Dos defensores y activistas de derechos humanos denunciaron ayer que están siendo amenazados, criminalizados y perseguidos por denunciar actos de corrupción en Honduras.
Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), y Dina Meza, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), aseguraron que recientemente fueron querellados tras denunciar millonarios alquileres de vehículos blindados para concejales propietarios y suplentes del Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia sin seguir el debido proceso.
“La querella se interpuso hace dos días. Esto viene por la denuncia que nos damos cuenta de que iban a otorgar cuatro camionetas Prados blindadas a concejales, propietarios y suplentes, del Mecanismo de Protección”, dijo Jorge Jiménez. Aseguró tener listo su equipo legal para enfrentar el proceso y que además tienen las pruebas para ratificar sus denuncias públicas.
De su parte, la directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, aseguró que “no hemos presentado ninguna querella, nunca, jamás”. Ponce retó a que muestren la querella: “Quiero ver ahí mi firma y de quién la presentó, pero nosotros al menos no la hemos presentado”.
