Por La Prensa (Nicaragua)
Seis años después que 61 diputados orteguistas aprobaran en la Asamblea Nacional la ley de construcción del canal interoceánico, no hay absolutamente una obra sola visible que augure el inicio de "la obra de ingeniería más grande del mundo".
La polémica Ley 840, cedió la soberanía nacional al empresario chino Wang Jing, para la construcción de un nuevo canal para el tránsito de mercancías, un proyecto que levantó protestas en las zonas delimitadas para la obra.
De acuerdo con el periódico La Prensa de Nicaragua, este 13 de junio se vence el plazo de seis años para que la empresa china HKND muestre pruebas concretas de que puede financiar la construcción de la obra bautizada como Gran Canal Interoceánico, un megaproyecto estimado en US$50.000 millones.
De no comprobarse capacidad, la ley puede ser derogada sin perjuicio para el Estado nicaragüense.
El 3 de julio del 2012, con el cuento de que Nicaragua avanzaría en una ruta definitiva para "derrotar la pobreza heredada del pasado neoliberal" se aprobó la Ley del Régimen Jurídico del proyecto del Gran Canal y de la Autoridad del Gran Canal, para sentar las bases legales del fallido intento de canal.
El 13 de junio de 2013, entre discursos de fantasiosas cuentas de riqueza, 61 diputados designados por Ortega aprobaron a espaldas del pueblo la denominada "Ley Especial para el
Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas".
El proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, en resumen, se trataba de una inversión privada del empresario chino Wang Jing, bajo su firma Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND-Group).
El monto de la obra ascendía a unos cincuenta mil millones de dólares. Tendría una extensión de 278 kilómetros, tres veces más largo que el Canal de Panamá, entre la costa del Pacífico del país y la del Caribe.
El gobierno de Ortega esperaba que el crecimiento promedio pasara del 4.5% del PIB a un 10% en los primeros años de operación del canal, más la creación de unos 50.000 empleos durante los cinco años de construcción y otros 200.000 cuando empezara a funcionar a fines del 2019 o inicios de 2020.
La denominada Comisión del Canal fue conformada por 16 funcionarios públicos, entre ellos Laureano Ortega; el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro; el comisionado general y jefe de facto de la Policía, Francisco Díaz; el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, entre otros.
Se anunciaron carreras universitarias con un perfil de utilidad para el canal, se impartiría el idioma chino mandarín en las escuelas y centros de trabajo y se construirían complejos
de viviendas para albergar a los miles de trabajadores de todo el mundo.
La empresa privada, aliada incondicional del régimen en esas fechas, analizaba las posibilidades de negocios y surgían preocupaciones logísticas como esta: HKND iba a requerir a partir de 2015 12,5 toneladas de carnes, 37,5 toneladas de arroz y 25 toneladas de vegetales por día para alimentar a los primeros 50.000 obreros.
El 14 de junio de 2013, Ortega y Jing firmaron el Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos, en que se le concedían al empresario chino poderes ilimitados sobre la soberanía nicaragüense por un lapso de 100 años. Era un documento de 120 páginas de las disposiciones del Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos, que contenía, según análisis jurídicos independientes, violaciones a más de 40 artículos de la Constitución Política.
Se le entregaron a Wang Jing todos los derechos de uso de tierra, aire, agua, espacios marítimos y recursos naturales del país.
El Estado tendría solamente el 1% de las acciones una vez que entraran en operaciones el Canal, y tendría que transcurrir medio siglo para aspirar al 50% de las acciones.
A la vez, el Estado renunció a su inmunidad soberana y de sus recursos a favor de HKND, al acordar que los bienes y cuentas del Estado nicaragüense, incluyendo las reservas del Banco Central de Nicaragua, podrían ser intervenidos "a favor del inversionista o del concesionario".
El trazado del cauce tendría 278 kilómetros de longitud, 520 metros de ancho y hasta 30 metros de profundidad.
La vía atravesaría 105 kilómetros del lago Cocibolca y debería estar listo, según lo anunciado en 2013 y ratificado en 2014, a fines de 2019, a un costo superior a 50.000 millones de dólares, más de cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de este país de 6,2 millones de habitantes, de los que 40 por ciento viven en condición de pobreza.
En octubre de 2015, el sueño de la "tierra prometida", como lo dijo Daniel Ortega, refiriéndose al canal, empezó a desvanecerse cuando se conoció que Wang Jing había perdido el 85 por ciento de su fortuna por las caídas de las acciones de Xinwei.
La agencia Bloomberg reportó en ese momento que el capital del empresario pasó de 10,200 millones de dólares a 1,100 millones.
Según los planes, la ruta del canal afectaría a 10 municipios: Bluefields, Nueva Guinea, San Miguelito, San Carlos, Rivas, Tola, El Castillo, Altagracia, San Jorge y San Juan del Sur.
También comenzaron las marchas rurales y la represión. Hubo más de cien marchas campesinas en todo el país y la mayoría fueron reprimidas por la Policía al servicio del dictador, mientras se multiplicaban el asedio y la persecución de los líderes campesinos como Francisca Ramírez, Medardo Mairena y contra activistas ambientales como Mónica López Baltodano y Octavio Ortega.
La decisión del proyecto nunca se sometió a consultas o a un referendo. Tampoco se conocieron estudios de viabilidad económica y ambiental del proyecto. La ruta interoceánica estaba prevista para cruzar el lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua de Centroamérica.
