La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) declaró ayer desierta la licitación del Puerto de La Unión Centroamericana, luego de que ninguna de las cuatro compañías precalificadas en la etapa previa al concurso presentó ofertas, pese a los ajustes que hizo la autónoma a las bases de licitación y al contrato para hacer más atractiva la concesión de la obra. El futuro de la terminal será definido en las próximas semanas junto a la Presidencia de la República.
"Se ha levantado un acta declarando desierto el proceso (de licitación pública) y vamos a continuar y culminar el proceso cerrando este capítulo", fueron las primeras palabras del presidente de CEPA, Nelson Vanegas, en una corta comparecencia ante los medios ayer, tras el fallido intento. Las firmas invitadas al concurso eran International Container Terminal Services Incorporated, de Filipinas; Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), de España; Bolloré Port, de Francia; y Saam Puertos, de Chile.
CEPA realizó una precalificación entre julio y diciembre de 2013 para asegurarse de que las empresas despejaran todas sus dudas acerca de las condiciones del puerto y garantizar su participación en una futura licitación. En septiembre de 2014, se dio finalmente la apertura para recibir las muestras de interés en un plazo de tres meses.
Sin embargo, la autónoma solicitó a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) cinco prórrogas, las cuales culminaron ayer. CEPA argumentó que buscaba responder a todas las inquietudes que las firmas precalificadas tuvieran, entre estas cómo se iba a manejar la competencia del puerto de Acajutla y cómo el Estado garantizaría el dragado del canal de acceso.
El artículo 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece que cuando ningún ofertante se presente a una licitación la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) informará al titular para que la declare desierta a fin de que se promueva una nueva licitación.
Vanegas dijo que van a estudiar todas las opciones junto con el presidente Salvador Sánchez Cerén y que posteriormente darán a conocer la decisión. Desde un inicio CEPA contaba con planes alternativos en caso de que la licitación fallara, estos incluyen un nuevo concurso o una negociación directa con un posible operador.
"Se van a considerar todos los planes, no se va a poder hablar al respecto porque esto lo llevamos en coordinación con el presidente (Salvador Sánchez Cerén)", manifestó el titular de la CEPA ante la pregunta sobre sus próximas decisiones. La autónoma reunió ayer al personal que trabajó en el proyecto para "agradecer el esfuerzo". Vanegas reconoció que este supuso un "desgaste enorme" para la institución.
Posibles causas
CEPA enumeró ayer algunas de las razones que, en su opinión, mermaron el interés de las empresas. La primera es la competencia de puertos cercanos en una región pequeña. El puerto Quetzal, en Guatemala, es uno de ellos. Según la gremial de navieros ARENEP, la distancia de San Salvador a esta terminal es la misma que la que tienen el puerto de La Unión . En este puerto, TCB -una de las empresas que se precalificó- invierte alrededor de $200 millones para construir una nueva terminal de contenedores.
Vanegas también reconoció que la carga que maneja el puerto es mínima. Pese a que cuenta con una política de descuentos y que fue construida especialmente para recibir contenedores, no recibe este tipo de carga desde 2013, según las últimas estadísticas publicadas por CEPA. El único período en que recibió contenedores de manera periódica fue entre el último semestre de 2011 y 2012, pero luego las dos navieras que ofrecían el servicio decidieron solo pasar por el puerto de Acajutla.
La competencia de este último también representaba una competencia que preocupaba a las empresas. Durante el proceso se conoció que al menos dos de las empresas participantes pidieron que la carga en contenedores se trasladara del puerto de Acajutla al puerto de La Unión.
El alto costo del dragado fue otra incertidumbre. Desde el pasado Gobierno se sabe que las firmas pidieron mayores garantías de que el Estado cumpliría con esta responsabilidad, asumida por ley. A la fecha, CEPA no ha presentado los informes sobre el estado de azolve del canal de acceso ni del costo real de los trabajos de mantenimiento. El expresidente de CEPA, Hugo Barrientos, pidió a Hacienda $15 millones. La cartera respondió que revisarían con la autónoma una fuente de financiamiento.
Otros escollos fueron, según la lectura de Vanegas, "el bajo desarrollo de la zona oriental y esta ausencia de la interacción directa con las empresas precalificadas por las limitaciones" que impone la LACAP. CEPA realizó al menos 19 adendas a las bases de licitación, pero los cambios, al parecer, no fueron suficientes para estimular la participación.
