La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizar un juicio contra ocho de sus magistrados, a quienes acusa de propiciar una ruptura del orden constitucional.
El TSJ 'a través de la Sala Constitucional -a la que pertenecen los ocho magistrados- ha venido ejecutando como política reiterada, dictando distintas decisiones (...), en la(s) cual(es) se produce una ruptura del orden constitucional', declaró Ortega al anunciarle su solicitud a la prensa, en las puertas de la corte.
La fiscal, Luisa Ortega, -confesa chavista- es ahora considerada 'traidora' por el gobierno, impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia el nombramiento de 33 de sus magistrados por considerar que esa designación se produjo en un proceso 'irregular'
'La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario lo que se encarga es de acelerar la crisis', declaró la fiscal.
En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad de 2015, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a 13 magistrados titulares (de un total de 32) y 20 suplentes, pocos días antes de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomara el control legislativo.
La fiscal pretende que los 33 magistrados cuyo nombramiento objeta se abstengan de decidir en este caso. 'Espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los magistrados involucrados', dijo.
La oposición siempre ha acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal vienen a profundizar, no solo las fracturas del chavismo, sino la severa crisis institucional que vive Venezuela desde que la oposición logró una aplastante mayoría parlamentaria, por primera vez en 18 años de hegemonía chavista.
Ortega, abogada de 59 años, se ha convertido en la más dura crítica del gobierno de Maduro, en momentos en que enfrenta violentas protestas opositoras que exigen su salida del poder, y que dejan 66 muertos en dos meses y medio.
La fiscal se distanció de Maduro desde que el 31 de marzo consideró una 'ruptura del orden constitucional' un fallo con el TSJ se adjudicó las funciones del Parlamento, la chispa que encendió las protestas.
