No es para menos, pues un análisis, aún uno superficial, muestra con claridad la dependencia económica del país respecto de los Estados Unidos. Se puede advertir tan sólo con los siguientes guarismos:
Honduras recibe, diariamente, remesas por unos 242 millones de lempiras (US$10,5 millones). Para fines de este año, según proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH), el monto total ingresado será de unos 88.550 millones de lempiras (US$3.850 millones).
Para entender el significado de este monto, baste saber que el presupuesto oficial 2016 para los ministerios del actual gabinete de gobierno, es de 153.000 millones de lempiras. Ello significa que aproximadamente el 50% del gasto anual del Poder Ejecutivo es posible financiarlo gracias a las remesas que llegan, mayoritariamente desde EEUU, las cuales representan el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Parte de la propuesta anti-inmigratoria de Trump, es congelar todos los envíos de remesas a través de compañías como Western Union y Money Gram; aplicar gravámenes a los productos importados desde Latinoamérica; dejar sin efecto los tratados de libre comercio con la región; cancelar visas turísticas de países "problemáticos" y aumentar los importes de las gestiones consulares.
Estos propósitos provocarían gran preocupación en el gobierno del presidente Hernández, a lo cual se le suma la posibilidad de la anulación del Plan Alianza para la Prosperidad. De concretarse uno o ambos factores, la situación puede volverse grave en el país. Seguramente, el primer mandatario y sus colaboradores, ya están analizando y evaluando opciones a futuro, ante la eventual concreción de algunas de estas medidas.
Al respecto, en estos días, Trump declaró, en una entrevista televisiva, que en sus primeros días de gobierno, deportará a unos dos o tres millones de indocumentados. No llevó precisamente alivio a las mentes y espíritus catrachos.
Por su parte, los empresarios hondureños también ven con preocupación el triunfo de Trump. Aunque ninguno avizora un futuro apocalíptico, por lo menos no en público, las anunciadas medidas anti inmigrantes y el deseo de abatir los acuerdos de libre comercio, están entre las esperadas decisiones de la nueva administración estadounidense, que se ven como inquietantes.
Estas eventualidades generan desasosiego entre los socios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), entidad madre que nuclea a todas las cámaras empresariales del país, cuyos exportadores negocian algo más del 36 % de su producción en EEUU.
Una cifra suficientemente alta como para generar temores, pues indexa la economía nacional al devenir estadounidense. Cabe señalar que los principales productos que van a ese país son café, tilapia, melón, azúcar, aceite de palma, textiles y ropa de confección en maquilas.
Ante este eventual entorno, con una reducción de las exportaciones enmarcadas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los exportadores han comenzado a analizar una diversificación de los mercados y la promoción del intercambio regional, según señala José Raúl López Fonseca, presidente de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras (FENADUANAH).
"Es algo que nos preocupa muchísimo, porque el señor Trump ha dicho que la política comercial de los Tratados de Libre Comercio, desde su óptica, son en desventaja de Estados Unidos". Para López Fonseca, ello significaría problemas para los exportadores hondureños, quienes deberían buscar mercados alternativos, los que podrían ser Europa, China o los vecinos centroamericanos.
Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Enrique Medina, se ha manifestado preocupado por la cuestión migratoria, pues si Trump aplicara un gravamen a las remesas en dólares o las prohibiera, eso implicaría un fuerte shock. Medina, además, indica que las remesas en Honduras, que este año sumarán casi US$4.000 millones, son la principal fuente de divisas, superior al conjunto de las exportaciones agropecuarias y textiles y a los ingresos provenientes del turismo.
En tanto, el presidente del COHEP, Luis Larach, se muestra mucho más tranquilo, pues entiende que los convenios exceden un período presidencial, ya que "son acuerdos que se llevan conforme a los planes estratégicos de nación" de los Estados Unidos.
Además, para Larach "la institucionalidad e independencia de poderes trabaja perfectamente en Estados Unidos, y eso genera un balance". Quizás olvida que los republicanos dominarán ambas cámaras del Congreso y que Trump tendrá fuerte influencia sobre la Corte Suprema de Justicia.
En este punto, un ex funcionario estatal, que pidió reserva de su nombre, nos manifiesta que "quizás en el Congreso las cosas se le pongan difíciles si avanza en su proclamada intención de introducir una enmienda constitucional, para poner un límite en la cantidad de mandatos a los que puede acceder un parlamentario. Se sabe que esta medida ha sido negativamente recibida por los congresistas, en especial por los más veteranos. Si sigue en esa tesitura, quizás no le voten favorablemente algunas de sus iniciativas, especialmente las más controvertidas".
Consultado el economista Hugo Noé Pino, ex presidente del Banco Central de Honduras, asegura que Trump encontrará limitaciones legales para llevar a la práctica sus promesas, por lo menos en el campo económico. Pino se muestra razonablemente preocupado, pero no se suma a la inquietud generalizada entre los empresarios.
En cuanto al gobierno, hasta el momento no ha habido declaraciones, excepto las habituales de diplomáticas felicitaciones por el triunfo. La excepción fue la titular de la Vicecancillería para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, María Andrea Matamoros, quien expresó que le preocupa más un aumento en el flujo migratorio, es decir, la salida de hondureños, "que de hecho ya teníamos", que las posibles deportaciones.
Ella asume que proyectos como la Matrícula Consular y el Plan Alianza Para la Prosperidad continuarán, pese a las manifestaciones de rechazo esgrimidas por Trump durante la campaña electoral.
