Por estrategiaynegocios.net
El paquete de reforma al Seguro Social, que aumenta el aporte de trabajadores y empleadores, achica las futuras pensiones y crea un tributo calificado como ilegal a las pensiones ya es oficial.
El polémico decreto fue firmado el miércoles, mientras crece la indignación popular, la cual se intensificó y fue reprimida por antimotines y grupos de choque del orteguismo
La reforma entrará de lleno a partir del próximo 1 de julio de este año, luego que esta fuera publicada este miércoles en La Gaceta, diario oficial del Estado.
Pese a la oposición del sector privado y sectores civiles, el presidente Daniel Ortega estampó su firma en la propuesta de reforma que el Consejo Directivo del INSS le envió para salvar de la quiebra al Seguro Social.
De acuerdo con La Prensa, el INSS se deterioró drásticamente en la última década, ya que en 2007 la entidad contaba con un superávit de más de 1.000 millones de córdobas, pero que desde el 2013 arrastra un déficit que ya cumple cinco años y que ha sido señalado como un problema severo por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El decreto presidencial 03-2018 ordena modificar el decreto 975 del reglamento de la Ley de Seguridad Social e incorporar de manera íntegra todos los ajustes que anunció el pasado lunes el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, para que las mismas se implemente este 1 de julio.
Con ello, a partir del 1 de julio más de 900.000 cotizantes verán la reducción de su salario, tras el aumento de 0.75 punto porcentual de su aporte, el que pasará de 6.25% al 7%.
Además el sector empresarial formal deberá pagar 2 puntos porcentuales más en su contribución este año y 1.5 puntos en los próximos dos años, con lo que se completará un incremento del 19% actual a 22.5% al cierre del ajuste.
Uno de los temas más polémicos es la instauración de un descuento para las pensiones.López dijo ayer que solo las nuevas pensiones pagarán el cinco por ciento de su pensión para el programa de enfermedad y maternidad, el decreto no hace ninguna excepción y ordena que esta deducción se apliquen a todas las pensiones, tanto nuevas como las que ya se están pagando.
Se trata de la reactivación de un deducción sobre las pensiones, que había sido eliminado por el gobierno sandinista en la década de los ochenta.
El paquete de reforma que fue decidido de manera unilateral, ha ocasionado una ola de rechazo del sector privado, centro de pensamiento, trabajadores, pensionados y sindicatos independientes. El Consejo Superior de la Empresa Privada, que fue el único gremio privado que participó en las reuniones, ya ha anunciado que recurrirá de amparo contra el decreto.
Con la reforma, el Gobierno orientó eliminar el salario máximo cotizable. Con la última reforma en 2013, el salario máximo cotizable había alcanzado 72,410 córdobas, el cual se venía ajustando gradualmente cada año según el comportamiento del salario promedio de los asegurados. Con la reforma actual, este salario máximo cotizable desaparece y ahora todos los trabajadores aportarán según su salario. Por ejemplo, antes si una persona ganaba 100 mil córdobas mensuales, en 2018 su aporte se calculaba sobre la base de un salario de 88,000 córdobas, ahora deberá calcular sobre el 100 por ciento del salario que recibe.
Otra medida que impactará a los trabajadores cercanos a la jubilación es el cambio de la fórmula de cálculo de las pensiones, ahora los trabajadores podrán conseguir como máximo el 70% del salario como pensión, cuando antes era el 80%. Además ahora las personas requerirán trabajar más años para alcanzar el porcentaje máximo del salario como pensión.
El paquete de reforma al Seguro Social, que aumenta el aporte de trabajadores y empleadores, achica las futuras pensiones y crea un tributo calificado como ilegal a las pensiones ya es oficial.
El polémico decreto fue firmado el miércoles, mientras crece la indignación popular, la cual se intensificó y fue reprimida por antimotines y grupos de choque del orteguismo
La reforma entrará de lleno a partir del próximo 1 de julio de este año, luego que esta fuera publicada este miércoles en La Gaceta, diario oficial del Estado.
Pese a la oposición del sector privado y sectores civiles, el presidente Daniel Ortega estampó su firma en la propuesta de reforma que el Consejo Directivo del INSS le envió para salvar de la quiebra al Seguro Social.
De acuerdo con La Prensa, el INSS se deterioró drásticamente en la última década, ya que en 2007 la entidad contaba con un superávit de más de 1.000 millones de córdobas, pero que desde el 2013 arrastra un déficit que ya cumple cinco años y que ha sido señalado como un problema severo por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El decreto presidencial 03-2018 ordena modificar el decreto 975 del reglamento de la Ley de Seguridad Social e incorporar de manera íntegra todos los ajustes que anunció el pasado lunes el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, para que las mismas se implemente este 1 de julio.
Con ello, a partir del 1 de julio más de 900.000 cotizantes verán la reducción de su salario, tras el aumento de 0.75 punto porcentual de su aporte, el que pasará de 6.25% al 7%.
Además el sector empresarial formal deberá pagar 2 puntos porcentuales más en su contribución este año y 1.5 puntos en los próximos dos años, con lo que se completará un incremento del 19% actual a 22.5% al cierre del ajuste.
Uno de los temas más polémicos es la instauración de un descuento para las pensiones.López dijo ayer que solo las nuevas pensiones pagarán el cinco por ciento de su pensión para el programa de enfermedad y maternidad, el decreto no hace ninguna excepción y ordena que esta deducción se apliquen a todas las pensiones, tanto nuevas como las que ya se están pagando.
Se trata de la reactivación de un deducción sobre las pensiones, que había sido eliminado por el gobierno sandinista en la década de los ochenta.
El paquete de reforma que fue decidido de manera unilateral, ha ocasionado una ola de rechazo del sector privado, centro de pensamiento, trabajadores, pensionados y sindicatos independientes. El Consejo Superior de la Empresa Privada, que fue el único gremio privado que participó en las reuniones, ya ha anunciado que recurrirá de amparo contra el decreto.
Con la reforma, el Gobierno orientó eliminar el salario máximo cotizable. Con la última reforma en 2013, el salario máximo cotizable había alcanzado 72,410 córdobas, el cual se venía ajustando gradualmente cada año según el comportamiento del salario promedio de los asegurados. Con la reforma actual, este salario máximo cotizable desaparece y ahora todos los trabajadores aportarán según su salario. Por ejemplo, antes si una persona ganaba 100 mil córdobas mensuales, en 2018 su aporte se calculaba sobre la base de un salario de 88,000 córdobas, ahora deberá calcular sobre el 100 por ciento del salario que recibe.
Otra medida que impactará a los trabajadores cercanos a la jubilación es el cambio de la fórmula de cálculo de las pensiones, ahora los trabajadores podrán conseguir como máximo el 70% del salario como pensión, cuando antes era el 80%. Además ahora las personas requerirán trabajar más años para alcanzar el porcentaje máximo del salario como pensión.
Con información de La Prensa.
