Por La Prensa
Panamá ha sido el país de mayor crecimiento en la región en lo que va de siglo y seguirá estando en el grupo de cabeza de las economías de América Latina para el periodo 2016-2020 con una tasa de crecimiento promedio de 6%.
Renzo Merino, analista del grupo de riesgo soberano de la calificadora Moody’s, dijo que en los últimos años la economía se ha favorecido por la inversión en grandes proyectos, como la expansión del Canal, las líneas del metro y el comercio, que ha sido aprovechado por un "activo único" como el Canal.
Hacia adelante, aunque este año se aprecia cierta moderación en sectores como la construcción, se espera que la inversión se mantenga con obras como las líneas 2 y 3 del metro y otras obras de infraestructura que tienen "el objetivo de hacer de Panamá el hub logístico de la región", apuntó el analista.
Panamá tiene calificación de Baa2 para la agencia, el segundo escalón una vez alcanzado el grado de inversión, siendo uno de los pocos países de la región que en los últimos años ha alcanzado y se ha mantenido en el grupo de países con mayor solvencia para el pago de su deuda.
El hito se alcanzó en 2010 para consolidarse en 2012 con una subida de un escalón a la calificación actual (Baa2). El país ha tenido una trayectoria similar en la escala de las otras dos grandes calificadoras internacionales.
Aunque el crecimiento económico ha seguido siendo elevado desde 2012, la relación deuda/producto interno bruto (PIB) no ha caído debido al mayor gasto público. Moody’s se refirió a las constantes modificaciones a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar los límites de déficit fiscal, lo que ha impedido que la norma se comporte como un ancla fiscal, es decir, que sirva para contener el gasto público, su objetivo original.
Teniendo unos fundamentos económicos sólidos, Merino dijo que una eventual mejora en la calificación de riesgo pasa por mantener el crecimiento económico y seguir en la senda de reducción del déficit fiscal, que traería una caída en los niveles de endeudamiento, y en un mayor apego a la norma fiscal. También ayudarán las medidas para mejorar la percepción externa sobre el sistema financiero, así como el fortalecimiento de su transparencia, campo en el que el Ejecutivo está implementando un abanico de reformas.
El gobierno "está tratando de balancear la mejora de la recaudación con las necesidades de mayor gasto de infraestructura y a la vez controlar el gasto corriente. En general, siempre y cuando se mantenga el dinamismo de la economía y la reducción de déficit fiscal, debería haber una mejora en los ratios de deuda y eso se podría traducir en una mejora de rating", apuntó Merino, antes de explicar que el plazo de tiempo que la entidad se estaría dando para materializar los cambios es entre uno y dos años, hecho que se refleja en la perspectiva estable que tiene la calificación soberana actualmente.
Una de las debilidades que persisten en la regla fiscal tiene su origen en una modificación a la norma en la ley que creó el Fondo de Ahorro de Panamá en 2012. En ese momento se estableció que cuando los aportes del Canal de Panamá al Estado superen el 3.5% del PIB, el excedente se destinará al ahorro nacional. Por el contrario, si el aporte no supera ese umbral, el gobierno podría elevar el décit fiscal de ese ejercicio para compensar la supuesta pérdida de ingreso. El año pasado, el ajuste utilizado fue de $181 millones.
Con unos aportes del Canal inferiores a los originalmente proyectados y un crecimiento alto del PIB, es prácticamente imposible que el FAP reciba fondos en los próximos años si no se modifica la legislación. El FAP, heredero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, se concibió como un instrumento de ahorro al que el país puede recurrir en caso de una fuerte desaceleración o de catástrofe.
Para Merino, el hecho de que no reciba fondos adicionales supondrá que "su eficacia como colchón contracíclico no va a ser tan fuerte en el futuro. La economía y la deuda van a seguir creciendo, así que el colchón se va a ir achicando".
Panamá ha sido el país de mayor crecimiento en la región en lo que va de siglo y seguirá estando en el grupo de cabeza de las economías de América Latina para el periodo 2016-2020 con una tasa de crecimiento promedio de 6%.
Renzo Merino, analista del grupo de riesgo soberano de la calificadora Moody’s, dijo que en los últimos años la economía se ha favorecido por la inversión en grandes proyectos, como la expansión del Canal, las líneas del metro y el comercio, que ha sido aprovechado por un "activo único" como el Canal.
Hacia adelante, aunque este año se aprecia cierta moderación en sectores como la construcción, se espera que la inversión se mantenga con obras como las líneas 2 y 3 del metro y otras obras de infraestructura que tienen "el objetivo de hacer de Panamá el hub logístico de la región", apuntó el analista.
Panamá tiene calificación de Baa2 para la agencia, el segundo escalón una vez alcanzado el grado de inversión, siendo uno de los pocos países de la región que en los últimos años ha alcanzado y se ha mantenido en el grupo de países con mayor solvencia para el pago de su deuda.
El hito se alcanzó en 2010 para consolidarse en 2012 con una subida de un escalón a la calificación actual (Baa2). El país ha tenido una trayectoria similar en la escala de las otras dos grandes calificadoras internacionales.
Aunque el crecimiento económico ha seguido siendo elevado desde 2012, la relación deuda/producto interno bruto (PIB) no ha caído debido al mayor gasto público. Moody’s se refirió a las constantes modificaciones a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar los límites de déficit fiscal, lo que ha impedido que la norma se comporte como un ancla fiscal, es decir, que sirva para contener el gasto público, su objetivo original.
Teniendo unos fundamentos económicos sólidos, Merino dijo que una eventual mejora en la calificación de riesgo pasa por mantener el crecimiento económico y seguir en la senda de reducción del déficit fiscal, que traería una caída en los niveles de endeudamiento, y en un mayor apego a la norma fiscal. También ayudarán las medidas para mejorar la percepción externa sobre el sistema financiero, así como el fortalecimiento de su transparencia, campo en el que el Ejecutivo está implementando un abanico de reformas.
El gobierno "está tratando de balancear la mejora de la recaudación con las necesidades de mayor gasto de infraestructura y a la vez controlar el gasto corriente. En general, siempre y cuando se mantenga el dinamismo de la economía y la reducción de déficit fiscal, debería haber una mejora en los ratios de deuda y eso se podría traducir en una mejora de rating", apuntó Merino, antes de explicar que el plazo de tiempo que la entidad se estaría dando para materializar los cambios es entre uno y dos años, hecho que se refleja en la perspectiva estable que tiene la calificación soberana actualmente.
Una de las debilidades que persisten en la regla fiscal tiene su origen en una modificación a la norma en la ley que creó el Fondo de Ahorro de Panamá en 2012. En ese momento se estableció que cuando los aportes del Canal de Panamá al Estado superen el 3.5% del PIB, el excedente se destinará al ahorro nacional. Por el contrario, si el aporte no supera ese umbral, el gobierno podría elevar el décit fiscal de ese ejercicio para compensar la supuesta pérdida de ingreso. El año pasado, el ajuste utilizado fue de $181 millones.
Con unos aportes del Canal inferiores a los originalmente proyectados y un crecimiento alto del PIB, es prácticamente imposible que el FAP reciba fondos en los próximos años si no se modifica la legislación. El FAP, heredero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, se concibió como un instrumento de ahorro al que el país puede recurrir en caso de una fuerte desaceleración o de catástrofe.
Para Merino, el hecho de que no reciba fondos adicionales supondrá que "su eficacia como colchón contracíclico no va a ser tan fuerte en el futuro. La economía y la deuda van a seguir creciendo, así que el colchón se va a ir achicando".
