TEGUCIGALPA
La iniciativa de ley presentada la noche del miércoles por Xiomara Hortensia Zelaya Castro, diputada de Libertad y Refundación (Libre), orientada a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (Cicih), no es más que otra burla y falsas expectativas que el oficialismo quiere generar para limpiar su imagen de cara al próximo proceso electoral.
Esta es la deducción de expertos políticos que analizaron los 11 artículos del proyecto Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih), que en esencia solicita reformas a leyes del país, una duración de solo cinco años para el mecanismo y que tenga la figura de querellante autónomo.
“La iniciativa de la diputada es una acción publicitaria porque el Partido Libre y la familia presidencial son conscientes de que ese será un punto débil para la campaña electoral de 2025. Han transcurrido varios meses de gobierno sin avances significativos”, comenzó analizando la experta política y socióloga Julieta Castellanos.
Para el analista político Raúl Pineda Alvarado, esto solo sirve para “resolver el problema político de callar a la oposición, que está reclamando el cumplimiento de una promesa de campaña”. Los expertos recordaron que para la instalación del organismo internacional la ONU solicitó condiciones en independencia de financiamiento para la escogencia de los casos y en los funcionarios que integrarían la comisión.
Sin embargo, “en esta nueva propuesta se atacan y se plantean restricciones en función de dos aspectos de independencia: el financiamiento de la unidad y de los casos, y esto es bombardear lo que se solicita”, argumentó el analista Aníbal Cálix.
Esto es con relación a los artículos 2,3,4,5 y 6 del anteproyecto de ley de Zelaya Castro, que plantean lo contrario a lo solicitado por el mecanismo.
