Berta Cáceres, joven lideresa lenca, ambientalista y dirigente del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), había sido asesinada en La Esperanza por un grupo de sicarios.
El gobierno, los dirigentes políticos, los referentes sociales, las instancias de investigación del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad, todos, reaccionaron de inmediato. Unos para criticar el accionar oficial, al que acusaron -como mínimo- de indolencia en la defensa de los ambientalistas y dirigentes étnicos, otros para iniciar las investigaciones del caso.
Hoy mismo, dos días antes de cumplirse un año del asesinato de Cáceres, miembros de organizaciones y pueblos indígenas se manifestaron en su memoria, en una actividad organizada por miembros por el Copinh.
"Es una manifestación para conmemorar para lo que el Copinh llama la siembra de la vida de Berta Cáceres en la conciencia nacional", expresó Victor Fernández, coordinador de la unidad de pueblos indígenas de Honduras y apoderado legal en caso Berta Cáceres.
Ocho detenidos, pocos avances
Desde el primer día, los familiares de la lideresa y sus compañeros del COPINH acusaron del crimen a la empresa DESA, constructora de la represa Agua Zarca, sobre el río Blanco, considerado sagrado por los Lencas. Asimismo, co-acusaron al gobierno del presidente Hernández y a las Fuerzas Armadas de complicidad en éste y otros crímenes contra ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, abogados y comunicadores sociales.
La familia de Berta y la dirigencia del COPINH no dejaron ni un solo día de peticionar y accionar, dentro y fuera de Honduras, para que se esclareciera el crimen. En ese marco, contaron siempre con la solidaridad de organizaciones nacionales, pero por sobre todo, de las internacionales que defienden el medio ambiente y los Derechos Humanos.
Por su parte, el Ministerio Público, a través de ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal), con el apoyo de otras instancias policiales, logró la identificación y aprehensión de ocho individuos, tres de ellos militares o ex militares, a quienes mantiene acusados de la autoría material. Además, uno de los detenidos era, al momento de su arresto, funcionario de la cuestionada empresa DESA, lo cual pareció justificar las acusaciones del entorno de Berta.
La familia de Cáceres se manifestó conforme con las capturas, pero, a la vez, sigue pidiendo por la individualización del o los autores intelectuales, que ellos centran en la citada empresa. Cabe señalar que el Ministerio Público concretó un allanamiento a la sede de la misma, poco después del crimen, pero hasta la fecha, no ha dado a conocer sus hallazgos. Sus investigadores y voceros se escudan en el secreto de sumario.
Ello no conforma ni a los familiares, ni a sus apoderados legales, ni a la dirigencia del COPINH, ni a las organizaciones internacionales que acompañan sus protestas y pedidos. Además, justifican sus quejas en algunas situaciones irregulares, que califican de sospechosas, como el robo del expediente completo de la causa a una alta funcionaria judicial que lo llevaba en su vehículo particular, para trabajar en su domicilio.
En ese entorno, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) -en un pronunciamiento que ha hecho público hoy-, alerta sobre los problemas que presenta el proceso judicial, refiriéndose en primer lugar a la falta de transparencia con que se ha manejado y maneja el caso, pese al anuncio de la captura de ocho presuntos responsables de la muerte de la lideresa lenca.
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En enero de este año, un nuevo revulsivo agitó las esferas oficiales. El informe de Global Witness, lapidario respecto de los asesinatos de ambientalistas y sumamente crítico del accionar oficial respecto a ello, fue rápidamente señalado de tendencioso y falto de rigor estadístico desde varias esferas del oficialismo.
Hubo reacciones prudentes, sensatas, como las del mismo presidente Hernández y las del ministro coordinador, Hernández Alcerro, pero también hubo algunos desbordes que poco hicieron en favor de la imagen de la administración nacionalista, con referentes cachurecos pecando de intolerantes y autoritarios.
La intervención de funcionarios de la ONU para resguardar la integridad de los voceros de Global Witness al salir de un programa de televisión, no fue lo ideal para un gobierno que intenta cambios profundos en la situación de violencia que vive la sociedad hondureña.
Las marchas solicitando esclarecer el asesinato de la ambientalista han sido constantes desde hace un año.
Dicho informe fue defendido, en cambio, por las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, asegurando que los datos allí expuestos fueron tomados de estadísticas oficiales.
El trabajo de la ONG internacional, pareció convertirse en un catalizador de la pérdida de paciencia que va ganando a la opinión pública hondureña, en un marco de violencia social y ante la persistencia de fenómenos delictivos como la extorsión.
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Amnistía Internacional (AI) denunció hace apenas unos días una 'vergonzosa' investigación y 'lagunas judiciales' en torno al asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, lo que da un mensaje 'aterrador' a cientos de activistas. 'La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos', detalló AI en un boletín.
La administración del presidente Hernández ha asumido con decisión la lucha contra el crimen, sea éste organizado o común, pero hasta ahora, los logros han sido empañados por la persistencia de atentados y la mudanza de la extorsión a otros ámbitos, como el de las empresas extranjeras con sedes locales.
Honduras, país muy peligroso para los ambientalistas
En cuanto a la situación de los ambientalistas, las muertes prosiguieron a lo largo del año transcurrido desde el 3 de marzo de 2016. Dicen que toda muerte violenta es injustificada y dolorosa, pero pareciera que algunas lo son más, pues cualquier ciudadano, consultado en la calle, sabe quién es -o fue- Berta Cáceres, pero muy pocos conocen los nombres de otros asesinados. A todas luces una injusticia, pero entendible y explicable desde la Piscología Social, pues la población tiene un umbral de percepción que modifica para no caer en la anomia y la desesperanza.
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En este entorno, desde las diferentes instancias de Seguridad, se han desarrollado -y se siguen desplegando- acciones en todo el país, pero las mismas han estado más orientadas a la desarticulación de bandas criminales que a la defensa y protección de los dirigentes sociales. Es que éstos suelen rehuir las ofertas de darles custodias permanentes, escudándose en el argumento de que los miembros de las fuerzas de seguridad y militares no son confiables.
Recientemente, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas penales, criticadas por la oposición, pero defendidas por el oficialismo, que entiende que serán herramientas más aptas para el combate al delito. La discusión persiste, y sólo el tiempo dirá si las mismas son adecuadas y efectivas o sólo quedarán en el papel, sin aplicación real.
Este es un año electoral, por lo cual desde cada sector político, se ha comenzado a poner el énfasis en los temas que interesan a la ciudadanía, pero más con el objetivo de llevar agua a sus propios molinos, que de lograr el esclarecimiento de los casos que, como el crimen de Berta Cáceres, conmocionaron a la sociedad.
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Lo cierto es que la violencia contra ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, abogados y comunicadores no amaina, sino que se mantiene, a pesar de los esfuerzos de la administración Hernández.
Mientras la oposición se encarniza en sus acusaciones, sin brindar opciones creíbles, el oficialismo sigue centrado en sus propios argumentos, defendidos con seriedad por algunos funcionarios, pero con criticables actitudes por parte de otros, algo que el mismo presidente Hernández ha desaconsejado.
