Situación fiscal: sin una agenda de cambios en la política fiscal, es imposible que el próximo gobierno pueda cumplir las demandas sociales crecientes, y ni siquiera con una gestión de Estado sustentable.
Actualmente, los ingresos fiscales representan apenas el 10,8 % del PIB (la meta mínima indicativa establecida en los Acuerdos de Paz es de 13,2% y el promedio de la carga tributaria en Centroamérica es del 14%).
Reestructuración de la SAT: para que el sistema recaudatorio pueda funcionar, el país necesita que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) esté en pleno y eficiente funcionamiento. La entidad sigue con jefes interinos. Poco antes que estallara la crisis de corrupción de La Línea, el ex presidente Pérez Molina había informado que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) cooperaría en la reestructuración de la SAT, lo cual incluye la elección de cargos dentro de la institución y las reformas a su ley orgánica. Este estudio sería realizado por el Icefi y discutido luego por el grupo denominado G40, integrado por analistas y académicos especializados en economía.
Por entonces se conoció también que el grupo llamado G13 (integrado por países cooperantes y organismos internacionales, entre ellos BM y ONU) apoyaría tal proceso.
Esta es, sin dudas, una prioridad que deberá motorizar la nueva gestión para contar con finanzas públicas sólidas.
Reforma política: desde hace tiempo representantes de la sociedad civil vienen demandando al Congreso aprobar con urgencia una reforma política orientada a garantizar la democratización interna de los partidos. La denominada Convergencia Nacional para la Reforma Política (CONAREP) recordó que desde 2011 han planteado cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos con el fin de que se transparente la financiación de los partidos y de las campañas. Esta demanda ahora está en el primer lugar de la agenda social y la sociedad se mantendrá pendiente de su cumplimiento.
Avance de investigación por corrupción e ilícitos: el nuevo gobierno convivirá con el inició de un nuevo período de gestión de la Comisión contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Según anticipó el comisionado Iván Velásquez, el nuevo ciclo de la organización (abarca 2015-2017) tendrá una nueva agenda investigativa que profundizará en otros temas, como despojo de tierras en comunidades indígenas, la incidencia del narcotráfico en la política y la financiación irregular de los partidos.
El titular de la CICIG afirmó que se conseguirán mayores aportes para encarar estos nuevos procesos investigativos y confirmó que la Unión Europea (UE) y países como Alemania, Canadá, o Estados Unidos están estudiando ofrecer "un mayor respaldo".
A este plan de trabajo que iniciará CICIG, se debe agregar que la Comisión ya dejó en calidad de "pedido de antejuicio" para cuatro legisladores del partido LIDER y para su candidato a vicepresidente, Edgard Barquín, por lavado de dinero y otros activos, que en los últimos siete u ocho años filtró no menos de US$937 millones y financió a políticos y partidos.
Control social: el próximo gobierno que asuma estará bajo el estricto escrutinio de una sociedad altamente movilizada que ha dado un salto cualitativo e histórico en sus niveles de participación. Lo que logró con su lucha en la calle, en paz y con perseverancia, derrocando a la cúpula de un gobierno acusado de corrupción, le servirá como sólida base para pararse ante nuevos reclamos y virtuales erráticos rumbos que pueda adoptar la nueva gestión de gobierno.
Gobernabilidad y eficiencia de gestión: finalmente, quien resulte electo en octubre estará obligado a gobernar con una gran pericia para lograr acuerdos en el seno del Congreso, que le permitan implementar políticas públicas estratégicas (en particular las vinculadas a combate de pobreza, generación de oportunidades de educación, seguridad, creación de empleo genuino), y a estos efectos ni el populismo tradicional, ni la demagogia superflua, ni la incapacidad bien intencionada alcanzan. Guatemala, más que nunca, necesita de expertos avezados en la gestión pública con ideas claras y capacidad de ejecución.
