La compañía minera australiana OceanaGold finalmente cumplió con la orden girada por un tribunal del Banco Mundial (BM), de pagarle al Estado una compensación de US$8 millones.
En octubre de 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del BM, le dio la razón a El Salvador en la disputa promovida por la minera, y ordenó a la compañía compensar al país por los gastos que incurrió en este litigio.
En 2009, la canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, ubicada en San Isidro, Cabañas. En 2013, OceanaGold concluyó la adquisición de Pacific Rim, y creó una subsidiaria local, Minerales Torogoz, empresa que ayer se encargó de cumplir con el laudo arbitral del CIADI.
A través de un comunicado, Minerales Torogoz, informó de "un arreglo amistoso con la República de El Salvador" que contempla el pago de US$8.097.072 a la Fiscalía General de la República (FGR). "Esto representa el pago pleno y total del laudo arbitral", afirmó y recordó que la cifra incluye intereses.
Minerales Torogoz también anunció que sus operaciones en El Salvador se concentrarán ahora en otros rubros, y ya no en la minería metálica.
Aseguró que reconoce la ley aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa que prohíbe la explotación minera en el país y por ello "la empresa no tiene planes de continuar la búsqueda del desarrollo sostenible de recursos minerales en El Salvador".
El área que posee la compañía en San Isidro, añadió, se utilizará para otros proyectos productivos relacionados a la agricultura, el emprendimiento y "la vida sostenible".
Estos proyectos "estarían a cargo del personal colaborador de la empresa con el objetivo de minimizar el desempleo y apoyar la integridad familiar".
El acuerdo alcanzado con la FGR contiene compromisos de ambas partes. Por el lado de la Fiscalía, ésta desistirá de las acciones de cobro que emprendió contra OceanaGold, ante el atraso en el pago de la compensación, explicó la empresa.
En abril, la FGR inmovilizó nueve inmuebles de la empresa, todos ubicados en San Isidro, tres cuentas bancarias con U$$198.904 y siete vehículos.
Una vez estas acciones se suspendan, la minera suspenderá el procedimiento para solicitar al CIADI la nulidad del fallo que favoreció a El Salvador en 2016.
En un breve comunicado, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con el acuerdo alcanzado con la empresa, y con el pago de la compensación.
