustes en las proyecciones de esos dos rubros. Sin embargo, advierte que sí se deberán rebajar Q237 millones (US$31 millones) de la proyección de recaudación proveniente del impuesto a la distribución de cemento.
El Instituto subraya que esta decisión suprime la posibilidad de incrementar los recursos que el nuevo gobierno dispondrá para el financiamiento del gasto público, y por el contrario, agrava el impedimento financiero para cumplir con sus promesas de campaña electoral. Para el Icefi esta realidad constituye un obstáculo muy grave para que el Gobierno guatemalteco cumpla a cabalidad sus obligaciones constitucionales fundamentales, y logre avances en materia de desarrollo humano integral e incluyente.
El Icefi urge a los dos candidatos finalistas de la elección presidencial a adoptar un discurso honesto y transparente, y debatir públicamente los graves desafíos del escenario fiscal de su primer año de gobierno. Llama también su atención a notar que la decisión de la CC fue declarar inconstitucional el procedimiento de aprobación de las medidas tributarias, lo cual a su juicio, no es impedimento para que estas medidas se reconsideren para ser aprobadas por el Congreso en un decreto distinto al de aprobación del presupuesto.
Sin embargo, el Instituto considera imperativo asegurar la legitimidad de nuevas medidas tributarias, por lo que recomienda que se consideren en el marco de una agenda fiscal integral, que priorice la transparencia y el combate a la corrupción, así como la calidad y las prioridades del gasto público y el equilibrio en el financiamiento del déficit fiscal.
