Por Prensa Libre
Gálvez, desde un atril al frente de la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, comenzó a leer su veredicto sobre los implicados en el caso denominado como Cooptación del Estado, en el que se acusa también a la ex vicepresidenta del país, Roxana Baldetti. Gálvez explicó que se unieron tres procesos: Cooptación del Estado, Cooperacha y TCQ, el caso La Línea, donde también figuran los exmandatarios, será ventilado aparte.
El juzgador también informó que la declaración de Juan Carlos Monzón, admitido como colaborador eficaz a solicitud de la fiscalía, no se tomó en cuenta y, si el Ministerio Público lo solicita, podría considerarlo en una audiencia distinta.
Desde el pasado 13 de junio y hasta el 18 de julio, el juzgador escuchó primero la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público y a la querellante Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
A lo largo de la extensa audiencia de primera declaración, también algunos de los implicados decidieron prestar su testimonio, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, señalados de ser los líderes de la estructura criminal que habría saqueado millones de dólares al erario público.
El exbinomio presidencial arremetió contra el principal testigo de la Fiscalía, Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de Baldetti, al que tildaron de 'mentiroso', y también contra la Cicig y su comisionado, Iván Velásquez.
El expresidente y Baldetti están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La Feci pidió al juez que los 57 acusados de saquear al Estado de Guatemala sean ligados a proceso judicial.
El exmandatario está en prisión preventiva desde septiembre pasado, acusado de ser uno de los cabecillas de la estructura criminal autodenominada como La Línea. Mientras que Baldetti fue capturada en agosto del 2015, también por ser la 'número dos' de esa organización de defraudación aduanera.
Ambos han sido acusados, además, de haber recibido unos US$24,5 millones en comisión por un contrato de ampliación portuaria a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Gálvez, desde un atril al frente de la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, comenzó a leer su veredicto sobre los implicados en el caso denominado como Cooptación del Estado, en el que se acusa también a la ex vicepresidenta del país, Roxana Baldetti. Gálvez explicó que se unieron tres procesos: Cooptación del Estado, Cooperacha y TCQ, el caso La Línea, donde también figuran los exmandatarios, será ventilado aparte.
El juzgador también informó que la declaración de Juan Carlos Monzón, admitido como colaborador eficaz a solicitud de la fiscalía, no se tomó en cuenta y, si el Ministerio Público lo solicita, podría considerarlo en una audiencia distinta.
Desde el pasado 13 de junio y hasta el 18 de julio, el juzgador escuchó primero la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público y a la querellante Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
A lo largo de la extensa audiencia de primera declaración, también algunos de los implicados decidieron prestar su testimonio, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, señalados de ser los líderes de la estructura criminal que habría saqueado millones de dólares al erario público.
El exbinomio presidencial arremetió contra el principal testigo de la Fiscalía, Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de Baldetti, al que tildaron de 'mentiroso', y también contra la Cicig y su comisionado, Iván Velásquez.
El expresidente y Baldetti están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La Feci pidió al juez que los 57 acusados de saquear al Estado de Guatemala sean ligados a proceso judicial.
El exmandatario está en prisión preventiva desde septiembre pasado, acusado de ser uno de los cabecillas de la estructura criminal autodenominada como La Línea. Mientras que Baldetti fue capturada en agosto del 2015, también por ser la 'número dos' de esa organización de defraudación aduanera.
Ambos han sido acusados, además, de haber recibido unos US$24,5 millones en comisión por un contrato de ampliación portuaria a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
