El artículo 1 de la Ley plantea que "la misma tiene por objeto establecer regulaciones penales y procesales especiales, así como medidas de índole administrativa para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión".
Esta normativa fue dada a conocer por el presidente Sánchez Cerén el pasado 11 de febrero y presentada ese día a la Asamblea Legislativa por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara.
La ley especial plantea un endurecimiento de las penas de cárcel para quienes incurran en dicho delito, "contemplando la incautación de bienes producto de las extorsiones y el bloqueo de señales telefónicas en centros penitenciarios, para evitar que se ordenen extorsiones desde ellos". Sánchez Cerén insistió, durante la presentación de la Ley, que "la extorsión no solo afecta a la víctima, sino que afecta a toda la sociedad".
Empresarios a favor de nueva ley antiextorsión
Miembros de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), filial San Miguel, consideran que la nueva ley antiextorsiones será vital para reducir la cantidad de empresarios y comerciantes que sufren a causa de grupos delincuenciales que les exigen diferentes cantidades de dinero para no atentar contra sus vidas, las de sus familiares y empleados.Howard Gutiérrez, presidente de la CCIES de San Miguel, informó que los dirigentes gremiales decidieron organizar un encuentro con socios, jefes fiscales y policiales a fin de que explicaran algunos pormenores de esta ley y del accionar de la Policía Comunitaria.
"En realidad, la idea es que el socio esté enterado a través de las autoridades, ya que nuestro deber como cámara es apoyar para que conozcan sobre la ley", indicó, y luego dijo que lo más importante de este encuentro fue buscarle solución el tema de las extorsiones que agobia a la mayoría de micro y pequeños empresarios y comerciantes de la zona.
Gutiérrez considera que la nueva ley beneficiará a las actuales víctimas, que muchas veces no quieren denunciar por temor a represalias. Expresó que "ahora se van a poder iniciar procesos de investigación de oficio; es decir, de una forma diferente a la que hemos tenido anteriormente".
Para José Herrera, empresario migueleño y miembro de la CCIES en San Miguel, con la nueva ley se podrán aplicar algunas herramientas que a veces eran desestimadas por los jueces, tales como las grabaciones de voz, videos y otras herramientas tecnológicas que pudieran servir para comprobar el cometimiento del delito. Herrera recordó que en años anteriores se trabajó para que los videos fueran prueba en los casos, pues algunos jueces consideraban que no era convincente.
"Hemos sido colaboradores de las autoridades de la PNC, investigadores y la fiscalía, para poner en contacto directo a los empresarios que tienen problemas de extorsión. Eso nos ha servido para que estos casos se puedan resolverse más rápido", indicó. Germán Arriaza, jefe de la Fiscalía en la región oriental, fue el encargado de explicar la nueva ley, recordando a los empresarios la importancia de denunciar. El jefe fiscal considera que la nueva ley será una herramienta más para el combate del delito de la extorsión. "Esta reunión coincidió con el tema de la nueva ley antiextorsiones y el relanzamiento de esa forma de trabajo entre la Policía, la Fiscalía y la Cámara de Comercio", aseguró Arriaza.
