En 2014, la economía salvadoreña perdió US$8.175 por cada persona en edad de trabajar que fue asesinada de forma violenta en el país, según los datos del estudio sobre el costo de la violencia realizado por la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva (Redibacen).
Como parte de su estudio, los investigadores de Redibacen realizaron un cálculo de la productividad promedio ponderada que la violencia le resta a la economía, es decir, el aporte en términos de producción que una persona pudo generar, pero que no concretó al ser asesinado hace dos años, explicó el economista e investigador Arnulfo Quintanilla.
"La Policía Nacional Civil (PNC) reporta datos de fallecidos, con base a ellos se establecieron los datos de actividad económica a la que se dedicaban estas personas. Con eso, se estimó la producción que se perdió tanto por los pandilleros, fallecidos e incapacidades de víctimas", dijo.
Kenny Medrano, otra de las coautoras del estudio, detalló que como parte del análisis efectuado por el equipo, se detectó que los asesinatos se concentraban en sectores económicos como la maquila (industria manufacturera), el rubro agropecuario en todas sus ramas, la construcción y el comercio.
"Por ponerle ejemplos, había casos en ese listado de fallecidos por motivos de violencia, panaderos, comerciantes, cobradores, entonces vimos dentro de la producción del país, cuánto era la productividad en esos sectores en específico", añadió el economista César Alvarado.
Según las estadísticas retomadas por Redibacen, en 2014 se registraron 3,912 víctimas de homicidios. Muchos de ellos se dedicaban a actividades como panadería, albañilería, empleados del transporte público o comerciantes, actividades caracterizadas por niveles académicos y salariales más bajos que otros, lo cual se reflejó en que, la productividad de los fallecidos por violencia hubiese sido más baja que el indicador de productividad nacional.
"No le podemos dar la misma medida de productividad (…) habrá salvadoreños ocupados, personas ocupadas que van a producir más y otros, menos", recalcó otra de las coautoras del documento, Margarita Peñate.
De forma global, la producción perdida por homicidios y desapariciones se estimó en el estudio en $43.6 millones.
Producción perdida
El estudio también define un costo de oportunidad en producción que se pierde por otros factores, por ejemplo: si los pandilleros en edad de trabajar lo hicieran, el país hubiese tenido una producción de bienes y servicios adicional por US$817,5 millones.
Los reos del sistema penitenciario en edad productiva, por su parte, podrían haber aportado unos US$279.4 millones si trabajasen, mientras que la migración de personas que huyen de la violencia y no trabajan aquí, le cuestan al país US$66,2 millones.
"Las personas privadas de libertad o estos grupos que hemos diseñado estarían trabajando en áreas de servicios, comercios, aquellos sectores que no les requieren elevados niveles de educación, puesto que la educación de estas personas llega hasta un sexto año o un octavo año", añadió Peñate.
El estudio define también que el hecho de que algunas víctimas queden incapacitadas para trabajar tiene un costo de US$6.3 millones, a lo que se suman US$700.000 en concepto del trabajo que dejan de realizar los familiares de una víctima.
Datos de crímenes utilizados
Según los investigadores, una de las dificultades para dimensionar los costos de la violencia fue la disponibilidad de los datos, pues muchos delitos no se denuncian. "Hay una brecha entre la denuncia y la ocurrencia de delitos, entonces no se puede tomar únicamente la información de los delitos denunciados porque hay muchos que no han sido reportados", dijo el co autor del estudio, César Alvarado.
Por ello, los investigadores realizaron un "ajuste" de los datos tomando en cuenta que, según el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), solo el 23,5% de las víctimas denunció el delito. Tras ese cálculo, se estimaron 20.111 robos en 2014, 23.512 hurtos, 3.912 homicidios, 1.932 violaciones, 6.868 casos de extorsión y 1.667 desapariciones.
Banco Mundial ve violencia en El Salvador como traba social y de desarrollo
El director del Banco Mundial (BM) para Centroamérica, Humberto López, advirtió de que las "extremadamente altas" tasas de violencia y criminalidad que sufre El Salvador son un escollo social y también de desarrollo.
"En el Banco lo vemos no solo como un problema social, que lo es, sino también como un problema de desarrollo", manifestó el directivo español, de origen vasco, durante una entrevista con Acan-Efe en Guatemala, en la que no dudó en agregar que esta situación tiene además un "impacto negativo" en el clima de inversiones y en el crecimiento.
Según explicó el economista, las compañías salvadoreñas dedican alrededor de un 4% de sus ventas a mejorar su seguridad, debido, sobre todo, a los altos índices de violencia, que se cobraron 2.222 vidas en los tres primeros meses de 2016.
Pero en un país cuyo crecimiento económico se sitúa en un 2,5 %, la situación se agrava, pues no se generan empleos ni oportunidades para los más jóvenes, que en muchas ocasiones caen en la "tentación" de entrar en una pandilla o en grupos de narcotráfico.
Es ahí, manifestó López, donde está el peligro de "entrar en un círculo vicioso", por lo que el Banco Mundial implementa programas de prevención, empleabilidad y apoyo a municipalidades.
Las autoridades de Seguridad acusan a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de generar la escalada de violencia que vive El Salvador en 2016.
Recientemente el Ejecutivo salvadoreño desplegó dos batallones especiales de seguridad con el objetivo de combatir la violencia y recuperar los territorios tomados por las pandillas.
Cuestionado sobre estas medidas, el director del BM para Centroamérica fue enfático en decir que este aspecto de la lucha contra el crimen está dentro de dar cumplimiento a la ley, mientras que la entidad mundial trabaja únicamente y exclusivamente en la prevención.
