Escalada de tensión entre empresas de telefonía y gobierno salvadoreño

Las tensiones entre el Gobierno y las empresas que prestan servicios de telefonía en el país continúan. Esta vez, por una multa de US$2,2 millones por violar la Ley de Competencia, según la Superintendencia de Competencia (SC).

La SC anunció, a través de un comunicado, que el consejo directivo de la Superintendencia resolvió sancionar a cinco operadores de servicios de telefonía (Digicel, Telefónica, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, CTE Telecom Personal, y Telemóvil el Salvador).

¿La razón? Dice haber comprobado que cada uno de ellos cometió abuso de posición dominante para evitar la entrada de nuevos competidores.

"La investigación, que partió de la denuncia presentada el 24 de octubre de 2013 por Platinum Enterprises, S. A. de C. V., concluyó que cada uno de los demandados incurrieron en la conducta de abuso de posición dominante al haber obstaculizado la entrada de nuevos competidores o la expansión de los existentes en el mercado de los servicios intermedios de tráfico internacional entrante para la terminación de llamadas en sus propias redes", relata el comunicado de la SC.

La empresa Telefónica El Salvador negó la acusación de la SC de violar la Ley de Competencia y asegura que analiza cuál será el curso que dará a la notificación de la multa.

"En primer lugar, negamos la existencia de cualquier práctica anticompetitiva de nuestra parte, y en estos momentos hemos iniciado el análisis de la extensa resolución de la Superintendencia de Competencia para conocer los argumentos que utilizó para la multa. Posteriormente a eso, decidiremos cómo seguimos el proceso", indicó la empresa a través de su oficina de comunicaciones.

Por su parte, Tigo alegó que la notificación la recibió el martes por la tarde, por lo que aún continúa analizándola para luego emitir una opinión y tomar medidas.

Se consultó también a Digicel y Claro con respecto a esta multa y al caso en general, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Esta multa se anuncia en momentos en que se debate en la Asamblea Legislativa la aplicación de un nuevo impuesto a las telecomunicaciones.

El Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para gravar el 10 % en el consumo de telecomunicaciones a los usuarios de telefonía (fija y móvil), cable e internet. Se prevé que luego de las discusiones en la Asamblea el tributo sea de 5 %.

Diferentes sectores se han pronunciado ante esta propuesta y alegan que dicho impuesto afectará no solo económicamente al consumidor final, sino también podría frenar la inclusión a las tecnologías.