Por AP
El gobierno y los grupos que protagonizaron las protestas del último mes, donde al menos 76 personas han muerto, llevaban a cabo un acercamiento para bajar la tensión del país con la Iglesia Católica como mediadora y garante de las mismas.
Sin embargo, Brenes dijo que optaron por suspender el diálogo, que entraba en su cuarto día, porque no se había logrado ningún consenso. 'Dado que en esta cuarta jornada de diálogo no se ha logrado un consenso, los obispos suspenden la mesa plenaria del dialogo, pero sugieren una comisión mixta (...) para que se logre un consenso y se supere el impase.' La comisión estaría conformada por tres representantes del Gobierno y tres de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Las diferencias entre las autoridades, por un lado, y la sociedad civil, los estudiantes y el sector privado por otro, comenzaron desde la mañana cuando los representantes del presidente Ortega rechazaron que se sometiera a discusión una agenda de 40 puntos presentada por los obispos.
La propuesta planteaba la creación de una hoja de ruta hacia la celebración de elecciones democráticas e incluía una reforma a la ley electoral, adelantar los comicios y prohibir la reelección presidencial, entre otros temas.
Por su parte, el obispo de Nicaragua, Silvio José Báez, publicó en su cuenta de Twitter que el canciller Denis Moncada calificó las reformas políticas, presentadas este miércoles en la mesa de diálogo, como 'un golpe de estado', lo que hacía imposible el diálogo. Agregó que fue imposible seguir con el diálogo nacional, ya que ni siquiera se pudo comenzar con la agenda para buscar la democratización del país. 'Los obispos lo dejamos claro desde el inicio; el objetivo del diálogo era allanar el camino de la democratización de Nicaragua', expresó. 'La agenda nos lleva a un solo punto: un golpe de Estado, porque es la ruta para cambiar al gobierno al margen de la Constitución y las leyes', dijo el canciller Moncada, quien encabezaba la delegación gubernamental.
Las manifestaciones y la tensión en las calles comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social. En cuestión de días, Ortega suspendió dichos cambios, pero las marchas no solo continuaron sino que se hicieron más grandes, y en ellas se empezó a solicitar la renuncia del sandinista, a quien acusaban de autoritarismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el lunes que el gobierno violó los derechos humanos al aplicar fuerza excesiva cuando reprimió a los manifestantes, y pidió la formación de un organismo internacional para investigar los actos de violencia e identificar a los responsables de las 76 muertes y los cientos de heridos.
Los grupos involucrados en el diálogo acordaron crear una comisión para dar seguimiento a estas recomendaciones y, según una de sus participantes, la abogada Azalea Solís, el gobierno aceptó los hallazgos, aunque no hizo comentarios.
Pero ese aparente entendimiento quedó truncado el miércoles al llegar al punto medular de intentar sentar las bases para la realización de elecciones democráticas.
Moncada indicó que estarían abiertos a discutir cualquier temática, dentro del marco constitucional, pero puso como condición que se desmontaran los bloqueos de carreteras que, según dijo, están afectando a gran parte de los habitantes.
'No podemos estar discutiendo casi 40 puntos de la agenda mientras los tranques hacen languidecer a la población', dijo el canciller en referencia a los bloqueos en la capital y en varios departamentos.
La sociedad civil, los estudiantes y el sector privado rechazaron de inmediato los señalamientos de que se está produciendo un golpe de Estado.
'Esta agenda no es de ninguna manera una ruta para un golpe de Estado, sino una ruta para un cambio democrático que es lo que ha pedido el pueblo con marchas multitudinarias recientes en todo el país, y que desde hace años la sociedad civil ha demandado al gobierno", dijo Carlos Tünnermann, exministro de Educación.
Horas antes que se suspendiera el diálogo, fuerzas paramilitares del gobierno atacaron a ciudadanos que se encontraban en diferentes bloqueos, lo que derivó en un muerto y al menos 10 heridos en León, 90 kilómetros al occidente de Managua, según confirmaron servicios de rescate.
La primera sesión de conversaciones entre el gobierno y la sociedad civil se efectuó el 16 de mayo, un encuentro marcado por la tensión. Ese día Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta y portavoz del gobierno, tuvieron que escuchar duras acusaciones y gritos que los tachaban de "asesinos".
"Ordene ya, en este mismo momento, el cese de la represión de la policía, de las fuerzas paramilitares, de las turbas de su partido que nos han estado masacrando y matando", le espetó Lester Alemán, uno de los dirigentes de los estudiantes antes incluso de que el mandatario pudiera tomar la palabra.
