'Estamos viendo que la gente está un poco cansada, asqueada, indignada con la corrupción. La gente tiene conocimiento de muchos actos de corrupción y está haciendo las denuncias, anónimas o no, y están saliendo', comentó a la AFP Carlos Gasnell, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
En Guatemala, la ira popular hizo caer a la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo tras verse salpicada en una red de defraudación fiscal en aduanas.
En los últimos días, Guatemala ha vivido una oleada inédita de manifestaciones pacíficas contra la corrupción en las que indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes y pobladores de las ciudades exigen la renuncia del presidente Pérez.
'Los guatemaltecos hemos sido excesivamente permisivos ante la llaga putrefacta de la corrupción. Ahora estamos convencidos de que se le debe poner un hasta aquí', afirmó a su vez el analista político Luis Linares.
Su vecino, el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta la indignación de multitudes que han tomado las calles a protestar por desvíos de recursos del Seguro Social.
Hernández llegó a admitir que su Partido Nacional (PN, derecha) recibió 136.000 dólares de ese organismo para la campaña que lo llevó al poder en 2013. Sus adversarios lo acusan de recibir 90 millones de dólares desviados de ese organismo.
Tanto Hernández como Pérez han rechazado dimitir, al desligarse de las acusaciones de corrupción, pese a la presencia de multitudes en las calles semana tras semana para exigir sus renuncias.
'No tenemos nada que ver con eso (desvío de recursos del Seguro Social)', aseguró a periodistas el gobernante hondureño, cuyo mandato termina en 2018.
Para el sociólogo hondureño Marvin Barahona la ecuación es sencilla: 'este reconocimiento del presidente sólo viene a confirmar lo que los órganos de la sociedad civil vienen diciendo desde hace años, que en Honduras hay un régimen de impunidad' para los corruptos y que 'los ricos roban a los pobres'.
Escándalos a lo largo del Istmo
El cáncer de la corrupción también alcanza a El Salvador, donde el expresidente Francisco Flores (1994-2004) tiene abierto un proceso judicial por el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán para financiar la campaña electoral de su partido en 2004. También a Panamá, cuyo exgobernante Ricardo Martinelli (2009-2014) se mantiene fuera del país en medio de denuncias por sobrefacturación en la compra de alimentos deshidratados para escuelas.
Y una larga lista de personas relacionadas con el gobierno de Martinelli están encarceladas por irregularidades en contratos millonarios.
Incluso Felipe Virzi, segundo vicepresidente durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), fue detenido por su supuesta vinculación con pagos irregulares provenientes de una empresa ecuatoriana para la adjudicación de un fallido proyecto durante el gobierno de Martinelli.
Según las investigaciones, el Estado panameño pagó a la empresa ecuatoriana Hidalgo&Hidalgo más de 37 millones de dólares por un proyecto de riego en la provincia de Los Santos (suroeste), en el cual habría participado como intermediario Virzi, cercano a Martinelli.
Para Gasnell, el estallido de escándalos en la región refleja las dificultades para ocultar irregularidades en una era de mayor acceso a la información.
'Desde el año 2000 hay leyes de acceso a la información en la mayoría de los países. Con las redes sociales al final todo se sabe y es muy difícil ocultar lo evidente', comentó.
