El Congreso aprobó la noche del martes el acuerdo para instalar la Misión de Apoyo a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), suscrito entre el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 22 de febrero en Tegucigalpa.
El acuerdo fue aprobado pese a dudas planteadas días atrás por algunos diputados del oficialista Partido Nacional (PN, derecha), al incluir el documento la extradición de hondureños y asignar inmunidad diplomática a los integrantes de la MACCIH.
El organismo, que será dirigido por el abogado peruano Juan Jiménez Mayor, estará integrado por cinco directivos y medio centenar de funcionarios, entre hondureños y extranjeros.
El comunicado recordó que el convenio establece que la MACCIH 'actuará con absoluta independencia, objetividad y transparencia, lo que implica libertad política y económica en la toma de decisiones'.
Por su parte, el gobierno 'debe asegurar que no haya obstáculos para la investigación y persecución de actos de corrupción' y tendrá la 'obligación' de garantizar la libre movilidad y acceso a las entidades civiles y militares, sin previo aviso.
El acuerdo para la instalación de la MACCIH se gestionó a pedido del presidente Juan Orlando Hernández para ayudar a combatir la corrupción y la impunidad junto a jueces, fiscales y la policía local, tras intensas movilizaciones populares el año pasado para exigir una depuración de las instituciones públicas.
Los manifestantes de la llamada Oposición Indignada exigían en las marchas, que se repetían cada semana, la instalación de una comisión internacional similar a la CICIG, un organismo creado por la ONU que funciona en Guatemala desde hace ocho años.
Las protestas comenzaron en mayo, luego que la fiscalía descubrió que unos US$330 millones habían sido saqueados del sistema de seguridad social y que el propio Hernández reconociera que unos US$94.000 de ese dinero había ingresado a su campaña electoral, sin que él conociera entonces el origen de esos recursos.
