La responsabilidad que las compañías tienen sobre el desempeño social, ambiental y económico de sus proveedores y contratistas es de sobra conocida, especialmente a raíz de graves casos que irrumpieron con fuerza entre la opinión pública, como los accidentes en la industrial textil de Bangladesh o las prácticas de trabajo forzoso en explotaciones agrícolas de América Latina.
En este sentido, las empresas se han planteado para el corto y mediano plazo un refuerzo de los procesos de diligencia, que permitan el seguimiento de los impactos que se generan en su cadena de suministro, y el planteamiento de actuaciones al respecto, tanto preventivas como de carácter reactivo. Ello se completa con la incorporación de medidas más exigentes al momento del establecimiento de las relaciones comerciales, y el desarrollo de programas de mejora de las prácticas de quienes forman parte de la cadena. La necesidad de trabajar al respecto, en un esfuerzo conjunto de la empresa, sus proveedores (y contratistas), ya no admite duda. La fortaleza de una cadena depende de la de su eslabón más débil (Lena Strandberg, 2010[1]), es decir, hay finalmente una interdependencia de todas las partes.
Habitualmente, el foco de las compañías "aguas arriba de sus operaciones" está puesto en las condiciones laborales y la gestión ambiental por parte de las empresas que constituyen dichos eslabones. Las condiciones contractuales establecidas por la compañía demandante, con variables como la flexibilidad en los pedidos o los plazos de pago, no suelen aflorar tanto para conocimiento del resto de los grupos de interés (clientes, consumidores, organizaciones de la sociedad civil, etc.). En este sentido, leyendo hace unos días el excelente artículo "Irresponsabilidad ignorada: exprimir a los proveedores", de Antonio Vives (2015), descubría la estrategia de "pagar para quedarse" ("pay to stay", como es conocida en el mundo anglosajón), que me suscitó un enorme interés y me llevó a investigar más al respecto.
Bajo el "pay to stay" se incluyen exigencias monetarias a los proveedores y contratistas para acometer nuevas inversiones por parte de la compañía cliente ("investing for growth"), con la promesa del beneficio que recibirán como resultado de la mayor demanda de sus productos y servicios, y la amenaza de ser excluidos si no aceptan. Pero se producen también otros casos, particularmente en el sector del retail, como el pago para una visibilidad mayor en las góndolas ("slotting allowances") o sufragar parte del costo que suponen las ofertas y promociones. El cliente/consumidor de la empresa de distribución/comercialización, se ve beneficiado en el corto plazo por el acceso a una mayor variedad de productos, ya que la empresa los ha incorporado a su catálogo al asumir los riesgos financieros de manera compartida con el proveedor (Eleanor Stephens, 2015). Pero, ¿qué ocurre en el medio y largo plazo? Las exigencias monetarias pueden llevar a un estrangulamiento financiero de los proveedores, que finalmente afecte a la viabilidad de sus operaciones, reduciéndose la calidad de los productos y el I+D, con el riesgo extremo de su quiebra.
La exigencia de estos pagos están generando un intenso debate, especialmente en Reino Unido a raíz de los casos descubiertos a finales de 2014. Si bien no se trata de una práctica ilegal, es éticamente muy discutible. Tras el escándalo generado por el retailer B&Q y la compañía de alimentos manufacturados Premier Foods, la asociación gremial inglesa Federation of Small Business (FSB) realizó una investigación a 2.500 de sus miembros, levantando la presencia de prácticas similares en el 5%. Pero si la pregunta se extendía a otras formas de "supply chain bullying", como el pago tardío o el cambio unilateral de las condiciones contractuales, entre otros, se extendía a 1 de cada 5 pequeñas empresas. Al respecto también se ha manifestado The Specialist Engineering Contractors´Group (SEC), que agrupa en el país a más de 60.000 firmas y 300.000 trabajadores, que ha señalado como práctica común la exigencia de pagos sólo por la posibilidad de presentar ofertas para los contratos, independientemente del resultado final.
Las prácticas abusivas en la cadena de suministro tiene como característica común el traslado de riesgos y costes a los proveedores, y destaca el efecto que ello tiene sobre las condiciones laborales de sus trabajadores. Ante la presión ejercida por sus clientes, estas empresas buscan un ahorro en la producción, que en el caso de la mano de obra se traduce en reducción de las remuneraciones y deterioro de las condiciones de trabajo. La externalización de las actividades en terceros países, con legislaciones laborales más laxas y menores salarios, se erige en solución para muchas de las compañías.
Ser socialmente responsable implica ir más allá de la ley, que constituye el nivel de partida, por lo que si bien estás prácticas de "supply chain bullying" pueden no incumplir normativas, no tienen sentido en aquellas compañías que apuestan por la creación de valor para sus grupos de interés, la reducción y/o mitigación de sus impactos negativos y la potenciación de los positivos, en las tres vertientes de la sostenibilidad: social, ambiental y económica. Si bien sería deseable que las compañías promoviesen un comportamiento responsable con sus proveedores en base a la ética corporativa y el retorno económico que ello les entrega en el medio y largo plazo, ojalá el mayor escrutinio público pueda servir de catalizador para aquellas más reticentes.
[1] Strandberg, L. (2010), La responsabilidad social corporativa en la cadena de valor. Cuadernos de la Cátedra "la Caixa" de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, número 6.
*Experto en sustentabilidad
