Por AFP
Un juzgado civil hondureño convocó este martes el juicio oral y público contra ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, informaron abogados de la parte acusadora privada.
'El juzgado está programando para iniciar el 17 de septiembre y terminar el 19 de octubre el juicio oral y público, pero sin que se presentaran todas las pruebas', dijo a la AFP el abogado acusador privado, Rodil Vásquez.
Indicó que el tribunal terminó la noche del martes la audiencia de presentación de pruebas contra ocho de los nueve acusados por el asesinato, que había empezado el viernes.
Comparecieron a la audiencia fiscales del Ministerio Público (MP) como acusadores y abogados de la familia de la ambienalista, así como los defensores de los ocho acusados.
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste) entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar amenazas de muerte del personal de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio lenca.
Vásquez se quejó que el tribunal convocó el juicio sin que los fiscales del MP presentaran todas las pruebas contra todos los sospechosos de participar en el asesinato.
Añadió que el juzgado y el MP tratan de salvar así a ejecutivos y a grandes empresarios del país, socios de DESA, sospechosos, contra los cuales -dijo- hay pruebas.
'Quieren meter a la cárcel a tres o cuatro personas para tratar de hacer ver ante la comunidad internacional que se hizo justicia', aseguró.
Sostuvo que el tribunal pretende exonerar del crimen a David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, quien está preso pero es juzgado en forma separada de los otros ocho acusados, entre los que figura el gerente ambiental de la firma, Sergio Rodríguez, y al menos otros dos miembros de seguridad de esa empresa.
Un juzgado civil hondureño convocó este martes el juicio oral y público contra ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, informaron abogados de la parte acusadora privada.
'El juzgado está programando para iniciar el 17 de septiembre y terminar el 19 de octubre el juicio oral y público, pero sin que se presentaran todas las pruebas', dijo a la AFP el abogado acusador privado, Rodil Vásquez.
Indicó que el tribunal terminó la noche del martes la audiencia de presentación de pruebas contra ocho de los nueve acusados por el asesinato, que había empezado el viernes.
Comparecieron a la audiencia fiscales del Ministerio Público (MP) como acusadores y abogados de la familia de la ambienalista, así como los defensores de los ocho acusados.
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste) entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar amenazas de muerte del personal de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio lenca.
Vásquez se quejó que el tribunal convocó el juicio sin que los fiscales del MP presentaran todas las pruebas contra todos los sospechosos de participar en el asesinato.
Añadió que el juzgado y el MP tratan de salvar así a ejecutivos y a grandes empresarios del país, socios de DESA, sospechosos, contra los cuales -dijo- hay pruebas.
'Quieren meter a la cárcel a tres o cuatro personas para tratar de hacer ver ante la comunidad internacional que se hizo justicia', aseguró.
Sostuvo que el tribunal pretende exonerar del crimen a David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, quien está preso pero es juzgado en forma separada de los otros ocho acusados, entre los que figura el gerente ambiental de la firma, Sergio Rodríguez, y al menos otros dos miembros de seguridad de esa empresa.
