Salvador Enrique Anaya, abogado constitucionalista, demandó al Gobierno de El Salvador ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que declare ilegal el nuevo impuesto de 5% a la telefonía.
En su demanda, Anaya sostiene que el nuevo impuesto debe ser declarado inconstitucional por cuatro razones: por un vicio en la publicación de la ley; por violación al principio de equidad tributaria (se cobrará de la misma forma en que ya lo hace el IVA); por violación al principio de igualdad sobre el sector de las telecomunicaciones, al imponerle una mayor carga tributaria; y por violación al principio de no afectación de los ingresos estatales; informa elsalvador.com.
En el último punto, Anaya afirma que es ilegal porque viola el principio de no afectación de los ingresos estatales en el sentido de que a pesar de que el dinero entrará al Fondo General del Estado, la misma ley determina el uso que se le dará y se explica de una forma difusa y ambigua. En la demanda Anaya reiteró la solicitud de que el nuevo impuesto no entre en vigencia y se vean afectados los más de 4 millones de salvadoreños que cuentan con servicio de telefonía.
El abogado recordó que ya en otras oportunidades en las que la Sala ha resuelto sobre la inconstitucionalidad de cobros como el del FONAT, no se ha ordenado la devolución del dinero, por lo que cree pertinente que los magistrados resuelvan antes de que las empresas telefónicas cobren el dinero.
La Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) le entregó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, una carta solicitándole una prórroga de 4 meses pues hasta esa fecha desconocían por completo el contenido del documento, que fue divulgado hasta el lunes 23 de noviembre, a pesar de que fue incluido en la edición del 5 de noviembre.
