Por AFP

El abogado de 49 años presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene una reputación de controlar absolutamente toda la institucionalidad, pero la oposición lo califica de dictador que tiene montado un fraude para ganar las elecciones del domingo.

Esa oposición, encabezada por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, lo acusa de controlar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el registro que concede la identificación para votar que le aseguran el fraude para garantizar la reelección por el Partido Nacional (PN, derecha).

Temor al fraude

Zelaya prejuzga el fraude en base a la experiencia de las anteriores elecciones de 2013 que llevaron a Hernández al poder.

El derrocado expresidente y el candidato del tradicional Partido Liberal (PL, derecha), Luis Zelaya (quien no es familiar de Manuel Zelaya), sostienen que el TSE, integrado por tres magistrados afines al oficialismo, pretende adulterar los resultados del domingo, a favor del gobernante.

Ambos opositores proclaman que solo reconocerán los resultados de la copia de las actas que lleguen a sus propios centros de cómputo desde las mesas electorales. 'Si no es así no vamos a reconocer los resultados, independientemente de que me favorezcan', dijo Luis Zelaya a la AFP.

Nacido el 28 de octubre de 1968 de una familia rural de clase media baja del departamento occidental de Lempira, JOH, como se le conoce popularmente, logró lo que parecía imposible: volver a ser elegido presidente.

La Constitución prohibía la reelección pero los miembros de la Sala Constitucional eliminaron la prohibición fallando a favor de un recurso presentado por un grupo de diputados afines al presidente.

Ingresó a la política en 1990 como asistente de su hermano Marco Augusto, en la secretaría del Congreso, y desde 1998 se mantuvo como diputado. Dirigió la campaña de las elecciones de 2009, que llevaron a la presidencia a Porfirio Lobo, quien lo nombró presidente del Congreso.

Desde el Congreso promovió la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional por votar en contra de su proyecto de las 'ciudades modelo', al estilo de Hong Kong, y la depuración de la policía. Los cuatro magistrados de relevo son los que posteriormente fallaron para permitir la reelección.

Militarista desde secundaria

Desde la presidencia del Congreso (2010-2014) también creó la Policía Militar de Orden Público (PMOP), con una meta de 5.000 efectivos seleccionados de los batallones que, según la oposición, durante su mandato (2014-2018) se ha convertido virtualmente en un ejército personal con muchos privilegios.

Con la PMOP como punta de lanza, desde que asumió el 27 de enero de 2014, emprendió una ofensiva contra las pandillas que aún aterrorizan a barrios y colonias de las principales ciudades y las extradiciones de al menos 16 capos de la droga hacia Estados Unidos. Otra decena se entregó a autoridades norteamericanas al ser señalados por el delito.

En cumplimiento de sus promesas de campaña de las elecciones de 2013, también inició programas de compensación social, que llama 'vida mejor', como la 'bolsa solidaria' de alimentos --una dádiva para comprar conciencias y votos, según los opositores--, y sus programas de techo digno, piso de cemento y otras mejoras para las familias más pobres.

Su gran apuesta si gana las elecciones, es el proyecto 'ciudades modelo', cuyo lanzamiento hizo la semana anterior, cuestionado por promover la venta del territorio a compañías extranjeras para que establezcan estados autónomos dentro del Estado.