Por estrategiaynegocios.net
La Organización de Naciones Unidas y sus agencias UNICEF, UNFPA y UNESCO; junto a la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) y la Superintendencia de Pensiones, organizaron un conversatorio dirigido a representantes de inversores institucionales del país y de fondos de pensiones con el objetivo de promover instrumentos innovadores de financiación.
En el foro se planteó que para posibilitar la colaboración del sector privado en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo, deben crearse los instrumentos que permitan una participación oportuna a los posibles financistas y a la vez, se garantice el rendimiento al consumidor final o personas que aportan el dinero para sus pensiones.
Para ello, Naciones Unidas contrató a la firma Inflection Finance, cuyos representantes Nelson Stratta y Alexander Wiesel, presentaron ejemplos de mecanismos financieros que aún no son utilizados en Costa Rica y que podrían ayudar a financiar las prioridades nacionales de Costa Rica.
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Por ejemplo, se estima que podría beneficiarse de ese tipo de instrumentos, el sistema nacional de pensiones en Costa Rica, que, según la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), representa un 50 % de la producción nacional, y solo el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) equivale al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB), con un capital de unos unos US$15.000 millones.
Algunos proyectos que podrían canalizar la inversiones en Costa Rica son un fondo de capital privado de inversión verde que proporcione inversiones de capital o préstamos a empresas privadas dispuestas a realizar inversiones verdes, producir soluciones basadas en la naturaleza o desarrollar nuevas tecnologías verdes para fines de adaptación y mitigación del cambio climático.
También se pueden aplicar mecanismos para apalancar los recursos del Banco Hipotecario de la Vivienda para incentivar la inversión privada en vivienda social. La prefactibilidad considerará el uso de varios mecanismos de ahorro y crédito para facilitar la inclusión financiera de los beneficiarios que viven en la economía informal.
Además, se planteó mecanismos de gestión de deuda pública para incentivar la inversión en infraestructura y de manejo de áreas protegidas costeras para potenciar la inversión privada turística y productiva y la erradicación de la pobreza en las zonas relacionadas con la economía costera.
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Por su parte, Adrián Pacheco Umaña, Intendente de la SUPEN, explicó que ya el país tiene cierto camino recorrido al respecto, pues el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) recientemente aprobó un ajuste normativo para que los entes supervisados incorporen en sus políticas de gestión de inversión el componente sostenible o responsable.
