Por Univision.com
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió este miércoles activar un proceso judicial para reestructurar su elevada deuda de US$73.000 millones. Esto convirtió a la isla en el mayor caso de quiebra en la historia de los mercados de bonos municipales de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa, Rosselló solicitó a la junta de supervisión fiscal, establecida por el Congreso de Estados Unidos para atender la prolongada crisis financiera de la isla, acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.
La decisión luego de que venciera el lunes pasado un recurso conocido como stay que había suspendido temporalmente la posibilidad de que los acreedores de la deuda de Puerto Rico pudieran demandar al territorio estadounidense en un intento por recuperar su dinero. Algunos de esos acreedores demandaron a la isla este martes.
El Título III establece un proceso para la reestructuración bajo la supervisión de un tribunal cuando el gobierno y acreedores no llegan a un acuerdo. Puerto Rico debió optar por ese recursos debido a que como es un territorio estadounidense, y no un estado con todas sus letras, no puede acogerse al tradicional proceso de bancarrota.
Con este proceso, Puerto Rico contará con disposiciones legales para reducir los pagos a los tenedores de su deuda. Sin embargo, los procedimientos de quiebra suelen asustar a los inversores, lo que podría limitar aún más el acceso de la isla a los mercados para lograr recursos que le permitan que su gobierno siga funcionando. Rosselló aseguró que continuará trabajando con los acreedores. 'Estamos comprometidos con seguir este diálogo', explicó.
'Hemos llegado a esta decisión porque entendemos que así se defienden los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico", dijo Rosselló en una conferencia de prensa en La Fortaleza, la residencia oficial del gobernador.
Una aguda crisis económica
La decisión del gobierno se da después de que el 1 de Mayo en el país se viviera una jornada de movilizaciones contra las medidas de austeridad propuestas por la junta de control fiscal.
La conformación de esta junta fue aprobada durante el gobierno de Barack Obama dentro de la ley conocida como PROMESA por su sigla en inglés. En la práctica, el grupo conformado por siete miembros trabajará a puerta cerrada por un período mínimo de cuatro años para que la isla logre dos objetivos: responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de deuda.
La ley PROMESA surgió en medio de la aguda crisis económica de la isla. Puerro Rico está sumido en una recesión económica desde 2006 y, además de la abultada deuda, lleva a cuestas un déficit de unos US$50.000 millones.
La isla abogó en Washington para poder acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra como sí pudo hacerlo Detroit. Pero según legisladores, como el senador republicano Marco Rubio, los líderes puertorriqueños llegaron hasta allá sin ofrecer nada a cambio.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió este miércoles activar un proceso judicial para reestructurar su elevada deuda de US$73.000 millones. Esto convirtió a la isla en el mayor caso de quiebra en la historia de los mercados de bonos municipales de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa, Rosselló solicitó a la junta de supervisión fiscal, establecida por el Congreso de Estados Unidos para atender la prolongada crisis financiera de la isla, acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.
La decisión luego de que venciera el lunes pasado un recurso conocido como stay que había suspendido temporalmente la posibilidad de que los acreedores de la deuda de Puerto Rico pudieran demandar al territorio estadounidense en un intento por recuperar su dinero. Algunos de esos acreedores demandaron a la isla este martes.
El Título III establece un proceso para la reestructuración bajo la supervisión de un tribunal cuando el gobierno y acreedores no llegan a un acuerdo. Puerto Rico debió optar por ese recursos debido a que como es un territorio estadounidense, y no un estado con todas sus letras, no puede acogerse al tradicional proceso de bancarrota.
Con este proceso, Puerto Rico contará con disposiciones legales para reducir los pagos a los tenedores de su deuda. Sin embargo, los procedimientos de quiebra suelen asustar a los inversores, lo que podría limitar aún más el acceso de la isla a los mercados para lograr recursos que le permitan que su gobierno siga funcionando. Rosselló aseguró que continuará trabajando con los acreedores. 'Estamos comprometidos con seguir este diálogo', explicó.
'Hemos llegado a esta decisión porque entendemos que así se defienden los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico", dijo Rosselló en una conferencia de prensa en La Fortaleza, la residencia oficial del gobernador.
Una aguda crisis económica
La decisión del gobierno se da después de que el 1 de Mayo en el país se viviera una jornada de movilizaciones contra las medidas de austeridad propuestas por la junta de control fiscal.
La conformación de esta junta fue aprobada durante el gobierno de Barack Obama dentro de la ley conocida como PROMESA por su sigla en inglés. En la práctica, el grupo conformado por siete miembros trabajará a puerta cerrada por un período mínimo de cuatro años para que la isla logre dos objetivos: responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de deuda.
La ley PROMESA surgió en medio de la aguda crisis económica de la isla. Puerro Rico está sumido en una recesión económica desde 2006 y, además de la abultada deuda, lleva a cuestas un déficit de unos US$50.000 millones.
La isla abogó en Washington para poder acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra como sí pudo hacerlo Detroit. Pero según legisladores, como el senador republicano Marco Rubio, los líderes puertorriqueños llegaron hasta allá sin ofrecer nada a cambio.
