Por El Mundo (El Salvador)
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) aseguró que ninguna empresa de Estados Unidos ha abandonado el proceso.
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) aseguró ayer que ninguna empresa estadounidense abandonó el proceso de concesión del Puerto de La Unión Centroamericana, desestimando las declaraciones del portavoz y consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Tobías Bradford.
Este miércoles, Bradford informó que una empresa de su país decidió retirarse del proceso, aduciendo "falta de transparencia" e "incertidumbre en la igualdad de condiciones" entre los participantes.
Ayer, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, confirmó que sí existe dicha compañía y que "por razones de seguridad no podemos hacer comentarios sobre la empresa que ha decidido no seguir con la solicitud del Puerto de La Unión"., pero reiteró que por "la falta de transparencia en el proceso es que ellos no querían participar". No obstante, Nelson Vanegas, presidente de CEPA, dijo que no tienen registrado el retiro de ninguna empresa norteamericana. "Por el contrario, hay una que pronto vendrá a visitar el puerto de La Unión y vamos a brindarle todo el apoyo, como lo hemos hecho con todas las empresas", dijo a Diario El Mundo.
Fuentes cercanas al proceso revelaron a este medio que la autónoma pretende adjudicar el puerto en tres meses, brindando solo 59 días a las empresas para inscribirse, preparar sus ofertas y hacer consultas.
Las ofertas, además, deben contener estudios de mercadeo completos, planes de inversión, financiamiento, infraestructura, los servicios a ofrecer y su respectivo análisis de demanda, así como qué valor agregado social aportarán a la región. Hacer esto lleva al menos seis meses, indicaron. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también lamentó ayer la falta de transparencia en el proceso para concesionar la terminal y mostró preocupación por la forma en la que se celebró la una reunión privada entre CEPA y las empresas interesadas en operar el puerto.
Miguel ángel Simán, presidente de Fusades, informó que se registraron para participar en esta reunión, pero CEPA lo impidió. "Fuimos desinvitados. Hemos recibido una carta de parte de CEPA donde ellos nos dicen que más bien quieren una reunión privada. No nos parece adecuada la forma en que se está desarrollando este proceso", dijo a periodistas.
"Haber hecho un ‘roadshow’ en un cuarto, en privado, cuando éste es un tema público, no está mandando la señal correcta. Lo que sucedió ayer no es reflejo de transparencia. Es un indicador que no augura buenos frutos", advirtió. Por su parte, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, consideró que con estas acciones "se está confirmando que no hay transparencia absoluta en el proceso de concesión" y que "esto viene atado a un posible pacto que se ha hecho con China".
Para Cáder, además, los tiempos cortos dentro del proceso de concesión responden al "apremio de que se termine antes de las elecciones", pero, para concretar una adjudicación de esta magnitud, "no son negociaciones de 30 a 90 días".
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) aseguró que ninguna empresa de Estados Unidos ha abandonado el proceso.
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) aseguró ayer que ninguna empresa estadounidense abandonó el proceso de concesión del Puerto de La Unión Centroamericana, desestimando las declaraciones del portavoz y consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Tobías Bradford.
Este miércoles, Bradford informó que una empresa de su país decidió retirarse del proceso, aduciendo "falta de transparencia" e "incertidumbre en la igualdad de condiciones" entre los participantes.
Ayer, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, confirmó que sí existe dicha compañía y que "por razones de seguridad no podemos hacer comentarios sobre la empresa que ha decidido no seguir con la solicitud del Puerto de La Unión"., pero reiteró que por "la falta de transparencia en el proceso es que ellos no querían participar". No obstante, Nelson Vanegas, presidente de CEPA, dijo que no tienen registrado el retiro de ninguna empresa norteamericana. "Por el contrario, hay una que pronto vendrá a visitar el puerto de La Unión y vamos a brindarle todo el apoyo, como lo hemos hecho con todas las empresas", dijo a Diario El Mundo.
Fuentes cercanas al proceso revelaron a este medio que la autónoma pretende adjudicar el puerto en tres meses, brindando solo 59 días a las empresas para inscribirse, preparar sus ofertas y hacer consultas.
Las ofertas, además, deben contener estudios de mercadeo completos, planes de inversión, financiamiento, infraestructura, los servicios a ofrecer y su respectivo análisis de demanda, así como qué valor agregado social aportarán a la región. Hacer esto lleva al menos seis meses, indicaron. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también lamentó ayer la falta de transparencia en el proceso para concesionar la terminal y mostró preocupación por la forma en la que se celebró la una reunión privada entre CEPA y las empresas interesadas en operar el puerto.
Miguel ángel Simán, presidente de Fusades, informó que se registraron para participar en esta reunión, pero CEPA lo impidió. "Fuimos desinvitados. Hemos recibido una carta de parte de CEPA donde ellos nos dicen que más bien quieren una reunión privada. No nos parece adecuada la forma en que se está desarrollando este proceso", dijo a periodistas.
"Haber hecho un ‘roadshow’ en un cuarto, en privado, cuando éste es un tema público, no está mandando la señal correcta. Lo que sucedió ayer no es reflejo de transparencia. Es un indicador que no augura buenos frutos", advirtió. Por su parte, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cáder, consideró que con estas acciones "se está confirmando que no hay transparencia absoluta en el proceso de concesión" y que "esto viene atado a un posible pacto que se ha hecho con China".
Para Cáder, además, los tiempos cortos dentro del proceso de concesión responden al "apremio de que se termine antes de las elecciones", pero, para concretar una adjudicación de esta magnitud, "no son negociaciones de 30 a 90 días".
