Por El Periódico
De acuerdo con laRed de Centros de Pensamiento de Centroamérica, contar con un "análisis del comercio ilícito en Centroamérica resultaría valioso". LaRed está formada por FUSADES, FUNDE, ASIES, FUNDESA, UNITEC y FUNDAPEM.
El problema es que, adicional al estudio presentado por el grupo de instituciones, titulado: Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica, no existen trabajos que hayan evaluado la situación regional.
El informe explica que "debería considerarse (el contrabando) como una prioridad dado que actualmente se están discutiendo mecanismos para la facilitación del paso en las aduanas de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Sin embargo, LaRed determinó en su informe que "hay un débil compromiso de las autoridades de la región en el tema". Enfocándose en las autoridades aduaneras quienes son las que deben ocuparse de las prácticas ilegales que se "evidencian en los pasos fronterizos". Pero estas entidades tampoco cuentan con información estadística, investigaciones o datos que puedan contribuir a la estimación del contrabando; y aunque se reconoce el problema, no se toman acciones concretas, lo que hace necesaria la implementación de un compromiso institucional.
Acá, señalan, es fundamental entender el contrabando para poder planificar políticas públicas orientadas a combatirlo. El informe recomienda que se debería crear una política regional que luche en contra de esta actividad ilegal.
Pero más allá, los países padecen de síntomas que obstaculizan la posibilidad de esto. Principalmente porque poseen recursos escasos y pocos datos estadísticos sobre dicho problema.
Como segundo punto destacan que, para establecer medidas eficaces, deben contar con financiamiento y acceso a la información prudente para poder realizar estudios regionales que "permitan tomar decisiones con información veraz".
LaRed define a los convenios de cooperación entre los países del Istmo como imprescindibles para "fortalecer los procedimientos que se aplican en las aduanas en temas de valoración de mercancías, cobro de impuestos, y verificación de mercancías, entre otros". Ante esto, el estudio reflexiona que se debe "recuperar todo el potencial que en materia de prevención y combate del comercio ilícito se encuentra ya en acuerdos, tratados y convenios regionales".
De acuerdo con laRed de Centros de Pensamiento de Centroamérica, contar con un "análisis del comercio ilícito en Centroamérica resultaría valioso". LaRed está formada por FUSADES, FUNDE, ASIES, FUNDESA, UNITEC y FUNDAPEM.
El problema es que, adicional al estudio presentado por el grupo de instituciones, titulado: Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica, no existen trabajos que hayan evaluado la situación regional.
El informe explica que "debería considerarse (el contrabando) como una prioridad dado que actualmente se están discutiendo mecanismos para la facilitación del paso en las aduanas de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Sin embargo, LaRed determinó en su informe que "hay un débil compromiso de las autoridades de la región en el tema". Enfocándose en las autoridades aduaneras quienes son las que deben ocuparse de las prácticas ilegales que se "evidencian en los pasos fronterizos". Pero estas entidades tampoco cuentan con información estadística, investigaciones o datos que puedan contribuir a la estimación del contrabando; y aunque se reconoce el problema, no se toman acciones concretas, lo que hace necesaria la implementación de un compromiso institucional.
Acá, señalan, es fundamental entender el contrabando para poder planificar políticas públicas orientadas a combatirlo. El informe recomienda que se debería crear una política regional que luche en contra de esta actividad ilegal.
Pero más allá, los países padecen de síntomas que obstaculizan la posibilidad de esto. Principalmente porque poseen recursos escasos y pocos datos estadísticos sobre dicho problema.
Como segundo punto destacan que, para establecer medidas eficaces, deben contar con financiamiento y acceso a la información prudente para poder realizar estudios regionales que "permitan tomar decisiones con información veraz".
LaRed define a los convenios de cooperación entre los países del Istmo como imprescindibles para "fortalecer los procedimientos que se aplican en las aduanas en temas de valoración de mercancías, cobro de impuestos, y verificación de mercancías, entre otros". Ante esto, el estudio reflexiona que se debe "recuperar todo el potencial que en materia de prevención y combate del comercio ilícito se encuentra ya en acuerdos, tratados y convenios regionales".
También el marco regulatorio y sancionatorio, derivado del proceso de integración, debe alinearse a lo largo de la región con la finalidad de desmotivar estas prácticas ilegales. No obstante, se debe prestar gran atención al refuerzo de controles y verificación en las aduanas, siempre y cuando se utilice equipo moderno que facilite el comercio, sin atrasarlo.
En la región hay una serie de obstáculos que inciden en que el comercio ilícito sea tan permisivo; entre estos se encuentran "instituciones débiles, escala de valores alterada por la búsqueda del dinero fácil y una compleja situación social", principalmente donde "la pobreza obliga a las personas a buscar una forma de agenciarse de recursos ante la escasez de oportunidades".
Poco indagado
La preocupación es que, a pesar de los efectos que conlleva la actividad, el tema ha sido investigado escasa o nulamente por parte de la países, con excepción de Guatemala, que ha sido el único que ha iniciado, de manera sistemática e integral, a realizar estimaciones del caso.De los pocos estudios recopilados del caso se encuentran los resultados del flujo fronterizo de actividades ilegales, publicado en diciembre de 2014 por la organización Global Financial Integrity (GFI, en inglés).
El resultado del estudio demuestra que entre 2003 y 2012 hubo un flujo financiero ilícito en Centroamérica de US$154.532 millardos, cifra superior al Producto Interno Bruto (PIB) acumulado de las cinco naciones; siendo Costa Rica el que registra el mayor flujo del periodo con casi US$94 millardos.
A este le siguen Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, respectivamente. El Salvador, siendo el cuarto país en la lista, tiene un flujo financiero ilícito total de US$6.278 millardos, con 2007 como el año con mayor tráfico de comercio ilegal (US$1.022 millardos). Pero, aun con estos datos, es difícil definir cuál fue la actividad ilegal que comprende, puesto que estos números representan actividades ilegales transfronterizas como corrupción, contrabando, actividades criminales y evasión de impuestos.
Empero, la región cuenta con el marco legal para poder actuar en contra de esta actividad y lograr su prevención.
El informe indica que, a nivel regional, se pueden identificar diversos instrumentos legales que pueden ser utilizados, un estudio trabajado por LaRed de tanques de pensamiento regional.
