Este mes de noviembre, es clave para tres países centroamericanos que tienen un acuerdo de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos. En enero se vence la última prórroga otorgada a Nicaragua y Honduras, en tanto en marzo, serán los salvadoreños quienes arriben al final de su propio TPS. Sin embargo, la decisión final de la administración Trump, será dada a conocer, obligadamente, el 6 de este noviembre para los nicaragüenses y catrachos.
Los TPS fueron otorgados en diferentes momentos a estos tres países, debido a las duras condiciones de vida tras sucesos catastróficos que asolaron sus territorios. Con los años, estos acuerdos se fueron prorrogando sin mayores problemas ni trabas.
Las personas con TPS están protegidas de una deportación, cuentan con un permiso de trabajo, un número de seguro social y licencia de conducir. Su cantidad fue decreciendo con los años y las sucesivas renovaciones, debido a regresos, fallecimientos, o a la obtención de la ciudadanía por diversos motivos, entre ellos el casamiento con estadounidenses, pero aún son muchos los centroamericanos -conocidos como tepesianos- acogidos bajo los diferentes estatus.
Poco menos de 60.000 hondureños, unos 200.000 salvadoreños y entre 2.500 y 4.600 nicaragüenses, país cuyas cifras no son coincidentes, de acuerdo con la fuente que se consulte, están actualmente bajo esa protección temporal.
A los tres países continentales ya citados, debe sumarse a Haití, cuyos connacionales siguen transitando en oleadas por el territorio mesoamericano, en un viaje desesperado hacia el norte. Las condiciones en esa nación caribeña no han mejorado, pero también ese país se encuentra ante una anunciada suspensión de su TPS. Los líderes tepesianos de la isla, aseguran que el regreso es impensable, con lo cual auguran más problemas cuando su TPS venza.
Nicaragua y Honduras recibieron sus TPS originales en el año 1999, tras la devastación provocada por el huracán Mitch, que azotó la región en octubre de 1998. Los salvadoreños, por su parte, obtuvieron la protección tras los numerosos daños provocados por dos fuertes terremotos en el territorio cuzcatleco, a inicios del año 2001.
Una temida consecuencia
En los casos de El Salvador y Honduras, el regreso de esa masa de migrantes implicaría serios problemas de seguridad, económicos y sociales, pues ninguno de ellos está en condiciones de acogerlos adecuadamente.
Además de no contar con fuentes de trabajo para estos compatriotas eventualmente deportados, habida cuenta que la oferta en ambos países está muy acotada, debe tenerse en cuenta que esos connacionales salieron del país hace muchos años y, mayoritariamente, han formado sus familias en EEUU. Muchos no han regresado jamás, por lo cual ya no conocen el país al cual regresarían.
Ello sería un problema adicional, de tipo social, que las autoridades no están en capacidad de atender, como tampoco lo están de ofrecerles soluciones laborales ni mucho menos viviendas, más que en un pequeño número y no siempre en condiciones adecuadas.
Así lo expresó esta semana el presidente del Banco Central de Honduras, Manuel Bautista, quien teme que, si el gobierno no toma medidas drásticas en caso de un regreso masivo, el país podría sufrir una desestabilización social y económica, agravada por la pérdida de las remesas remitidas por los tepesianos.
El Salvador sería el más perjudicado de ambos, pues el número de cuzcatlecos con TPS es el más alto de la región, y tenerlos de regreso en masa, junto con sus familias, implicaría poco menos que una catástrofe social. No hay fuentes de trabajo disponibles para ellos, más que en un número muy escaso.
Tampoco hay viviendas para alojarlos, pero no se los puede dejar sin atención solidaria. Deben encontrarse soluciones para ambos aspectos del problema. Recientemente, en la reunión de presidentes del Triángulo Norte -efectuada en El Amatillo-, Sánchez Cerén y Juan Orlando Hernández, se comprometieron a trabajar denodadamente, en conjunto, para lograr sendas extensiones, además de abogar por los dreamers acogidos al suspendido DACA.
En estos días, altos funcionarios de ambos países están negociando en Washington, corriendo contra el reloj, para lograr sus objetivos. En esa labor, han obtenido apoyos interesantes, pero escasamente influyentes sobre la Casa Blanca.
