Por AFP

El gobierno argentino prevé un impuesto de 30% a la compra de divisas para ahorro, entre otras medidas incluidas en una ley de emergencia con la que pretende cuanto antes 'resolver la crisis social y económica' del país.

El impuesto comenzará a aplicarse en cuanto el Congreso apruebe estas medidas que ingresaron este mismo martes al parlamento.

'Buscamos tranquilizar la economía argentina', explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva con el que el gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández instalado la semana pasada pretende dar un giro radical al rumbo de la economía.

La prioridad es que 'Argentina deje de caer mientras protegemos a aquellos a quienes no les podemos pedir más esfuerzo', explicó el ministro, muy crítico de la gestión del liberal Mauricio Macri, quien dejó la economía argentina con una caída estimada en 3,1%, inflación en torno a 55%, pobreza cerca de 40% y un desempleo de 10,4%.

'No hay dólares'

El gobierno anunció que subirá los impuestos a las exportaciones agrícolas y que gravará en un 30% las compras en el exterior con tarjetas de crédito y a los viajes al extranjero, al igual que a las operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en dólares, como el abono a Netflix.

Pero este martes añadió que se aplicará un impuesto de 30% también a la compra para atesoramiento. 'No hay dólares', subrayó el ministro argentino.

'Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos', dijo.

Una gran mayoría de los argentinos tiene sus ahorros en dólares y gran parte de ellos se encuentra en el exterior. Según el último balance de Banco Central, Las reservas internacionales son de 43.700 millones de dólares. A finales del año pasado, estaban en unos 66.000 millones de dólares.

En el último año el peso argentino se devaluó en casi un 40%.

'El 70% de la recaudación del impuesto será destinado a financiar la seguridad social y el 30% para infraestructura y vivienda', explicó Guzmán.

'Necesitamos recuperar nuestra moneda', dijo este alumno del Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

El funcionario aseguró que se mantendrá el cepo cambiario que impuso Macri al final de su mandato con un límite de adquisición mensual de 200 dólares.

'La economía se tiene que tranquilizar', adujo.

Deuda Pública

Los expertos insisten en que el mayor reto que enfrentará este gobierno en los próximos años se cifra en tratar de reducir la enorme deuda externa acumulada durante los cuatro años de la administración Macri.

Con los mercados de crédito cerrados, el aumento corresponde en su mayor parte al rescate de US$57.000 millones que el FMI dio a Argentina el año pasado.

De ese total, el organismo multilateral entregó US$44.000 millones, pero Fernández ya aclaró que no quiere recibir los US$13.000 millones restantes.

El escenario no puede ser más complicado. La subida de la deuda coincide con una caída de la actividad económica.

'Es imposible que una empresa que está en gran ahogo de deuda se pueda recuperar', dijo el ministro, quien destaca su programa 'integral' para asumir sus compromisos.

Tarifas congeladas

Para los sectores más empobrecidos se instrumentarán devoluciones impositivas. En cambio se prevén mayores cargas sobre los sectores pudientes, entre ellas una readecuación de alícuotas del impuesto a los bienes personales.

El gobierno decretó además el sábado un aumento de los impuestos a las exportaciones agropecuarias, medida que suscitó un fuerte enfrentamiento del sector cuando gobernaba Cristina Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta.

En Argentina, uno de los principales productores de alimentos del mundo, el campo es el único sector que ha crecido un 46% interanual en el segundo trimestre del año.

'El esquema del gobierno anterior agravó mucho la situación de la gente y de las empresas', subrayó Guzmán al anunciar el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días con el fin de diseñar un nuevo esquema tarifario.

También anunció que se abrirá un período de estudio de 180 días para definir un cambio en el sistema de cálculo de ajuste anual de las jubilaciones.

'El modelo fracasó, por eso la población mayor ha sido tan dañada', dijo.

'Todas estas medidas están pensadas como parte de un programa integral, están todas interconectadas', dijo.