Por Jaime GarcíaGómez, director del Índice de Progreso Social de CLACDS/INCAE
Normalmente al hablar de la transformación digital, se piensa en el sector privado. Sin embargo, es esencial considerar cómo este proceso en el sector público puede ser un catalizador de competitividad, progreso social y desarrollo económico en los países.
La transformación digital es una estrategia de cambio que implica integrar tecnología digital en todas las áreas de una organización, alterando su funcionamiento y el aporte de valor a los clientes. Este proceso, aunque prioriza lo digital, supera la simple digitalización, exige un cambio cultural, modificando modelos comerciales y operaciones. Al mejorar la eficiencia y fomentar la innovación, puede impulsar el crecimiento empresarial y proporcionar ventajas competitivas en un mundo cada vez más tecnológico y digital.
¿Y en el sector público?
Aplicar la transformación digital al sector público es crucial ya que puede mejorar sustancialmente la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad de los servicios gubernamentales. Mediante el uso de tecnologías digitales, los gobiernos pueden optimizar sus operaciones, reducir costos y brindar una mejor experiencia de usuario a los ciudadanos.
También permite que el sector público tome decisiones con base en datos, mejorando los resultados en una amplia gama de áreas de políticas. En un tiempo de crecientes expectativas ciudadanas y restricciones fiscales, la transformación digital puede ser clave para hacer más con menos.
¿Cómo se encuentra la región?
Para evaluar la situación en la región, vamos a examinar uno de los 60 indicadores del Índice de Progreso Social, es el Índice de Participación Digital de las Naciones Unidas. Este indicador cuantifica el grado en que un gobierno ha integrado las tecnologías digitales en sus servicios públicos y la medida en que los ciudadanos pueden acceder a estos servicios en línea; los cuales son fundamentales para el progreso social en la era digital.
Esto incluye aspectos como la disponibilidad de documentos públicos, la prestación de servicios públicos a través de plataformas digitales y la capacidad de los ciudadanos para interactuar con funcionarios o participar en procesos de toma de decisiones en línea. Este indicador es crucial ya que proporciona información sobre la preparación de un gobierno para la transformación digital.
Al observar los datos del Índice de Participación Digital, es claro que los países de Centroamérica muestran rezagos importantes respecto a los líderes mundiales y a los países de América del Norte. En esta métrica, que va de 0 a 1, incluso Costa Rica y Panamá, líderes en la región, están teniendo un bajo desempeño.
Nivel medio: Costa Rica (0.5568), posición 66; Panamá (0.5114), posición 76.
Nivel bajo: El Salvador (0.3523), posición 107; Guatemala (0.3295), posición 114; Nicaragua (0.25), posición 135.
Nivel muy bajo: Honduras (0.1023), posición 180 de 193 países.
¿Cómo avanzar?
Para progresar en la digitalización del sector público en Centroamérica, es crucial adoptar estrategias innovadoras que prioricen la entrega de servicios a través de canales digitales. Esto puede implicar el desarrollo de plataformas integradas accesibles y fáciles de usar, como sitios web amigables y aplicaciones móviles que permitan a los ciudadanos interactuar con el gobierno, desde pagar impuestos hasta agendar citas en hospitales públicos.
La implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la computación en la nube puede mejorar significativamente la eficacia de los servicios digitales. Por ejemplo, chatbots que funcionen 24/7 que proporcionen respuestas rápidas a las consultas de los ciudadanos; mientras que la computación en la nube puede facilitar el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, como los necesarios en la planificación urbana y la gestión de servicios sociales.
Sin embargo, estos enfoques requieren una sólida infraestructura digital, inversión en tecnología y capacitación del personal público. Por lo tanto, es fundamental capacitar a los funcionarios en habilidades digitales para administrar estas nuevas herramientas y plataformas.
Además, es crucial abordar la brecha digital para garantizar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de la digitalización, independientemente de su situación socioeconómica. Por ejemplo, se podrían implementar programas de formación en alfabetización digital en comunidades rurales y de bajos ingresos.
Por último, las alianzas público-privadas se constituyen como una estrategia efectiva para optimizar los recursos en este proceso de transformación digital. Un ejemplo de esto podría ser la colaboración con empresas de tecnología para implementar soluciones digitales y formar a los trabajadores del sector público, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales.
