El Salvador ve con optimismo la posibilidad de lograr estabilidad migratoria para unos 200.000 compatriotas que perderán el año próximo un permiso temporal de estadía en Estados Unidos.
Así lo señaló el canciller Hugo Martínez tras pasar cuatro días de cabildeo en Washington promoviendo la residencia permanente para los salvadoreños amparados bajo el Estatuto de Protección Temporal (TPS), al que el gobierno de Donald Trump puso fin a partir de septiembre de 2019.
'Las reuniones fueron bastante positivas', dijo a periodistas. 'La delegación regresa muy optimista'.
El TPS, un mecanismo creado por legisladores estadounidenses en la década de 1990 para amparar a inmigrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países, fue concedido a El Salvador luego de los terremotos de 2001 en ese país, y renovado desde entonces por los sucesivos gobiernos.
Martínez, que esta semana se reunió con más de una docena de congresistas republicanos y de la oposición demócrata de ambas cámaras, destacó 'el nivel de receptividad' que encontró.
El canciller citó como antecedente la Ley NACARA (acrónimo en inglés de ley de ajuste nicaragüense y alivio centroamericano), aprobada en 1997 y vigente desde 1999, que benefició a nicaragüenses, hondureños y salvadoreños afectados por guerras civiles en sus países durante la década de 1980 y residentes en Estados Unidos.
'Eso es básicamente lo que hemos estado pidiendo en el Congreso y lo que vamos a seguir pidiendo insistentemente en los próximos meses hasta lograr un beneficio permanente para nuestros compatriotas', dijo.
Martínez aseguró que actualmente hay cinco proyectos de ley, uno en el Senado y cuatro en la Cámara baja, algunos bipartidistas, que buscan un camino que permita que los salvadoreños pasen a ser residentes permanentes.
Luchar contra la MS-13
Pero el canciller no descarta que la solución para los amparados por el TPS sea incluida en el debate migratorio más amplio que el Congreso estadounidense debe abordar en los próximos días para resolver el sensible tema de los 'dreamers', jóvenes llegados de niños ilegalmente al país a quienes Trump también revocó el programa que los amparaba de la deportación.'Para nosotros lo más importante es que haya una solución, sea en el paquete global o en una negociación específica. No importa el color del gato, lo que importa es que cace ratones', resumió Martínez.
El Salvador, que en 2017 recibió 5.021 millones de dólares en remesas desde el extranjero, el 97,2% provenientes de Estados Unidos, ha realizado siempre gestiones en Washington en favor de la renovación del TPS.
Martínez reiteró además el interés de su país en combatir a la pandilla MS-13, una organización criminal trasnacional de origen salvadoreño, nacida en California en los años 1980, que el presidente Trump volvió a vincular en los últimos días con los inmigrantes.
El canciller, que el jueves se reunió con John Sullivan, número dos de la diplomacia estadounidense, para analizar la colaboración conjunta en la lucha contra el crimen organizado y la reducción de la migración ilegal, dijo que El Salvador no quiere que la imagen de los salvadoreños en Estados Unidos se vea empañada por la actuación de la MS-13.
'Siempre encontrarán nuestra mano extendida para trabajar hombro a hombro' contra la MS-13, dijo. 'No podemos permitir que un grupo criminal trasnacional, muy pequeño por cierto, ensombrezca (...) la ética de trabajo y valores familiares de la comunidad salvadoreña', dijo.
De los 40.000 integrantes estimados de la MS-13, unos 10.000 operan en Estados Unidos y el resto en el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), adonde fueron deportados sus miembros en las décadas de 1990 y 2000, volviéndolo uno de los lugares más peligrosos del mundo.