El caso de Nicaragua
Nicaragua es, quizás, el país que se vería menos perjudicado por la anulación de su TPS, debido a que su población bajo ese estatus es escasa. El gobierno de Daniel Ortega no ha manifestado mucho interés por una extensión, aunque su Cancillería estaría actuando en tal sentido, con bajo perfil. Es que Daniel Ortega está convencido que sus gestiones serían más negativas que favorables para sus propios tepesianos, habida cuenta que la administración Trump lo ha puesto bajo la lupa.
Según un diplomático nicaragüense, quien pidió estricta reserva sobre su identidad, el gobierno danielista no espera una nueva prórroga, pues entiende que la reciente sanción del Nica Act será la excusa para ello. "No estamos entre los santos predilectos de Trump ni de la derecha hispana que lo apoya", suelen comentar en los círculos del danielismo.
Por otro lado, según fuentes oficiosas cercanas a la vicepresidenta Rosario Murillo, el número de connacionales a regresar, si el TPS es anulado, no es significativo y muy bien se les pueden ofrecer posibilidades de trabajo y vivienda. Empero, no profundizan en ello, e ignoran -por lo menos en público- los efectos familiares y sociales del regreso para esos migrantes, quienes, en su mayoría, no han visitado su patria en muchos años.
Las acciones gubernamentales
En Honduras, su gobierno ha encarado las más decididas acciones para lograr una nueva prórroga y que, con posterioridad, se les otorgue a sus connacionales la residencia permanente. Los voceros gubernamentales aducen que todos los hondureños acogidos al TPS han formado allí sus familias, tienen trabajo, pagan sus impuestos, jamás han dado problemas de seguridad, e incluso algunos se han convertido en prósperos empresarios.
Las gestiones en este sentido, las ha encabezado el mismo presidente Juan Orlando Hernández, apoyándose en el prestigio personal que tienen en EEUU algunos de sus funcionarios, entre ellos el ministro coordinador de gobierno, Ramón Hernández Alcerro, y el actual embajador en Washington, Marlon Tábora.
En Casa Presidencial, el objetivo de mínima es lograr una extensión por seis meses, pero pretenden obtener una prórroga de un año, para dar tiempo al inicio de negociaciones que culminen con la residencia permanente para todos los tepesianos catrachos. Una extensión de dieciocho meses, como fue en otras ocasiones, es impensable en estos momentos y ha sido descartada.
En tanto, la posibilidad de una negativa absoluta a la renovación, causa profunda inquietud entre los más altos funcionarios del presidente Hernández. Ello podría afectar su desempeño electoral, por lo cual, para minimizar eventuales efectos negativos, la administración nacionalista está enfocada en negociar una extensión por cuanta vía sea factible, incluyendo sus amigos y aliados político-ideológicos dentro del Capitolio estadounidense.
Al respecto, queda claro que, en Honduras, nadie en el gobierno con funciones aunque fuere lejanamente relacionadas con los migrantes, está quieto o sin accionar. Todos se encuentran embarcados en lograr la prórroga tan ansiada.
En El Salvador, por su parte, el gobierno también actúa con decisión en tal sentido, con la supuesta ventaja de contar con un par de meses más para el vencimiento de su propio TPS. En su caso, todo indica que la administración del FMLN privilegia los trabajos de incidencia en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad.
La posición de Honduras es similar en ese sentido, pues el presidente Hernández ha reiterado una de sus frases predilectas: una Centroamérica en paz, significa seguridad para EEUU. Una región convulsionada, en cambio, generaría inseguridad para el norte.
El gobierno juanorlandista, por ello, centra muchas de sus acciones en bajar el número de delitos, las cifras de homicidios y en generar condiciones seguras para las comunidades. Se ha hecho mucho, pero todavía falta un largo camino por recorrer. Aun así, la administración de Hernández presenta esos logros y sugiere que podrían perderlos si el TPS se pierde y si no se contempla la posibilidad de residencia permanente para sus connacionales.
Tanto el Plan Alianza para la Prosperidad como el Plan Trinacional de Seguridad Transfronteriza, son cartas con las cuales pretenden jugar El Salvador y Honduras, con el apoyo solidario de Guatemala. Sus negociadores están permanentemente cabildeando ante sus pares estadounidenses para lograr sus respectivas prórrogas, como un gesto de buena voluntad de la administración Trump hacia los esfuerzos que la región hace para pacificarla y para encontrar un camino hacia el desarrollo social y económico.
Los dados están sobre la mesa, pero todavía no se ven los números que quedaron arriba, aunque faltan pocos días para visualizarlos.