Seis años después que 61 diputados orteguistas aprobaran en la Asamblea Nacional la ley de construcción del canal interoceánico, no hay absolutamente una obra sola visible que augure el inicio de "la obra de ingeniería más grande del mundo".
La polémica Ley 840, cedió la soberanía nacional al empresario chino Wang Jing, para la construcción de un nuevo canal para el tránsito de mercancías, un proyecto que levantó protestas en las zonas delimitadas para la obra.
De acuerdo con el periódico La Prensa de Nicaragua, este 13 de junio se vence el plazo de seis años para que la empresa china HKND muestre pruebas concretas de que puede financiar la construcción de la obra bautizada como Gran Canal Interoceánico, un megaproyecto estimado en US$50.000 millones.
De no comprobarse capacidad, la ley puede ser derogada sin perjuicio para el Estado nicaragüense.
Antecedentes de un proyecto faraónico
La historia del Gran Canal Interoceánoico comenzó en 2012 cuando el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, regresó de una gira por China anunciando inversiones importantes para Nicaragua.El 3 de julio del 2012, con el cuento de que Nicaragua avanzaría en una ruta definitiva para "derrotar la pobreza heredada del pasado neoliberal" se aprobó la Ley del Régimen Jurídico del proyecto del Gran Canal y de la Autoridad del Gran Canal, para sentar las bases legales del fallido intento de canal.
El 13 de junio de 2013, entre discursos de fantasiosas cuentas de riqueza, 61 diputados designados por Ortega aprobaron a espaldas del pueblo la denominada "Ley Especial para el
Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas".
El proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, en resumen, se trataba de una inversión privada del empresario chino Wang Jing, bajo su firma Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND-Group).
El monto de la obra ascendía a unos cincuenta mil millones de dólares. Tendría una extensión de 278 kilómetros, tres veces más largo que el Canal de Panamá, entre la costa del Pacífico del país y la del Caribe.
El gobierno de Ortega esperaba que el crecimiento promedio pasara del 4.5% del PIB a un 10% en los primeros años de operación del canal, más la creación de unos 50.000 empleos durante los cinco años de construcción y otros 200.000 cuando empezara a funcionar a fines del 2019 o inicios de 2020.
La denominada Comisión del Canal fue conformada por 16 funcionarios públicos, entre ellos Laureano Ortega; el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro; el comisionado general y jefe de facto de la Policía, Francisco Díaz; el vicepresidente de Albanisa, Francisco López, entre otros.
Se anunciaron carreras universitarias con un perfil de utilidad para el canal, se impartiría el idioma chino mandarín en las escuelas y centros de trabajo y se construirían complejos
de viviendas para albergar a los miles de trabajadores de todo el mundo.
La empresa privada, aliada incondicional del régimen en esas fechas, analizaba las posibilidades de negocios y surgían preocupaciones logísticas como esta: HKND iba a requerir a partir de 2015 12,5 toneladas de carnes, 37,5 toneladas de arroz y 25 toneladas de vegetales por día para alimentar a los primeros 50.000 obreros.
El 14 de junio de 2013, Ortega y Jing firmaron el Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos, en que se le concedían al empresario chino poderes ilimitados sobre la soberanía nicaragüense por un lapso de 100 años. Era un documento de 120 páginas de las disposiciones del Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos, que contenía, según análisis jurídicos independientes, violaciones a más de 40 artículos de la Constitución Política.
Se le entregaron a Wang Jing todos los derechos de uso de tierra, aire, agua, espacios marítimos y recursos naturales del país.
El Estado tendría solamente el 1% de las acciones una vez que entraran en operaciones el Canal, y tendría que transcurrir medio siglo para aspirar al 50% de las acciones.
A la vez, el Estado renunció a su inmunidad soberana y de sus recursos a favor de HKND, al acordar que los bienes y cuentas del Estado nicaragüense, incluyendo las reservas del Banco Central de Nicaragua, podrían ser intervenidos "a favor del inversionista o del concesionario".
El trazado del cauce tendría 278 kilómetros de longitud, 520 metros de ancho y hasta 30 metros de profundidad.
La vía atravesaría 105 kilómetros del lago Cocibolca y debería estar listo, según lo anunciado en 2013 y ratificado en 2014, a fines de 2019, a un costo superior a 50.000 millones de dólares, más de cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de este país de 6,2 millones de habitantes, de los que 40 por ciento viven en condición de pobreza.
En octubre de 2015, el sueño de la "tierra prometida", como lo dijo Daniel Ortega, refiriéndose al canal, empezó a desvanecerse cuando se conoció que Wang Jing había perdido el 85 por ciento de su fortuna por las caídas de las acciones de Xinwei.
La agencia Bloomberg reportó en ese momento que el capital del empresario pasó de 10,200 millones de dólares a 1,100 millones.
Según los planes, la ruta del canal afectaría a 10 municipios: Bluefields, Nueva Guinea, San Miguelito, San Carlos, Rivas, Tola, El Castillo, Altagracia, San Jorge y San Juan del Sur.
También comenzaron las marchas rurales y la represión. Hubo más de cien marchas campesinas en todo el país y la mayoría fueron reprimidas por la Policía al servicio del dictador, mientras se multiplicaban el asedio y la persecución de los líderes campesinos como Francisca Ramírez, Medardo Mairena y contra activistas ambientales como Mónica López Baltodano y Octavio Ortega.
La decisión del proyecto nunca se sometió a consultas o a un referendo. Tampoco se conocieron estudios de viabilidad económica y ambiental del proyecto. La ruta interoceánica estaba prevista para cruzar el lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua de Centroamérica.