El gobierno y los grupos que protagonizaron las protestas del último mes, donde al menos 76 personas han muerto, llevaban a cabo un acercamiento para bajar la tensión del país con la Iglesia Católica como mediadora y garante de las mismas.
Sin embargo, Brenes dijo que optaron por suspender el diálogo, que entraba en su cuarto día, porque no se había logrado ningún consenso. 'Dado que en esta cuarta jornada de diálogo no se ha logrado un consenso, los obispos suspenden la mesa plenaria del dialogo, pero sugieren una comisión mixta (...) para que se logre un consenso y se supere el impase.' La comisión estaría conformada por tres representantes del Gobierno y tres de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Las diferencias entre las autoridades, por un lado, y la sociedad civil, los estudiantes y el sector privado por otro, comenzaron desde la mañana cuando los representantes del presidente Ortega rechazaron que se sometiera a discusión una agenda de 40 puntos presentada por los obispos.
La propuesta planteaba la creación de una hoja de ruta hacia la celebración de elecciones democráticas e incluía una reforma a la ley electoral, adelantar los comicios y prohibir la reelección presidencial, entre otros temas.
Por su parte, el obispo de Nicaragua, Silvio José Báez, publicó en su cuenta de Twitter que el canciller Denis Moncada calificó las reformas políticas, presentadas este miércoles en la mesa de diálogo, como 'un golpe de estado', lo que hacía imposible el diálogo. Agregó que fue imposible seguir con el diálogo nacional, ya que ni siquiera se pudo comenzar con la agenda para buscar la democratización del país. 'Los obispos lo dejamos claro desde el inicio; el objetivo del diálogo era allanar el camino de la democratización de Nicaragua', expresó. 'La agenda nos lleva a un solo punto: un golpe de Estado, porque es la ruta para cambiar al gobierno al margen de la Constitución y las leyes', dijo el canciller Moncada, quien encabezaba la delegación gubernamental.
Las manifestaciones y la tensión en las calles comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social. En cuestión de días, Ortega suspendió dichos cambios, pero las marchas no solo continuaron sino que se hicieron más grandes, y en ellas se empezó a solicitar la renuncia del sandinista, a quien acusaban de autoritarismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el lunes que el gobierno violó los derechos humanos al aplicar fuerza excesiva cuando reprimió a los manifestantes, y pidió la formación de un organismo internacional para investigar los actos de violencia e identificar a los responsables de las 76 muertes y los cientos de heridos.
Los grupos involucrados en el diálogo acordaron crear una comisión para dar seguimiento a estas recomendaciones y, según una de sus participantes, la abogada Azalea Solís, el gobierno aceptó los hallazgos, aunque no hizo comentarios.
Pero ese aparente entendimiento quedó truncado el miércoles al llegar al punto medular de intentar sentar las bases para la realización de elecciones democráticas.
Moncada indicó que estarían abiertos a discutir cualquier temática, dentro del marco constitucional, pero puso como condición que se desmontaran los bloqueos de carreteras que, según dijo, están afectando a gran parte de los habitantes.
'No podemos estar discutiendo casi 40 puntos de la agenda mientras los tranques hacen languidecer a la población', dijo el canciller en referencia a los bloqueos en la capital y en varios departamentos.
La sociedad civil, los estudiantes y el sector privado rechazaron de inmediato los señalamientos de que se está produciendo un golpe de Estado.
'Esta agenda no es de ninguna manera una ruta para un golpe de Estado, sino una ruta para un cambio democrático que es lo que ha pedido el pueblo con marchas multitudinarias recientes en todo el país, y que desde hace años la sociedad civil ha demandado al gobierno", dijo Carlos Tünnermann, exministro de Educación.
Horas antes que se suspendiera el diálogo, fuerzas paramilitares del gobierno atacaron a ciudadanos que se encontraban en diferentes bloqueos, lo que derivó en un muerto y al menos 10 heridos en León, 90 kilómetros al occidente de Managua, según confirmaron servicios de rescate.
La primera sesión de conversaciones entre el gobierno y la sociedad civil se efectuó el 16 de mayo, un encuentro marcado por la tensión. Ese día Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta y portavoz del gobierno, tuvieron que escuchar duras acusaciones y gritos que los tachaban de "asesinos".
"Ordene ya, en este mismo momento, el cese de la represión de la policía, de las fuerzas paramilitares, de las turbas de su partido que nos han estado masacrando y matando", le espetó Lester Alemán, uno de los dirigentes de los estudiantes antes incluso de que el mandatario pudiera tomar la palabra.
