Unos 700 venezolanos fueron desalojados ayer del campamento que mantenían a la orilla del Río Bravo, en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.
Apoyados por elementos policiacos, autoridades de los tres niveles del Gobierno de México acudieron al área para convencer a los migrantes de trasladarse a albergues, ante el riesgo que corren al lado del afluente, así como por las bajas temperaturas.
En un principio, los venezolanos se negaron, lo que motivó empujones y gritos.
Un policía resultó herido en la cabeza, luego de que alguien le aventara una piedra. Además, algunos migrantes le prendieron fuego a un par de casas de campaña de las 300 que conformaban el campamento.
Autoridades federales informaron que 37 migrantes aceptaron ser reubicados en el Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, a donde fueron trasladados en camiones por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
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Muchos venezolanos se negaron a ir a los albergues y señalaron que buscarían otra forma para permanecer en la frontera, como rentar un hotel o alguna casa, aunque sus recursos se han visto mermados.Los migrantes, indicaron, rechazan irse a los refugios porque temen ser detenidos y deportados, además de que desde el campamento podían estar al pendiente de la información que se genera en Estados Unidos.
Desde el 12 de octubre pasado, el Gobierno de Joe Biden restringió el acceso de venezolanos vía terrestre e implementó un programa para recibirlos vía aérea e iniciar con sus trámites de asilo.
Los sudamericanos que llegaron a la frontera después de esa fecha y se entregan a la Patrulla Fronteriza son devueltos a México bajo el llamado Título 42, pues en marcha para evitar contagios por Covid-19.
