Para estimular las economías devastadas por la pandemia, es vital que la sociedad en su conjunto aproveche el dinamismo que las mujeres pueden aportar en nuestros países y se proponga como meta central el cierre de la brecha de participación laboral, y la creación de más y mejores espacios para ellas.
Si bien la participación de la mujer en el mercado laboral había aumentado lentamente en América Latina y el Caribe, el COVID-19 provocó una fuerte reversión. Incluso antes de la pandemia, la incapacidad de empoderar plenamente a las mujeres estaba generando costos económicos sustantivos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PIB sería un 22,5% mayor si la región cerrara la brecha de género en su fuerza laboral. Ese porcentaje se traduce en más de un billón de dólares, una suma equivalente a la producción económica de Argentina, Colombia y Perú juntos.
En América Latina y el Caribe, las mujeres representan el 60% de los graduados de programas terciarios y universitarios. Sin embargo, las expectativas sociales, la legislación laboral y otras regulaciones hacen imposible que muchas de ellas alcancen su máximo potencial.
En promedio, las mujeres de la región todavía realizan alrededor del 80% de las tareas domésticas y el cuidado de niños, adultos mayores y otros dependientes, incluso cuando tienen trabajos fuera del hogar. Y durante la pandemia, fueron las más afectadas por el aumento de las tareas domésticas y cuidados, lo que llevó a muchas de ellas a abandonar sus trabajos.
Décadas de investigación han demostrado que los gobiernos pueden ayudar a revertir estas tendencias mediante políticas bien diseñadas y muchas legislaturas ya han aprobado algunas medidas parciales que apoyan la capacidad de los padres que trabajan para ejercer una responsabilidad parental compartida.
Tenemos que ser mucho más audaces. Aprovechar esta oportunidad para transformar completamente los mercados laborales con más y mejores trabajos para las mujeres.
En el BID creemos que los gobiernos deben comenzar con políticas que fomenten la responsabilidad compartida del cuidado entre hombres, mujeres, empresas y el Estado. Los incentivos para que las empresas públicas y privadas adopten horarios de trabajo flexibles, teletrabajo, licencia de paternidad extendida y cuidado infantil subsidiado son todavía limitados en la región. Algunos países han dado recientemente pasos decisivos en esta dirección. Por ejemplo, Costa Rica ha implementado un sistema público de cuidado infantil universal que articula los servicios públicos y privados de atención para los menores de 6 años. Con el apoyo de la Iniciativa de Paridad de Género del BID, han establecido un sistema de copago para el cuidado de los niños con el sector privado.
En segundo lugar, se debe modernizar la legislación laboral para reflejar las nuevas modalidades habilitadas por la tecnología asegurando una recuperación sensible al género. Esto incluye políticas para incrementar el acceso a banda ancha asequible y cerrar la brecha digital de género, así como incentivos para las empresas que faciliten el trabajo remoto. República Dominicana se ha asociado recientemente con Microsoft y Claro Dominicana para promover la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas brindándoles asistencia técnica, planes preferenciales y herramientas para facilitar el teletrabajo.
En tercer lugar, debemos reformar la red de seguridad social para reflejar mejor las necesidades de las mujeres y ampliar la cobertura de protección social. Las mujeres perdieron sus empleos en mayor proporción que los hombres durante la pandemia y ocupan empleos del sector informal en un mayor porcentaje, por lo cual se han quedado sin ninguna protección o beneficios sociales como pensión, seguro médico o licencia por enfermedad remunerada. Además, interrumpen sus carreras con más frecuencia que los hombres para cuidar a niños y ancianos, reduciendo así las contribuciones voluntarias a sus pensiones, donde ya aportan en promedio un 13% menos que los hombres.
Por último, durante la pandemia, muchos de los gobiernos de la región han expandido y hecho un uso eficaz de las transferencias monetarias focalizadas para ayudar a los hogares vulnerables. El siguiente desafío es vincularlas a programas complementarios para promover el empoderamiento económico y la participación de la mujer en el mercado laboral formal. Por ejemplo, el programa de transferencias para hogares rurales pobres en Pernambuco, Brasil, apoya el empoderamiento económico de las mujeres capacitándolas para que tomen trabajos no tradicionales en la industria de la construcción entre temporadas de cosecha de caña de azúcar.
La pandemia ha agravado la desigualdad en muchos frentes. Desde el BID continuaremos trabajando con los gobiernos y el sector privado para financiar todos los aspectos necesarios para cerrar las brechas de género existentes
